Por Fernando Pereira
Al menos 3 adolescentes han
sido asesinados y 77 detenidos en el marco de las protestas generadas en el
contexto de las manifestaciones por el 23 de Enero. El reporte del Foro Penal
el 30 de Enero (8:00 am) indica que 51 de los adolescentes continúan privados
de libertad.
Efecto Cocuyo da cuenta
de los adolescentes
aprehendidos como parte de la ola represiva: “Un punto reiterativo en
las denuncias de las ONG que trabajan con los derechos de los presos
políticos es la privativa de libertad de menores de 18 años. En Zulia,
Aragua, Yaracuy, Monagas y Distrito Capital hay varios tribunales que
olvidaron que solo después de los 14 años un adolescente puede ser procesado
penalmente”.
La Red por los Derechos
Humanos de los Niños, NIñas y Adolescentes de la que Cecodap forma parte
denunció: “Están ocurriendo detenciones arbitrarias de niños, niñas y
adolescentes en sus propias comunidades e incluso en sus hogares, sin
cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en concordancia con la
normativa y procedimientos establecidos en la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Constitución de la República y la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). Se ha constatado así mismo que no solo se
les presenta a juicio y se les priva de libertad sin garantizar su derecho a
defensa y al debido proceso… Las autoridades judiciales que así actúan deberían
ser inmediatamente acusadas por la comisión de delitos tipificados en el
capítulo relativo a infracciones y delitos del Título tercero de la LOPNNA”.
¿Por qué el ensañamiento con
los adolescentes?
Ediluh
Guédez Ochoa, difundió un video en las redes sociales donde se
identifica como la Juez de Responsabilidad Penal del Adolescente del estado
Yaracuy que privó de libertad a un grupo de adolescentes en la entidad. En la
grabación manifiesta haber actuado bajo presión y amenazas de la
Presidenta del Circuito Judicial, del Gobernador y funcionarios policiales.
Deja constancia que legalmente no procedían las imputaciones ni la privación de
libertad. Deja constancia del uso de la justicia como brazo de persecución a la
disidencia.
En el caso de las manifestaciones de
este año se puede apreciar el uso de un grupo comando (FAES) que no
está preparado para el control de orden público, el uso de armas largas, se ha
procedido a realizar detenciones allanando viviendas sin orden judicial, la
tortura y los malos tratos legitimados como modo de actuación…
Cuando se realizaron protestas
en 2014 y 2017, en la mayoría de los casos, los adolescentes no fueron
presentados ante tribunales. Muchos eran liberados después de unas horas.
Este año, de una vez están
siendo presentados con cargos de consideración como terrorismo, agavillamiento
y resistencia a la autoridad. A todos se les imputan los mismos delitos e
incluso las organizaciones de derechos humanos advierten que los jueces
están endureciendo las medidas solicitadas por la fiscalía.
Familiares y testigos
señalan que varios de los adolescentes ni siquiera fueron detenidos en el
contexto de las manifestaciones sino en sectores aledaños. Hay una estrategia
evidente de generar castigos ejemplarizantes y desestimular la
participación de adolescentescriminalizando y estigmatizando a quienes lo hacen
equiparándolos con “malandros, vándalos y desadaptados” En otros casos, se ha
convertido en una forma de presionar a las familias para que no sigan
protestando.
Les ha tocado lo peor de la
crisis
Se insiste en generar
una matriz de que los adolescentes que manifiestan son expresión de
un grupo altamente manipulable desconociendo lo que desde la Redhnna
hemos advertido: “Los adolescentes que protestan, son el reflejo de la profunda
emergencia humanitaria que hemos venido denunciando desde 2016. Atender su voz
y sus demandas y garantizar su seguridad es deber de las instituciones del
Estado y de las autoridades que las representan, con competencia y atribuciones
para garantizar esas exigencias legítimas”.
Son los adolescentes uno de
los grupos etarios más expuestos ante la crisis que vive el país. Han
vivido la “expropiación” de sus expectativas de vida y sueños. Son las
principales víctimas de la inseguridad y violencia, no prosecución
escolar, desempleo, embarazo en un país que la única alternativa que les
ofrece es probar suerte en otro país.
Familiares de estos sectores
populares han expresado la voluntad de que sus hijos adolescentes puedan migrar
para no ser víctimas por las amenazas que han recibido por parte de
funcionarios y miembros de grupos civiles armados.
Basta ya, los
adolescentes lo que requieren es atención y no represión.
31-01-19
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