Por Gioconda Cunto de San
Blas
Julián (nombre ficticio)
mira sonriente a su mamá reunida con el grupo de vecinos que en su barrio
aplauden, cacerolean, conversan, ríen. No entiende bien qué pasa pero animoso,
se acerca a lo que parece una fiesta. Se suma al jolgorio por un rato. Más
tarde, ya en su humilde casa, ve unos encapuchados que tumban la puerta y grita
cuando se lo llevan esposado. Lo maltratan, lo golpean, lo alejan de su
familia y lo dejan preso. No entiende por qué. Julián tiene 14 años y nació con
síndrome de Down.
Carlos, de 12 años, enfermo
de cáncer y Santiago, de 14, epiléptico, sufren también el mismo trato que
Julián. Ellos forman parte de los más de 900 ciudadanos (hasta el momento de
escribir estas líneas) detenidos arbitrariamente desde el 21 de enero por las
fuerzas represivas del estado, por el solo hecho de estar cerca de una
manifestación o por expresar pacíficamente su repudio al actual estado de cosas
y dar la bienvenida a la esperanza por un futuro mejor.
Perder el afecto del pueblo
ha provocado en el régimen una reacción brutal, sobre todo en las barriadas
populares, que ya contabiliza no menos de 25 muertos (según otras fuentes,
supera los 40), además de los detenidos ya mencionados.
No hay distinción entre
niños y adultos; no solo Julián, Carlos y Santiago están presos, hay unos 80
niños más, con edades comprendidas entre 12 y 15 años, contraviniendo todas las
normas nacionales e internacionales que los protegen
“No puede haber una
revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a
sus niños”, decía Nelson Mandela, víctima -él también en grado sumo- de la
arbitrariedad de un estado omnipotente.
Las fuerzas especiales del
régimen, cual bestia herida, están actuando como grupos de exterminio contra
todo el que ose expresar su disconformidad por el actual estado de cosas. No
habiendo ya clase media a la que atropellar, la furia se vuelca ahora contra
los menos favorecidos, al extremo de que muchas de las víctimas han sido
asesinadas en sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el
tórax, la cabeza o el cuello. José Félix Ribas en Petare, San Martín, Catia, El
Valle y Cotiza, por nombrar solo unos pocos barrios de los más populosos de la
capital, son testigos y víctimas de la violencia convertida en política de
estado. La protesta social que durante los últimos años ha sido una constante
en el escenario nacional por reivindicaciones salariales, por falta de
alimentos, medicamentos, luz, agua, gas, es decir, reclamos por necesidades
básicas, se ha mezclado por fin con la lucha política. Era inevitable.
Ya el gobierno perdió su
magia. La inmensa masa de dinero ingresada en años de vacas gordas fue dilapidada,
ya no existe, ya no hay que repartir ni regalar. La moneda se ha convertido en
polvo cósmico, en una hiperinflación alimentada entre los barrotes de
ideologías caducas. Decía Maquiavelo que “los hombres olvidan más pronto la
muerte del padre que la pérdida del patrimonio”.
Al despojarlo de todo, al
llevarlo a una brutal miseria, el pueblo –cansado- les quitó el amor
“Amor con hambre no dura”,
nos recuerda la conseja popular. Ya es demasiada el hambre que se sufre,
excesivas las lágrimas vertidas por el dolor de las muertes innecesarias o las
separaciones familiares en busca de mejores destinos. Cansados de caminar en
búsqueda del medicamento que daría un día más de vida al ser amado o el
alimento que podría sacar al bebé de la desnutrición que lo maltrata, los
venezolanos nos hemos volcado una vez más a la calle para reclamar nuestros
derechos y expresar las aspiraciones sobre nuestro destino.
“Quienes nos movilizamos
masivamente en 60 ciudades y pueblos de Venezuela, al igual que en 230 ciudades
del mundo el pasado 23 de enero, lo hicimos por la firme convicción de que el
actual gobierno nos empobrece, viola nuestros derechos, nos obliga a irnos del
país. Cuando queremos expresarnos ignora nuestra voz, nos encarcela y nos
asesina […] por la policía y grupos paramilitares. Por diferentes maneras nos
impide, a quienes somos simples ciudadanos, elegir cuál debería ser nuestro
destino”. Así lo recoge el documento
promovido por Provea, suscrito por 235 organizaciones e
instituciones de la sociedad civil.
Eso solo será posible
apoyando las acciones de la Asamblea Nacional legítima y su presidente Juan
Guaidó como presidente interino de la república, en ánimo de “recuperar el
Estado de Derecho que restituya la institucionalidad, como única vía para
lograr la verdadera paz, mediante el imperio de la libertad y la justicia”, a
tenor de lo reclamado por las
Academias Nacionales.
Ya lo dijo César Miguel
Rondón en editorial radial que provocó la censura del régimen: “No hay posturas
cómodas en tiempos de crisis”
31-01-19
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