Por Mitzy C. de Ledezma, 25/03/2015
Rodolfo González, de profesión piloto civil, se encontraba preso en la
cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia, (Sebin) acusado de fomentar
disturbios. El jueves 12 de este mes fue encontrado muerto en su celda. Durante
el acto del sepelio en el Cementerio del Este, su ex abogado, Joel García
relató, -según reseña el diario El Nacional, con fecha 16 de marzo del
corriente – que ”el martes 29 de abril de 2014, su defendido le había comentado
antes de entrar a la audiencia que la fiscal Katherine Harrington le había
ofrecido que si él delataba a ciertos personeros políticos, como el Alcalde
Metropolitano Antonio Ledezma, podía gozar de algunos beneficios procesales, a
los que él no accedió porque no tenía a quién culpar, pues ni siquiera él
estaba involucrado en algo. Le dije que le comunicara a la fiscal que hablara
conmigo, pero ella nunca quiso”.
La pregunta de rigor: ¿es acaso esta la forma en que se adelanta la
justicia en nuestro país? Ante este insólito hecho, los defensores del Alcalde
Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, Omar Estacio y José Fernando Núñez,
solicitaron a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, que separe del proceso a la
Fiscal 20 del Ministerio Público, Katherine Harrington Padrón y su asistente,
Yeison Moreno, pues habrían intentado inculpar falsamente a la máxima autoridad
capitalina a través de uno de los detenidos por el Sebin.
La defensa de Antonio Ledezma sostiene que existe una causa grave que
afecta la imparcialidad de estos fiscales, por lo que presentaron formalmente
un escrito de recusación para que sean separados del caso. Existe conflicto de
intereses, entre Ledezma y los fiscales recusados, que se deriva de las
gestiones adelantadas por la Fiscal Harrington cuando pidió a Rodolfo González,
que “delatara” al Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma a cambio de los
beneficios.
La divulgación de hechos tan graves, obliga a la propia Fiscalía
General a abrir una investigación. En tal caso, la fiscal Harrington, pasa a
convertirse en parte interesada o directamente investigada, lo que genera
conflicto de intereses con Ledezma.
En el caso de Antonio Ledezma se ha cometido una arbitrariedad y no hay
delito alguno que se le pueda imputar. Las acusaciones en su contra se basan en
hechos falsos, pruebas evidentemente manipuladas y en calificaciones jurídicas
deleznables.
Desde la prisión, que enfrenta con coraje y entereza, Antonio envía su
mensaje a todos los venezolanos, muy esperanzado, y en ningún momento declinará
su lucha en el logro de una Venezuela democrática y progresista.
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