DEMETRIO BOERSNER 20 de marzo de 2015
Algunos analistas opinan que la orden
ejecutiva del presidente Obama, aplicando sanciones a funcionarios venezolanos
acusados de delitos, se debió a un mero deseo de demostrar que a ratos sabe ser
“duro”. Otros piensan que la iniciativa obedece a preocupaciones serias por la
seguridad de Estados Unidos y del hemisferio, por conexiones venezolanas con el
radicalismo islámico, con el narcotráfico y lavado de dinero, y con estrategias
de Rusia y de China. También se menciona como posible motivación la de quebrar
la alianza Caracas-La Habana, poniendo en evidencia la contradicción entre una
Cuba “virtuosa”, en evolución de la tiranía a mayor libertad, y una Venezuela
“díscola” que se mueve en el sentido contrario. Nos parece probable que todas
estas interpretaciones contienen algo de verdad, y son compatibles.
En la formulación de sus estrategias de
seguridad nacional, Estados Unidos combina la reiteración de principios
inmutables con una flexibilidad pragmática, que le permite reajustar los
pormenores cada tantos años, cambiando prioridades y métodos según las
exigencias de la realidad fluctuante. Cada presidente del país ha formulado su
propia estrategia: algunas imbuidas de unilateralismo hegemonista, y otras
inclinadas al multilateralismo y el “poder blando”. Obama definió una primera
estrategia de seguridad en 2010, pero en febrero del presente año formuló otra,
que refleja cambios reales ocurridos en el pasado lustro.
El nuevo documento estratégico de Obama
comienza por decir que se reafirmará un “fuerte y sustentable liderazgo
norteamericano” basado en principios, fuerzas, alianzas y planes de largo
plazo. Protegerá la seguridad de Estados Unidos y sus socios, combatiendo el
terrorismo, el armamentismo nuclear, las epidemias y los efectos del cambio
climático. Promoverá una economía estadounidense fuerte y expansiva dentro de
una economía mundial abierta, a través de acuerdos de libre comercio entre
países y regiones, que incluyan medidas contra la pobreza extrema. Asimismo, se
defenderán universalmente los valores democráticos y el respeto de los derechos
humanos y se vigorizará la lucha global contra la corrupción.
El documento de 35 páginas afirma que se
aspira a lograr “un orden internacional de paz, seguridad,... oportunidades [y]
cooperación”. Con ese fin: se colaborará
con los “socios” para fijar normas de paz y dignidad humana para el siglo XXI.
Se crearán coaliciones y se fortalecerán los organismos multilaterales. En lo
geoestratégico, se procurará equilibrar el área de Asia y el Pacífico, con base
en una relación “constructiva” con China. Se reforzará el compromiso con una
Europa libre y pacífica, resistiendo a la “agresión rusa” en Ucrania y
fortaleciendo a la OTAN. Se harán
esfuerzos por estabilizar el Medio Oriente, combatiendo el terrorismo,
impidiendo que Irán obtenga armas nucleares y reduciendo las causas de
conflicto subyacentes. En África se realizará un gran plan de inversiones y
ayuda al desarrollo, en cooperación con los líderes de la región.
En cuanto a las Américas, la meta es la
“promoción de un hemisferio occidental próspero, seguro y democrático, mediante
la expansión de la integración y el impulso a una nueva apertura hacia Cuba
para ampliar nuestros compromisos”. Además de esta referencia a Cuba, el
documento menciona en términos positivos a Canadá, México, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Colombia, Perú y Chile, así como a Haití y “nuestros
vecinos del Caribe”, mientras no nombra ni a Brasil ni a Argentina, ni a ningún
otro país de las áreas Mercosur-Unasur y Alba.
Sin embargo, tiende la mano a “todos los gobiernos… interesados en
cooperar con nosotros… para reforzar los principios enumerados en la Carta
Democrática Interamericana”. De todo
ello, se derivan temas de reflexión para los venezolanos.
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