Por Mariano de
Alba Uribe, 24/03/2015
1. ¿Cuál es la
importancia y qué repercusiones puede tener la Orden Ejecutiva firmada por el
Presidente Barack Obama?
La importancia
fundamental de la Orden Ejecutiva firmada por el Presidente Obama es el
reconocimiento formal de la grave crisis que se está viviendo en Venezuela por
las graves violaciones a los derechos humanos y la inexistencia de las
garantías democráticas reconocidas en el artículo 3 de la Carta Democrática
Interamericana.
Bajo esa
premisa, el gobierno estadounidense impone, en principio, dos medidas muy
específicas contra siete funcionarios del gobierno venezolano: la congelación
de sus activos en el sistema financiero estadounidense y la prohibición de su
entrada al territorio estadounidense, lo que se concreta con la revocación de las
visas que hubiesen podido tener esos siete funcionarios.
Las
repercusiones políticas de dicha Orden Ejecutiva ya se han visto durante las
últimas semanas. El gobierno de Venezuela las considera el prólogo de una
invasión estadounidense a territorio venezolano. La gran mayoría de los países
latinoamericanos ha considerado que las diferencias entre ambos gobiernos deben
ser resueltas a través del diálogo. El resto del mundo ha permanecido en
silencio ha manifestado su solidaridad con el gobierno venezolano, como es el
caso de Rusia.
En relación a
las repercusiones concretas en Venezuela, más allá de un enfriamiento aún mayor
en las relaciones con nuestro principal socio comercial, lo cierto es que el
único efecto de dicha Orden Ejecutiva es instituir las dos prohibiciones ya
mencionadas con respecto a siete funcionarios y la posibilidad de que esas
mismas sanciones sean aplicadas a otros funcionarios en el futuro cercano.
2. La Canciller
de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que la Orden Ejecutiva viola la
Constitución de Venezuela y el Derecho Internacional pues con ella se pretende
gobernar a Venezuela mediante decreto. ¿Es esto cierto? ¿Por qué?
Hay que
destacar que aunque funcionarios del gobierno han repetido como loros que la
Orden Ejecutiva viola la Constitución y el derecho internacional, curiosamente
no se han detenido a explicar qué disposiciones se están violando y por qué.
Ese hecho por sí solo es suficientemente revelador.
Una ley u Orden
Ejecutiva de otro Estado (como los Estados Unidos) no puede violar la
Constitución venezolana porque sencillamente no está sujeta a ella. Lo que sí
puede violar la Constitución de 1999 son las leyes que dicta la Asamblea
Nacional o las conductas incurridas por funcionarios o personas dentro de territorio
venezolano. Por ende, la Orden Ejecutiva no es violatoria de la Constitución
venezolana.
Además de lo
anterior, la razón fundamental de dicha conclusión es que dicha Orden no genera
ningún efecto en el territorio venezolano. Sólo en la medida en que esos siete
funcionarios tengan cuentas en el sistema financiero de Estados Unidos o viajen
a ese país, las medidas tomadas por la Orden generan efecto. Y esos efectos,
como es evidente, son siempre fuera de suelo venezolano.
Con respecto al
derecho internacional, el mejor argumento del gobierno es que la Orden
Ejecutiva representa una violación al principio de no intervención, consagrado
en la Carta de la ONU, por ejemplo. Dicho principio significa que bajo el
derecho internacional, ningún Estado tiene derecho a intervenir directa o
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos de
cualquier otro Estado.
El problema que
tiene el gobierno de Venezuela es que la violación a los derechos humanos no es
un asunto interno, pues la propia Carta de la ONU, reconoce como uno de sus
propósitos fundamentales el respeto a los derechos humanos. Por ende, al
existir violaciones a los derechos humanos, tales y como han sido determinadas
por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
la grave crisis que existe en Venezuela no representa un asunto interno.
Adicionalmente,
y como ya explicara anteriormente, no hay una verdadera intervención, pues la
Orden Ejecutiva sólo tiene efectos dentro del territorio de Estados Unidos.
Esos siete funcionarios no están sufriendo ningún efecto, a menos que hubiesen
tenido dinero en el sistema financiero estadounidense o planes de viajar a ese
país.
3. El gobierno
venezolano también argumenta que la Orden Ejecutiva viola la soberanía
venezolana y que todos los ciudadanos venezolanos nos vemos afectados por la
decisión del Presidente Obama. ¿Existen verdaderamente consecuencias para la
población venezolana? ¿Cuáles serían?
No existe
violación a la soberanía venezolana por el mismo motivo que ya he explicado
anteriormente. Los efectos de la Orden Ejecutiva sólo tienen efecto en
territorio estadounidense. Supongo que el malestar que ha causado dicha Orden
es una admisión tácita de que los funcionarios sancionados tenían fondos en el
sistema financiero estadounidense o tenían planeado viajar pronto a ese país.
Por otro lado,
la mejor prueba de que los ciudadanos venezolanos no pueden verse afectados por
dicha medida es que, varias semanas después de que ha sido dictado el decreto,
es imposible conseguir a un venezolano (aparte de los siete funcionarios
sancionados) que pueda demostrar que se le ha causado un perjuicio concreto con
dicho decreto. Sanciones que podría tomar Estados Unidos que afectarían a los
venezolanos serían por ejemplo, la decisión de prohibir la exportación de
alimentos o electrodomésticos a Venezuela, con lo cual esos productos no
podrían adquirirse en el mercado venezolano.
4. ¿Qué
significa que EEUU considere a Venezuela como una amenaza para su seguridad y
qué consecuencias podría traer dicha declaración?
Quienes nos
hemos informado a profundidad y con objetividad sobre el tema, sabemos que esa
declaración es una mera formalidad jurídica, bajo el derecho estadounidense,
para que el Presidente pueda dictar la Orden Ejecutiva imponiendo medidas de
esas naturaleza.
Ahora bien, si
se evalúa netamente desde el punto de vista político, por supuesto que se trata
de una declaración infeliz. Tanto el gobierno norteamericano como el resto del
mundo saben que Venezuela no representa amenaza alguna para la seguridad
estadounidense. Las consecuencias internas ya se han visto. Nicolás Maduro ha
aprovechado para obtener otra Ley Habilitante y recoger firmas de un sector de
la población para generar una base de datos de posible votos en las elecciones
parlamentarias.
El error que
cometió el gobierno de Estados Unidos al utilizar esa frase ha sido explotado
por el gobierno venezolano para referirse a una supuesta invasión a territorio
venezolano que sabemos que no ocurrirá. En el ámbito internacional, y si el
caso de Venezuela se evalúa superficialmente, la inclusión de esa frase lo que
ha generado es escepticismo. Es lamentable que muchos países de América Latina
se hayan quedado sólo en esa frase y no hayan evaluado también el trasfondo,
que no es otro que actualmente existen gravísimas violaciones a los derechos
humanos en Venezuela. Y esas violaciones son consecuencia de acciones
perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado, de manera sistemática,
ante la mirada impávida de los demás Poderes que no tienen ningún poder vista
la inexistencia de las garantías democráticas como la separación de poderes. Y
esa falta de democracia es otro tema de relevancia internacional pues todos los
países del hemisferio se comprometieron a respetar las garantías democráticas
al firmar y ratificar la Carta Democrática Interamericana en el año 2001.
5. ¿Considera
que la Orden Ejecutiva tiene un fin legal o un fin político?
El fin de la
Orden Ejecutiva es eminentemente político. Al fin y al cabo, todo instrumento
jurídico, en cualquier parte del mundo, tiene un fin político. En este caso,
ese fin es demostrar, de manera concreta, el descontento y la preocupación que
existe en el gobierno norteamericano con respecto a las violaciones a los
derechos humanos en Venezuela y empezar a tomas medidas concretas para hacer
ver en las personas que forman parte del gobierno que su comportamiento, aunque
está quedando impune en Venezuela, sí puede acarrear ciertas consecuencias.
Obviamente se
pueden criticar muchos aspectos de las medidas tomadas por el gobierno
norteamericano. Por ejemplo, no se han publicado las pruebas concretas que
demuestran que los funcionarios sancionados estuvieron inmersos en violaciones
a los derechos humanos. Es de suponer que esas pruebas están en manos del
gobierno estadounidense pues de alguna manera habrán llegado a determinar
quiénes serían los sancionados. Adicionalmente, se podría criticar que Estados
Unidos no buscó agotar el caso Venezuela en organizaciones internacionales como
la OEA y la ONU antes de pasar a imponer esas medidas. Quizás esto se explica
porque se sabe que no hubiesen tenido forma de convencer al gobierno venezolano
a través de esos organismos.
Pero más allá
de esas críticas desde el punto de vista político, lo cierto es que cada Estado
tiene el derecho de decidir qué ciudadano extranjero entra o no a su territorio
y qué ciudadano extranjero puede hacer uso o no de su sistema financiero.
Prueba de ello se ha visto recientemente cuando el gobierno venezolano ha
instituido el requisito de solicitar una visa para los estadounidenses que
quieran visitar Venezuela y ha prohibido a ciertos funcionarios y ex -
funcionarios del gobierno estadounidense la entrada a nuestro país. ¿Representa
eso una violación al derecho internacional? De ninguna manera. Pero bajo el
razonamiento del gobierno de Nicolás Maduro ellos respondieron a una violación
del derecho internacional con otra violación al derecho internacional. Todo
esto revela lo inconsistente que son los argumentos del gobierno venezolano.
6. ¿Cómo valora
la estrategia aplicada por parte del gobierno venezolano en dónde están
recolectando firmas para solicitarle a Obama que derogue el decreto? ¿Es esto
posible?
Formalmente
hablando, el gobierno podrá recoger 30 millones de firmas, pero la derogación
de la Orden Ejecutiva sólo procederá si el gobierno estadounidense así lo
decide. Ello no se puede descartar que ocurra. No por la presión que está
haciendo el gobierno de Nicolás Maduro al recoger las firmas, sino por la
presión que pudiera estar haciendo la comunidad internacional y especialmente
otros países de América Latina. Especialmente si se tiene en cuenta que en
pocos días es la Cumbre de las Américas en Panamá, en donde por primera vez
estarán presentes todos los presidentes del hemisferio, incluyendo el de Cuba.
Se suponía que dicha Cumbre iba a transcurrir en un ambiente distendido y
amigable en vista de ello. Ahora parece que el tema dominante en la Cumbre será
lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo personalmente considero que esa
discusión, si se da, podría ser positiva para nuestro país.
En cualquier
caso, las posibilidades de que se derogue ese decreto, desde mi punto de vista,
son mínimas. El gobierno de Barack Obama va a continuar con esta política
porque en el fondo sabe que efectivamente hay un problema serio de violaciones
a los derechos humanos en Venezuela y toda la región debe empezar a mediar más
activamente pues de lo contrario la crisis interna puede terminar en hechos muy
lamentables.
Ojalá que este
nuevo impase sirva que el gobierno de Venezuela se comprometa a frenar las
violaciones a los derechos humanos y restituya las garantías democráticas a
cambio de la derogación de las medidas tomadas por el gobierno de Venezuela.
Pero dudo que ello ocurra.
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