Omar Barboza
Gutiérrez marzo de 2015
Según
el contenido de la reciente decisión de Obama sobre Venezuela, nuestro país
constituye una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, eso
nos parece una exageración hasta ahora no justificada. Aun cuando expertos
internacionalistas han opinado que esa afirmación ha sido hecha para cumplir
con una formalidad previa a la aplicación de sanciones personales a
funcionarios venezolanos, consideramos que el Presidente Obama le debe dar una
explicación al pueblo de Venezuela sobre el alcance de esa afirmación, porque a
menos de que se trate de actuaciones delictivas por parte del gobierno
venezolano que la opinión pública desconoce, sobre lo cual debería presentar
pruebas, nos parece un señalamiento desproporcionado para fundamentar las
sanciones anunciadas.
En
cuanto a los funcionarios sancionados con la negación de la Visa y el
congelamiento de sus bienes en los Estados Unidos, independientemente de su
justificación, los Estados Unidos como cualquier otro país tienen el derecho a
decidir a quién le otorga o le niega Visa; y en relación al congelamiento de
sus bienes en territorio norteamericano, le corresponde a los afectados
demostrar que el origen de los mismos es legítimo y que no son producto de
corrupción o narcotráfico. Es una manipulación patriotera confundir estas
sanciones a personas específicas con una agresión a Venezuela; como sí lo es,
decir que somos una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos
sin demostrarlo.
El
Presidente Maduro ha reaccionado considerando que la calificación de amenaza es
una agresión al país, y además ha solicitado una Ley Habilitante para defender
la soberanía y la paz en Venezuela. Estamos de acuerdo con Maduro en que
mientras no se demuestre su justificación, decir que somos una amenaza es una
agresión gratuita; pero consideramos que la solicitud de una Habilitante para
que el Presidente defienda la soberanía y la paz de Venezuela, es tratar de
aprovechar un hecho tan serio para tratar de sacarle provecho político interno,
presentándose como el abanderado del nacionalismo, del patriotismo. No se
justifica que el Presidente solicite una Ley Habilitante para hacer algo que
constituye una obligación Constitucional del Presidente de la República. En el
Artículo 1º de nuestra Constitución, se declara a Venezuela como un país
independiente, soberano, comprometido con la justicia y la paz, y en el
Artículo 236 de la misma, referido a las atribuciones y obligaciones del
Presidente de la República en su numeral 1º, se dispone “cumplir y hacer
cumplir esta Constitución y la ley”, de tal manera que en ésta, como en tantas
otras materias, al Presidente Maduro lo que le corresponde es cumplir con ese
mandato y que sus Ministros y funcionarios hagan lo mismo.
Además
debe ocuparse de las verdaderas amenazas que se ciernen sobre el pueblo de
Venezuela, como las que refleja el estudio hecho por tres importantes
Universidades nacionales, la Central de Venezuela, la Simón Bolívar y la
Católica Andrés Bello, con el nombre de “Análisis de las condiciones de vida de
la población venezolana 2014”, que tiene como base una encuesta social sobre
una muestra de 1.500 hogares durante un trabajo de campo realizado en los meses
de agosto y septiembre del 2014, que entre sus conclusiones, registra que el
número de pobres se ha incrementado en un 33% como consecuencia de la recesión
económica de los últimos dos años, y que el 24% de la población sólo percibe el
salario mínimo o menos, a lo cual se le agrega la inflación y la escasez de los
productos básicos.
El
estudio encontró que el promedio de la escolaridad entre los desempleados está
entre el tercer y cuarto año de bachillerato, igualmente se destaca que el 50%
de los jóvenes entre 15 y 24 años que buscan trabajo no lo consiguen; de este
segmento, el 65% de los jóvenes abandonó los estudios con apenas 15 años o
menos. En 1997 la matrícula de educación primaria era de 657.448, para el año
2012 la misma descendió a 590.235 a pesar de que la población se incrementó en
10 millones de habitantes. En los últimos 5 años los beneficiarios de las
Misiones se han reducido en un 20% y solo 8,4% de los pobres extremos han sido
beneficiados.
Todo
ello ocurre a pesar de que el Vicepresidente Arreaza declaró ante la Asamblea
Nacional, el pasado 3 de Marzo, que en los últimos 15 años al gobierno le han
ingresado un Billón 182.000 millones de dólares. La gran amenaza para la
estabilidad del país, es la gran crisis social generada por el despilfarro, la
incapacidad y la corrupción de quienes ejercen el poder en Venezuela.
Omar
Barboza Gutierrez
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