Leonardo Fernández
marzo de 2015
La
garantía de los Derechos Humanos es la conquista más importante de la
civilización. Que el derecho internacional, y la inmensa mayoría de los países
reconozcan que existen derechos inherentes al hombre, y que estos deben
reconocerse sin distingo de razas, religiones, género o ideología es algo que
ha costado miles de años de luchas.
Desde
finales del siglo XVIII con la independencia de los Estados Unidos y el
estallido de la revolución Francesa, una idea fue calando en la conciencia
mundial, que los derechos humanos no podían estar circunscritos a las
decisiones de Estado-Nación, sino que sin distingo de fronteras eran
intrínsecos a todos los hombres y mujeres del mundo, así lo confirmó la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada al calor de la
revolución. La constitución de 1999 recogió todos los avances que en esta
materia se habían realizado a nivel mundial, incluso dictando la prevalencia de
las normas internacionales que favorezcan más a los ciudadanos.
Lamentablemente
el gobierno que se inauguró con una de las constituciones más garantistas de
nuestra historia en cuanto a los Derechos Humanos, ha sido a su vez su mayor
violador. La existencia oprobiosa de decenas de presos políticos,
inhabilitaciones administrativas que violan las garantías de la Constitución,
censura y autocensura de los medios de comunicación, la penosa situación de las
cárceles venezolanas, persecución judicial a la disidencia política, son la
prueba de que este gobierno es un violador sistemático de los Derechos Humanos.
Ante fallos contrarios al gobierno, como los de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos, se decidió abandonar este sistema, luego procedió a difamar a
cuantas ONG’s denuncian las irregularidades cometidas en Venezuela.
Aún
más grave que acosar a la disidencia es perseguir a quienes defienden los
Derechos Humanos, para atemorizarlos. Amenazas de muerte, procesos penales y
encarcelamiento figuran en esta arremetida contra quienes se han comprometido a
velar por estos valores. La finalidad de tales acciones están orientadas a la
desinformación de casos como la utilización de nuestros niños para fines
políticos, o las torturas en celdas del sebin. No contamos con los poderes
públicos, el Defensor del Pueblo no cumple sus funciones y ahora se pretende
inhibir a las ONG’s de cumplir con sus labores. Con lo que el gobierno no
cuenta es que muchos tiranos a lo largo de la historia se opusieron a la
instauración de garantías a los ciudadanos, pero a la final las aspiraciones de
defender la dignidad humana se han impuesto.
Con
lo que el gobierno no cuenta es que muchos tiranos a lo largo de la historia se
opusieron a la instauración de garantías a los ciudadanos, pero a la final las
aspiraciones de defender la dignidad humana siempre se han impuesto. Recordemos
que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y quienes hoy atentan contra
los derechos fundamentales responderán ante la justicia en un futuro no muy
lejano.
Leonardo
Fernández
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