Por Jesús Chuo
Torrealba, 28/06/2015
Secretario
Ejecutivo de la MUD
En Mayo de 2010 una
enfermera de la Maternidad Concepción Palacios fue insultada, acosada y
físicamente agredida por varios sujetos. Todo eso ocurrió en pleno pasillo de
la planta baja de ese centro asistencial, en presencia de decenas de testigos,
trabajadores y trabajadoras, que también fueron agredidos o amenazados. Los
autores de la salvajada (hombres altos, fornidos, implacables) no se
conformaron con lanzar al suelo a la mujer, sino que la halaron por los
cabellos y la arrastraron por el piso sin misericordia alguna, y a rastras la
sacaron del centro de salud hasta que en la calle la metieron en un vehículo,
que luego emprendió veloz carrera.
Esa enfermera se llama Laura Vaamonde, para la fecha
secretaria ejecutiva del Sindicato de Hospitales y Clínicas, y los
perpetradores de la agresión eran efectivos de un cuerpo policial. Laura, en su
condición de representante de los trabajadores, lideraba una protesta que
exigía la cancelación de obligaciones contractuales, denunciaba el deterioro de
las instalaciones y reclamaba más seguridad para sus compañeros de trabajo,
expuestos a constantes agresiones del hampa. Laura fue hecha presa, le
prohibieron el acceso a la Maternidad Concepción Palacios y la jubilaron de
manera irregular. El gobierno continuó ignorando los reclamos de enfermeras,
médicos y pacientes. El maltrato laboral, el deterioro de la infraestructura y
la inseguridad continuaron.
Es en ese marco de
violencia institucional, violencia policial y violencia hamponil en que se
produce una nueva y brutal agresión el pasado 12 de agosto de 2013, agresión
que esta vez ocasionó la muerte de Milagros Franco, enfermera, madre de tres
hijos, dos de ellos discapacitados. Estemos claros: Milagros no fue asesinada
“por casualidad”, “por accidente”, “porque tuvo mala suerte” o, como suele
decir la gente ante la fatalidad de la muerte, “porque le tocaba”. Milagros fue
asesinada porque trabajaba sin protección en un sitio de alto riesgo, un lugar
en el que cuando los trabajadores reclaman seguridad y trato digno reciben
agresiones como aquella de que fue objeto Laura Vaamonde.
A Milagros no la mataron sólo las dos jóvenes mujeres
que (presumiblemente bajo los efectos de sustancias alucinógenas) la molieron a
golpes y le clavaron una aguja en el pecho. Ellas fueron (“presuntamente”) solo
las autoras materiales del crimen. A Milagros la mataron también todos los que
la obligaron a trabajar en esas condiciones indignas e inseguras. Las presuntas
asesinas de Milagros tenían más de mes y medio a la espera de ser ligadas, en
un operativo de esterilización de mujeres indigentes de dudosa legalidad, es
decir, tenían 45 días merodeando por el centro asistencial y molestando a las
enfermeras y demás trabajadores. Una vez agredida, Milagros pasó días
agonizando en un servicio de terapia intensiva que, según sus compañeras de
trabajo, no reunía las condiciones ni los equipos necesarios para salvarle la
vida.
La Maternidad Concepción
Palacios fue durante décadas un centro de referencia nacional e internacional.
Allí estaban los mejores equipos y los más calificados especialistas. Cuando en
la Caracas de hace 30 años se presentaba una emergencia en un parto complicado
en el quirófano de cualquiera de las clínicas más prestigiosas y costosas de la
capital, la paciente era colocada en una ambulancia y llevada a la MCP, en la
certeza de que allí recibiría las atenciones y cuidados necesarios para salvar
la vida de la madre y de la criatura. Para entonces, la Maternidad que lleva el
nombre de la madre del Libertador era un hospital MUNICIPAL, dependiente del
Concejo Municipal del entonces Distrito Federal.
A pesar de la que la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece y manda que el sistema de salud de nuestro
país debe ser DESCENTRALIZADO, durante los últimos 16 años se ha producido una
RECENTRALIZACIÓN del sistema público asistencial. Esta dinámica no solo es
inconstitucional, sino que además ha atentado contra la calidad del servicio.
Cuando dependían de gobernaciones y municipios los hospitales enfrentaban
problemas laborales y de dotación, claro está, pero funcionaban, y muchos
incluso funcionaban muy bien, como era el caso de la Maternidad Concepción Palacios.
Esos mismos hospitales, ahora dependientes del Gobierno Nacional, no solo están
colapsados por deficiencias en infraestructura, por falta de insumos o escasez
de personal, sino que son escenarios frecuentes de atracos como el que
recientemente ocurrió en el Hospital Vargas, o de homicidios como el que acaba
de ser perpetrado en la Maternidad.
De sus 51 años de
edad, Milagros Franco pasó 25 ejerciendo la enfermería. Dicho de otra manera,
de cada dos segundos de su vida, uno fue dedicado a servir a los demás. A pesar
de ello, en vez de tener la existencia segura, tranquila y agradable que un
servidor público de tanto mérito merece, Milagros se veía obligada por la
realidad económica a luchar duramente para mantener a sus tres hijos, dos de
ellos con requerimientos especiales, viajando diariamente desde los Valles del
Tuy hasta su sitio de trabajo. Y allí, en su sitio de trabajo, en vez de
respeto, seguridad y gratificación, encontró una muerte atroz, injusta,
violenta.
Que nadie se engañe. Las dos mujeres que agredieron a
esta dama no son las únicas culpables. Quizá alguien versado en leyes podría
afirmar que “autores intelectuales” o “cooperadores necesarios del crimen”
podría denominarse a quienes contribuyeron a que existieran las terribles
condiciones que hicieron posible el abominable delito. Los mismos que según el
Dr. Jesús Méndez Quijada, médico venezolano que durante décadas trabajo en la
Maternidad, son los responsables de que ese centro asistencial haya tenido mas
de 60 meses sin terapia intensiva neonatal, los mismos culpables de que (según
cifras dadas por este mismo galeno) en nuestro país cada 90 minutos fallezca un
bebé por causas vinculadas a una atención deficiente.
Ese es el país que
hay que cambiar. Este es el país que sufren día a día nuestras mujeres,
nuestras niñas, nuestras ancianas, todas las venezolanas, esas mismas
venezolanas a las que hace unos días el régimen, a través de sus agentes
electorales, les lanzó el “caramelito” de “la paridad de géneros” en las
postulaciones electorales. El nuestro, gracias a este régimen corrupto,
ineficiente y socialmente irresponsable, no es el país de “la paridad” sino el
de “la paridera”, como llama el pueblo a la mezcla explosiva de precariedad con
urgencia. Lo demás es pura politiquería y cuento. Las mujeres
venezolanas lo saben, lo sufren en carne propia. Por eso enfrentan al régimen
todos los días en las colas, en las farmacias sin toallas sanitarias ni
pañales, en la morgue, cuando sus hijos o esposos son víctimas de la fúnebre
lotería de la inseguridad. Por eso derrotaran a Maduro y sus candidatos el
próximo 6 de diciembre.
¡Palante!
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