Por René Núñez, 24/06/2015
Nadie debe sentirse
satisfecho con el país que tenemos. Ni siquiera los enchufados del régimen si
piensan de buena fe en el futuro de sus hijos, nietos o bisnietos. Como nación
-supuestamente- democrática, soberana e independiente, a los venezolanos nos
asiste el derecho de vivir con tranquilidad, con seguridad, en libertad y paz.
Para entender las
deplorables condiciones de vida que hoy la mayoría de los venezolanos tenemos,
deberíamos todos respondernos estas preguntas: ¿Cuántos de nosotros hemos sido
capacitados para el trabajo decente? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido
oportunidades de trabajo estable, duradero y bien remunerado? ¿Cuántos de
nosotros estamos disfrutando de la seguridad y del bienestar social individual
y colectivo que el Estado y el Gobierno nacional constitucionalmente están
obligados a facilitarlo sin trabas, impedimentos y exclusiones?
Son muchas las
preguntas sin respuestas positivas después de 16 años de mandato
revolucionario. Lo que sí no hay duda es que estamos acorralados por un modelo
político enemigo de las libertades, de los derechos políticos, de los derechos
humanos; destructor de la institucionalidad, de la economía productiva;
responsable de una hipoteca nacional, cuya cifra total oficial no se conoce con
exactitud al sol de hoy. Además de haber sido facilitador de la dilapidación,
sin control alguno, de un billón y medio de dólares generado por renta petrolera.
La población,
sometida a un nivel sorprendente de agresividad, de ausencia de raciocinio, de
civismo, de respeto, se les desconoce su derecho constitucional de no compartir
las ejecutorias públicas oficialistas de empobrecimiento y exclusión social.
Una autoridad
gubernamental que todo lo justifica a favor o en su contra según su
conveniencia y momento; bajo la lupa de una sola verdad, castigando con el
mayor peso de la ley a los que la nieguen o rechacen; a muchos de ellos
recluyéndolos en la cárcel con juicios abiertos sin presentación de pruebas
concluyentes y convincentes.
Hay mucha prisa en
las agresiones, las amenazas y las medidas que van tomando en su contra;
alimentando un “stress” cada vez más generalizado y preocupante por los
devastadores efectos de los desequilibrios económicos, la inestabilidad e
ingobernabilidad.
Mientras la secuela
social hace estrago a todo nivel, hay una creciente masa de ciudadanos no
comprometidos con el gobierno ni con la oposición esperando de la dirigencia
política una actitud más responsable y firme frente a la crisis humanitaria en
marcha. Ya no aguantan más. No es casual, un 80% del pueblo elector según las
encuestas estarían dispuestos a participar en los comicios legislativos.
Entretanto, los
expertos económicos advierten que la nación entrará en un “default” en 2016, sí
el gobierno no toma medidas económicas correctas y acertadas para por lo menos
detener las nefastas consecuencias estructurales sociales que ya los ingresos petroleros
por sí sólo no pueden satisfacer (gasto público y pago de intereses a los
acreedores). El régimen se empeña tercamente en ofrecer la misma solución de
todo estos años: importación. Seguir importando bienes, productos, alimentos,
medicina y servicios; cuando por su actual insuficiencia presupuestaria debería
apoyarse en la inversión privada para estimular la producción nacional. Dejando
de lado prejuicios y complejos ideológicos a favor de una apertura con
seguridad jurídica al capital privado nacional e internacional en aquellos
rubros que de acuerdo con un plan de desarrollo nacional a corto, a mediano y a
largo plazo concertado con todos los sectores nacionales favorezcan el
desarrollo de los intereses de la nación.
Ahora bien para
detener esta destrucción y ante la terquedad del gobierno en seguir adelante
con su proyecto de socialismo de siglo XXI, a los venezolanos se nos presenta
una nueva oportunidad de rescate del orden, la institucionalidad y la
gobernabilidad democrática, votando masivamente el próximo 6 de diciembre por
una nueva Asamblea Nacional que cumpla con sus funciones constitucionales de
equilibrio y control del Estado. Con una mayoría calificada de diputados
demócratas en la AN, a partir de enero, se estaría iniciando -sin dilación- un
proceso de desactivación progresiva de este paquete chavista madurista que
tanto daño nos ha hecho en todos los órdenes.
Queda en manos de
la ciudadanía asumir la voluntad política electoral ese día para hacerlo
realidad. No más indolencia, no más agresividad, no más viveza, no más
complicidad, no más impunidad, no más ignorancia. La Venezuela por
reconstruirse ha de hacerse sobre la base del optimismo, de los intereses
positivos, del constructivismo, donde el progreso y desarrollo humano integral
sea responsabilidad compartida de gobierno y gobernados. Castiguemos el fracaso
y demos un voto de confianza al éxito de los cambios por venir.
Presidente de
Ifedec, capítulo estado Bolívar
@renenunez51
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