Por Cipriano
Heredia, 18/06/2015
Tras más de una
década de negligencia deliberada que se transformó claramente en una vil
actitud entreguista de nuestro Esequibo a Guyana, el Gobierno de Venezuela
súbitamente cambió su posición emitiendo el decreto 1.787, publicado en la Gaceta
Oficial del 27 de mayo del presente año, el cual determina las “Zonas de
Defensa Integral Marítimas e Insulares” (ZODIMAIN), que incluyen una fachada
atlántica que ratifica nuestra indiscutible soberanía sobre las aguas que se
desprenden del estado Delta Amacuro, así como las que se desprenden de la
Guayana Esequiba, y probablemente más allá.
Esta reacción
repentina del Gobierno, que aparentemente deja atrás los discursos y acciones
cómplices de Chávez y Maduro (el primero declaró públicamente en 2004 que no se
oponía a que Guyana otorgara concesiones unilateralmente, y el segundo hasta
removió de su puesto al Capitán de la Armada que capturó a un barco invasor en
nuestras aguas en 2013), puede ser interpretada como un triunfo de quienes
veníamos presionando desde la Opinión Pública para que el Gobierno se le
plantara a Guyana e hiciera respetar el Acuerdo de Ginebra. Por lo tanto, desde
esa óptica, puede asumirse como un aspecto a celebrar. No obstante, no
olvidemos que este Gobierno no da puntada sin dedal y que su nacionalismo es
una simple bandera que se toma con fuerza o se tira a la basura a conveniencia.
En ese sentido,
desde el momento en que salió el decreto alertamos sobre dos aspectos que
reiteramos ahora: 1) ¿Qué motiva realmente al Gobierno a cambiar su actitud
frente a Guyana en este preciso momento?; y 2) ¿La línea del decreto que se
traza hacia el noreste es técnicamente sostenible o es una mera provocación a
terceros para generar un conflicto mayor?
Desde esta tribuna
nos atrevemos a responder la primera pregunta con razonamientos múltiples: 1)
efectivamente la presión de la opinión pública sobre el Gobierno era creciente
y demoledora. Ya era inexplicable por qué se armó semejante zaperoco frente al
decreto Obama, mientras que ante la agresiva actitud de Guyana no se hacía
nada; 2) El descubrimiento de un significativo yacimiento petrolero en la zona
le hizo entender al Gobierno que la gracia de la actitud permisiva frente a
Guyana, por razones políticas, podía resultar en una cara morisqueta en
términos económicos. En el Esequibo y sus aguas no sólo hay petróleo, sino
también gas, oro y muchas otras riquezas; y 3) ante la tremenda crisis que vive
el país, alborotar el avispero del nacionalismo resulta útil para un Gobierno
que la inmensa mayoría de la población identifica como responsable de sus males
y que desea cambiar. Maduro recuperó 10 puntos en el mes que duró el escándalo
del decreto Obama ¿Por qué no apelar nuevamente a un expediente de exacerbación
patriótica?
Aunado a esto
último, pero de cara a la segunda pregunta, nos resulta obvio que quienes
trazaron las coordenadas del decreto saben muy bien que no sólo abarcan las
aguas territoriales del Esequibo (excelente), sino también las de Guyana
(aceptable si es como respuesta a su pretensión sobre el Delta y como
estrategia de negociación), pero incluso pareciera que pasan por las de
Suriname y llegaran hasta las de Guyana Francesa (absolutamente
injustificable). Por ello, no podemos dejar de pensar que detrás de ello pueda
estarse buscando alborotar un avispero que genere un conflicto internacional de
mayor calibre. El fantasma de Galtieri en medio de su decadencia podría estar
desandando en Miraflores por estos días.
Mientras tanto, el
Gobierno pega con la derecha pero inmediatamente apela a la zurda respecto al
vecino. Prefiere enfocarse en pelear con la Exxon Mobil que con el gobierno de
Guyana, en una actitud acomodaticia y tremendista. Es nuestro deber, por tanto,
explicarle a nuestros ciudadanos y al mundo que el diferendo con Guyana es una
controversia entre Estados, y no un conflicto entre Venezuela y una empresa
privada. Así como también dejar claro que la resolución del mismo debe darse en
el marco del Acuerdo de Ginebra, firmado válidamente por ambas partes en 1966,
cuya vigencia está fuera de toda discusión, aunque Guyana pretenda a veces
desconocerlo. Defendamos pues el Esequibo sin caer en jugadas encubiertas del
Gobierno que vienen envueltas en un falso nacionalismo.
Diputado al Consejo
Legislativo de Miranda y Directivo del CPFC
Email: cipriano.heredia@gmail.com
@CiprianoHeredia
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