Por Lissette
González, 28/06/2015
Esta semana nos
trajo varias noticias importantes: el Consejo Nacional Electoral finalmente
hizo pública la fecha de las elecciones parlamentarias, Leopoldo López finalizó
su huelga de hambre y fueron liberados Gerardo Resplandor y Douglas Morillo, un
par de jóvenes que llevaban más de un año como presos políticos en el Sebin.
Como casi siempre durante los últimos quince años, las principales noticias son
sobre la política nacional. Mientras tanto, la población venezolana enfrenta
día a día los costos sociales de un ajuste que el gobierno nacional ha
postergado por temor al posible efecto sobre sus niveles de apoyo popular.
El
efecto combinado de la inflación y la escasez que se han instalado los últimos
años empieza a mostrarse con crudeza. Si bien ha dejado de publicarse
información oficial sobre incidencia de pobreza de ingresos, otros indicadores
nos dan cuenta de la pérdida que sufre la población en sus condiciones de vida.
La Encuesta de Consumo de Alimentos del INE refleja para el primer semestre de 2014
una importante caída en el consumo, ubicándose el promedio en 1.831 calorías
por persona, por debajo de lo recomendado por el propio gobierno nacional
(2.300 calorías). Este dato oficial confirma la tendencia que ya había sido
encontrada en la Encuesta de Condiciones de Vida 2014, investigación conjunta
de la UCAB, UCV y USB. Si el panorama era ya crítico, según datos oficiales,
durante el primer semestre de 2014, la situación de las familias más
vulnerables luego del repunte de la crisis en el último año debe ser
simplemente desoladora.
El gobierno
nacional ha intentado transferir a otros el costo de su ausencia de decisiones
en política económica. Y si bien no ha tenido éxito pues de acuerdo con
recientes estudios de opinión pública la población no da crédito a la narrativa
de “guerra económica”, es el pueblo quien asume los costos económicos de la
crisis, quien paga con su sufrimiento las ansias de un grupo por permanecer
indefinidamente en el poder.
Este año el
principal evento es político; pero la elección de una nueva Asamblea Nacional
el próximo 6 de diciembre no es solo la oportunidad para que oficialismo y
oposición midan sus fuerzas, es además un escenario privilegiado para que la
penuria económica que enfrenta cada hogar en solitario se convierta en el
centro del debate público. La democratización necesaria no consiste en cambiar
los inquilinos de Miraflores y La Casona sino en garantizar los derechos de los
venezolanos actualmente amenazados, y se debe resaltar que también los derechos
sociales se encuentran en vilo.
La principal tarea
de los dirigentes es acompañar al pueblo en sus necesidades y darle a sus
demandas sentido político: solo en una democracia plena donde se respeten todos
los derechos y las instituciones cumplan su propósito, se podrá volver a una
senda de bienestar y ampliar las oportunidades.
(*) Publicado en la
columna Acuerdo Social del Diario Últimas Noticias, 28/06/2015
Lissette González
@LissetteCGA
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