Prensa UNT 17 de junio de 2015
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El partido Un Nuevo Tiempo realizó una
marcha hasta la Organización de Estados Americanos, donde introdujo un
documento para denunciar la grave crisis de violación de Derechos Humanos que
enfrentan los venezolanos con la escasez, la inseguridad, las inhabilitaciones
administrativas fraudulentas, así como los presos, perseguidos y exiliados
políticos y exigir al gobierno y al Consejo Nacional Electoral que fije la
fecha de las elecciones parlamentarias.
La movilización de dirigentes,
militantes y simpatizantes del partido Un Nuevo Tiempo, acompañados por
dirigentes y huelguistas de Voluntad Popular, representantes de Alianza Bravo
Pueblo, Acción Democrática, Avanzada Progresista, Movimiento Progresista de
Venezuela y Gente Emergente, partió desde Chacaito a las 11:30 de la mañana. Al
llegar a la sede de la OEA en las Mercedes una comisión encabezada por el
Diputado al Parlatino, Timoteo Zambrano Secretario de Asuntos Internacionales
de UNT, el presidente Enrique Márquez, la Vice Presidenta y diputada al
Parlatino, Delsa Solórzano, el Secretario General Luis Emilio Rondón y Luis
Somaza Concejal de Voluntad Popular en el Municipio Baruta, fueron recibidos
por el Embajador de la OEA en Venezuela Miguel Ángel Trinidad.
Luego de la reunión y de entregar el
documento, Timoteo Zambrano informó que no solamente se habló en la reunión que
sostuvieron con el embajador Miguel Ángel Trinidad, de los presos políticos,
del proceso electoral, de la observación internacional y nacional integral
electoral, sino también sobre la estrategia del gobierno de inhabilitar
administrativamente a todos aquellos dirigentes políticos que consideran son una
amenaza electoral.
“También hemos querido puntualizar el
tema de la inhabilitaciones políticas en el país de los dirigente políticos de
la alternativa democrática. En razón que hoy en día el sistema interamericano
tiene una jurisprudencia muy importante en la región, que fue emitida por la
Comisión Interamericana, por un lado y por la Corte Interamericana de Justicia,
por el otro. Eso significa que ningún funcionario puede violar la Convención
Americana de Derechos Humanos que consagra expresamente que la inhabilitación
es accesoria a una sentencia dictada por un juez con competencia penal”.
En ese sentido agregó el diputado
Zambrano que no pueden seguir existiendo en Venezuela inhabilitaciones
administrativas porque es violatorio a la Convención Interamericana de Derechos
Humanos.
“La Contraloría General de la República
comete un fraude procesal al pretender estar inhabilitando dirigentes
opositores en Venezuela. Fuimos muy precisos con el embajador Trinidad, sobre
esta nueva ofensiva política de Estado que tiene el gobierno de
inhabilitaciones exprés a través de vías administrativas, el cual ni siquiera
se sustenta en ningún tipo de prueba o de hechos que hayan ameritado este
proceso fraudulento elaborado por la Contraloría General de la República”.
Se refirió al caso de la inhabilitación
anunciada por la Contraloría General de la República contra el presidente
fundador de UNT Manuel Rosales, quien fue sancionado por el solo hecho de su
posible candidatura como cabeza de lista a las parlamentarias por el Estado
Zulia.
“Inmediatamente la respuesta del
gobierno fue apelar a una inhabilitación exprés fraudulenta por medio de la
Contraloría General de la República. Hemos consignado aquí en la OEA un
documento con el abordaje jurídico y político que detalla la situación de
violación de derechos humanos en Venezuela, a los ciudadanos en general,
políticos, jóvenes y todos aquellos que difieren de las políticas erradas del
gobierno de Nicolás Maduro”.
Por último aseguró que la OEA en
Venezuela recibió la denuncia y el compromiso de hacerle llegar al Secretario
General de la OEA el documento y compartir con el sistema interamericano lo que
está ocurriendo en Venezuela con el tema de las inhabilitaciones, la huelga de
hambre de dirigentes, militantes políticos y estudiantes, los presos,
perseguidos y exiliados políticos, así como el acoso contra periodistas y
directivos de los medios de comunicación social y la grave situación económica
y de inseguridad que viven los venezolanos.
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