Demetrio Boersner 17 de diciembre de 2015
De los 112 diputados de la Mesa de la
Unidad Democrática elegidos por el pueblo de Venezuela para constituir la
mayoría calificada de la nueva Asamblea Nacional, 57 pertenecen a partidos
políticos miembros de la Internacional Socialista. Ello significa que la
mayoría de los diputados opositores tiene algún compromiso existencial con
doctrinas y programas de democracia social, alejados de posiciones conservadoras
o neoliberales. Por ello están equivocados quienes describen el resultado
electoral del 6 de diciembre en términos de un presunto “triunfo de la
derecha”. El viraje venezolano no irá de ningún modo hacia la restauración de
privilegios clasistas tradicionales sino, simple y llanamente, hacia la
liquidación del despotismo estalinoide y el restablecimiento de la libertad
política y de una economía mixta.
Ese rumbo responde al sentir de la
mayoría de los venezolanos. Diversos estudios de opinión realizados en años
recientes indican que, si bien los sectores populares se sienten atraídos por
el concepto de “socialismo”, en su inmensa mayoría insisten en que este debe
ser “democrático” y no “comunista”. Su ideal de una sociedad justa se basa en
la idea de la igualdad de oportunidades y en el empoderamiento de la población
laboriosa, no solo asalariada, sino también integrada por trabajadores
independientes, emprendedores y pequeños empresarios. Espontáneamente se
inclinan hacia el modelo de una democracia social que refleje primordialmente
los intereses de la mayoría de bajo ingreso, pero que respete la propiedad
privada y reconozca los aportes y méritos de una burguesía empresarial
productora e identificada con el desarrollo y bienestar de la nación. En tal modelo
económico, el Estado y el sector privado trabajan mano en mano, con respeto
mutuo y claras reglas de juego. El Estado interviene en el proceso productivo y
distributivo, no mediante expropiaciones brutales y paralizantes, sino a través
de regulaciones y orientaciones aprobadas democráticamente.
Los comentaristas que manejan el
concepto de una “derechización” en Venezuela se basan en cierta medida en el
hecho de que hoy América Latina en su conjunto tiende a dar la espalda a
gobiernos de “izquierda” y se inclina hacia programas de corte económico más
liberal. En ese sentido se señala la significación de la victoria de Mauricio
Macri en la Argentina, de la oleada de críticas contra el gobierno laborista
brasileño, y del visible ascenso geoestratégico de la Alianza del Pacífico, de
inclinación liberal, frente al área de influencia de Mercosur, más dirigista.
Igualmente se destaca el hecho de que en Europa los procesos electorales
tienden últimamente a beneficiar a movimientos de centroderecha más que a los de
centroizquierda.
Son hechos ciertos, que tienen
explicaciones diferentes de un lugar a otro.
En Europa, numerosos votantes
tradicionales de la socialdemocracia reprochan a esta una falta de energía en
la defensa de los intereses sociales afectados por la crisis económica, y por
ello han trasladado su apoyo a partidos más radicales, ya sea de extrema
izquierda o incluso de extrema derecha. En América Latina, los gobiernos de
“izquierda” –sensata y democrática o populista y autoritaria– florecieron mientras
duraba la bonanza de los precios de “commodities” como el petróleo, pero
pierden apoyo a medida que caen dichos precios y merman los fondos de ayuda
social. Además, los socialistas democráticos de la región dañaron su propia
integridad e imagen al abrazar, por oportunista codicia, al chavismo opresor y
corrupto.
Por ello, no existe ningún fatalismo
que haga inevitable una “derechización” en Venezuela. Lo inevitable (por
exigencia del pueblo en su totalidad civil y militar) es la democratización
política, así como un proceso –ojalá que rápido y eficaz– de transición a una
economía de mercado con justicia social.
Demetrio Boersner
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