Por Marino González
La nueva Asamblea
Nacional iniciará su período en tiempos muy difíciles para el país. Confluyen
circunstancias complejas tanto en la vida política, como en los ámbitos
económicos y sociales. La renovación del Poder Legislativo, sin embargo, abre
una ventana de oportunidad para examinar la complejidad de la realidad de estos
tiempos y, también, para encontrar políticas alternativas viables y
sostenibles. La expresión del voto de los venezolanos es una demostración de
que a través de los caminos institucionales podemos encontrar soluciones
duraderas a los problemas que confrontamos.
Tres retos tienen especial
significación para la acción de la Asamblea Nacional en el período legislativo
que se inicia en enero de 2016. El primero de ellos es examinar la situación
actual de los venezolanos. A fin de cuentas, se legisla y controla para que la
vida de los ciudadanos sea la mejor posible. Todos los indicios señalan que
existe un deterioro franco en las condiciones de existencia de personas y
familias, a lo largo y ancho del país, en todos los sectores sociales, y
especialmente en aquellos de menos ingresos y posibilidades. El segundo reto es
comprender las causas de tal deterioro. Se trata de colocar en la agenda de
discusión los factores que condicionan esta realidad. Y, finalmente, la
Asamblea Nacional tiene el reto de proponer alternativas, opciones que puedan
acordarse entre todos los actores para encarar las dificultades que padecemos.
La situación actual de los
venezolanos
Todo esfuerzo por transformar
la realidad de los venezolanos debe partir por examinar las reales condiciones
en las cuales se desenvuelven cotidianamente. Lamentablemente, la información
necesaria para conocer estos aspectos, la cual debe ser producida y divulgada
por las instancias oficiales, es muchas veces escasa, y otras, inexistente.
Esta es justamente un área en la cual la nueva Asamblea Nacional puede actuar
para exigir mayor calidad y celeridad en la información necesaria para la
revisión de las políticas públicas.
La Encuesta de Condiciones de
Vida (Encovi 2014), realizada con el concurso de especialistas de la UCV, UCAB
y USB entre agosto y septiembre del año pasado, es un aporte para tratar de
identificar pistas sobre las condiciones reales de los venezolanos[1]. Todo
indica que la situación se debe haber agravado por la recesión económica que
confronta el país desde el año pasado.
La primera constatación a
resaltar está relacionada con la percepción del aumento de la violencia. El 85
% de los venezolanos considera que la violencia ha aumentado en líneas
generales. Cuando se le consulta por la violencia en su comunidad, casi el 60 %
señala que también ha incrementado. Poco más del 16 % de los venezolanos fue
víctima de un delito en los doce meses anteriores a la realización de la
encuesta. Muy llamativo es que poco más de 65 % de los ciudadanos no denunció
los delitos ante las autoridades, con lo cual se evidencia una gran
incredulidad y desconfianza en las instituciones responsables.
El aumento de la violencia
trae como consecuencia el miedo en la población. Más de la mitad de los
venezolanos tiene miedo de ser atacado o robado en su propia casa. Casi dos tercios
de las personas siente temor de ser atacado en las calles durante el día. Cerca
del 80 % de la población siente temor de ser atacado o robado en los medios de
transporte. Una de las fuentes de ese temor está relacionada con la percepción
(en el 75 % de las personas) de que la policía no protege de los delincuentes.
De allí que para la mayoría de la población, la calificación del sistema
penitenciario, la policía, la Fiscalía, y los jueces,
es mala o muy mala.
El porcentaje de hogares en
situación de pobreza es mayor que en 1998, en términos del ingreso de los
hogares. La pobreza total es mayor y también la pobreza extrema. Más del 48 %
de los hogares son pobres y casi el 24 % se encuentra en pobreza extrema. Esto
significa que prácticamente 8 millones de personas se acuestan cada día sin
tener los recursos para adquirir los alimentos. De allí que las proteínas han
desaparecido entre los primeros alimentos de consumo en los estratos de menos
recursos. El 11 % de la población realiza dos o menos comidas al día. El 80 %
de los venezolanos, en todos los estratos sociales, indica que tiene
dificultades para comprar los alimentos. Estas condiciones han debido agravarse
en 2015 en la medida que la situación económica ha empeorado.
Solo cuatro de cada diez trabajadores
tienen estabilidad laboral. El 40 % de los trabajadores venezolanos no tiene
contrato, 13 % tiene contrato a término, el 12 % tiene acuerdos verbales. Más
de la mitad de los trabajadores no cuenta con beneficios como política
habitacional, seguro social, vacaciones, prestaciones sociales, entre otras.
Casi las dos terceras partes
de las viviendas del país han sido auto-producidas por los ciudadanos (el 14 %
del total en los últimos diez años). Prácticamente la mitad de las viviendas
del país (47 %) son vulnerables a sismos u otras amenazas ambientales. El 40 %
de las viviendas no tiene servicio continuo de agua. El 16 % de las viviendas
no tiene acueducto. El 80 % de los venezolanos reporta interrupciones
eléctricas frecuentes (20 % diariamente). El 50,7 % de los venezolanos está
expuesto a condiciones de alta y muy alta vulnerabilidad ante las amenazas
naturales.
Desde el punto de vista de los
servicios sociales más importantes, las limitaciones son también
significativas. El 50 % de la población no tiene planes de seguros de atención
médica. El reconocimiento por parte de la población de enfermedades crónicas
como diabetes e hipertensión arterial, es muy inferior al total de la población
afectada. El 52 % de las personas en edad de recibir pensión
efectivamente la recibe. En el quintil de menores recursos, el 17 % de las
personas de 25 o más años alcanza el nivel educativo de media completa o
superior. En el quintil de mayores recursos esta proporción es 93 %.
En líneas generales, la vida
de los venezolanos experimenta un creciente deterioro. En los últimos siete
años hemos tenido cuatro de contracción económica. Estamos en el segundo año
seguido de recesión, y se pronostica una caída de al menos 10 % del PIB cuando
finalice. Por tercer año seguido Venezuela tiene la tasa de inflación más alta
del mundo. De acuerdo con el poder de compra internacional, Venezuela ha
disminuido del lugar número dos (en 1998) al número nueve (estimado para 2016)
en el contexto de los países de América Latina. De continuar esta tendencia en
los próximos años, Venezuela descendería al lugar número once en la región. En
otras palabras, la disminución de la calidad de vida entre los
venezolanos, es la más grande en el país desde el siglo XX, y una de las más
significativas en América Latina en los últimos 35 años.
El problema de fondo
Todas las anteriores
consecuencias en la vida de los venezolanos no son fortuitas. Son el resultado
de un conjunto de decisiones tomadas por los responsables de las políticas
públicas. Las evidencias están a la vista de todos. Propios y extraños. En el
fondo de esta situación está la concepción que tienen los venezolanos sobre la
relación entre el Estado y la sociedad. Sobre la forma de establecer los
vínculos y responsabilidades, tanto en el corto como en el mediano y largo
plazo.
De acuerdo con
Latinobarómetro, en 1998 el 16 % de los venezolanos opinaba que el Estado podía
resolver todos los problemas de la sociedad. El 30 % opinaba que el Estado
podía resolver la mayoría de los problemas. De manera que prácticamente la
mitad de la población (46 %) era partidaria de cierta “omnipotencia” del
Estado.
Más de una década después
(2010), el porcentaje de personas que pensaban que el Estado puede resolver
todos los problemas había ascendido a 46 %. El porcentaje que pensaba que el
Estado puede resolver la mayoría de los problemas, se había incrementado a 34
%. En total, el 80 % de los ciudadanos tenían cifradas muchas de sus
expectativas en la omnipotencia del Estado. Sin duda, las políticas implementadas
desde 1999 han tenido su efecto en reforzar la creencia en la omnipotencia del
Estado. Más aún, para el 88 % de la población, el Estado tiene todos los medios
para resolver los problemas de la sociedad. En todos los casos citados los
porcentajes son los más altos en los 18 países con encuestas de
Latinobarómetro.
Esta manera de interpretar la
realidad, tanto en los líderes como en los electores, conduce indefectiblemente
a situaciones como la actual. Esto es, la apropiación del Estado de todas las
vías de expresión de los ciudadanos, sean estas políticas, sociales,
económicas. El deterioro que sufren los venezolanos está en directa proporción
a la medida como el Estado ha copado cada día más espacios de la participación
de los ciudadanos.
Las alternativas
La Asamblea Nacional a
instalarse a principios de 2016 deberá examinar las condiciones de los
venezolanos en la perspectiva del rol creciente que ha tenido el Estado en la
organización de la sociedad. La guía para tal examen es la Constitución de
1999. Allí se encuentran definidas las premisas que regulan el rol del Estado y
los demás actores en la vida del país.
Tal examen supone crear las
condiciones y acuerdos que permitan la plena vigencia de los derechos civiles,
políticos, sociales, y económicos que están garantizados para todos los
ciudadanos en el texto constitucional. Supone también identificar las
restricciones en el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución que
establece que el Estado tiene como “fines esenciales la defensa y el desarrollo
de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la
voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la
promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”.
Atención especial debe recibir
de los próximos diputados a la Asamblea Nacional, la restitución plena de las
garantías de participación política, libre expresión, y respeto del debido
proceso, así como la fundamentación del régimen socio-económico de la República
en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre
competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, tal como
está indicado en toda la extensión de la Constitución. En la medida que estas
dos tareas estén enmarcadas en la construcción de un Estado que es respetuoso
de la sociedad, que es capaz de relacionarse con todos los actores para
promover el Bien Común, que cesa en su afán de intervenir en todas la
actividades productivas, que más bien reconoce sus límites y estimula el
trabajo asociativo, en esa misma medida se estará abonando la ruta para que los
venezolanos puedan desarrollarse en un marco de estabilidad y desarrollo
sostenible. Tal es la magnitud de los retos de la nueva Asamblea Nacional.
*Profesor Titular de la
Universidad Simón Bolívar.
Nota
[1] Más información en: http://www.rectorado.usb.ve/vida/presentaciones
05-12-15
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