Por Marco Negrón
La Asamblea Legislativa que
asumirá en enero próximo tendrá, sin lugar a dudas, innumerables tareas que
abordar con urgencia. Esto es consecuencia no sólo de ese desatino que es el
llamado socialismo del siglo XXI sino también de la desidia e irresponsabilidad
de la Asamblea saliente: amén de no haber cumplido con sus responsabilidades de
vigilancia y control, esta, como es sabido, se caracterizó por declinar el
mandato recibido del voto popular para entregarle la potestad legislativa, a
través de aberrantes leyes habilitantes y durante períodos inusitadamente
largos, al Ejecutivo Nacional.
Ya antes del 6 de diciembre
tanto observadores políticos como representantes de la MUD adelantaron un
abanico de prioridades que van desde la reforma del reglamento de debates hasta
una ley de amnistía, pasando por otras de orden económico destinadas a corregir
el pandemónium provocado por el “pensamiento” económico chavista. Sin embargo,
como en otras ocasiones se ha sostenido desde esta misma columna, debe
recordarse que vivimos en el país con el más alto índice de urbanización de la
región, y que las ciudades no son simple consecuencia de la llamada estructura
económica sino que, sobre todo a partir de cierto punto, pasan a ser, cuando
menos, fuertes condicionantes de las dinámicas económica y social.
En más de una ocasión hemos
argumentado cómo es que el profundo deterioro de la infraesructura de nuestras
ciudades, su atraso tecnológico, las obsoletas estructuras de gobierno y el
caos institucional inciden en el rezago económico, el agravamiento de
perniciosas desigualdades sociales y el deterioro de la vida democrática. De
allí que atractivas propuestas de orden económico puedan tropezar con
malformaciones territoriales que terminen anulándolas.
El
caótico mare magnum legal creado en estos dieciséis años,
incluido el restringido campo que interesa a esta columna, exige distinguir muy
bien qué abordar primero para no perderse en el laberinto y atacar a tiempo las
distorsiones más peligrosas. Para contribuir a ese esfuerzo se señalan a
continuación las que a nuestro juicio constituyen las tres principales
prioridades.
En primer lugar es necesario
devolver autonomía a las ciudades y regiones mediante la aprobación de un
cuerpo legal que supere las limitaciones y deformaciones de las leyes
precedentes, en particular aunque no sólo las trasnochadas tendencias
centralistas del modelo chavista.
Reconociendo que hoy Venezuela
es sobre todo un país de metrópolis, es urgente un sistema de leyes y normas
que ordenen esa realidad. El esfuerzo pudiera comenzar por la reforma de la que
en la actualidad rige al Área Metropolitana de Caracas, la cual ha estado
sometida desde el 2000 a dos leyes distintas pero igualmente ineficaces. Tanto
la importancia de la capital de la República como el hecho de que ya se haya
experimentado sobre ella recomiendan tomarla como punto de partida.
La elevada incidencia de los
barrios informales sobre nuestras ciudades (50% de la población urbana contra
una ya alta media del 30% en la región) recomienda rescatar el abandonado
Programa de Habilitación de Barrios que impulsara el Conavi en 1999. El objeto
sería establecer una suerte de ley-marco de desarrollo urbano que estimule el
ordenamiento y la urbanización de los barrios informales existentes y evite la
formación de otros nuevos mediante la creación de áreas de recepción dirigida.
Esos tres sistemas de leyes
deberían nacer de un amplio debate que incorpore a la academia, los
profesionales y sus gremios, las autoridades y legisladores de distintos
ámbitos y la sociedad organizada. La mejor garantía de su éxito sería que lo
promovieran las universidades.
08-12-15
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