Por Marino J. González R.
El shock avanza en
Venezuela. Las dificultades para conseguir alimentos y medicamentos aumentan
todos los días. Las familias deben realizar mayores sacrificios, en términos de
tiempo y angustias, muchas veces sin ninguna recompensa. Hacer una cola por
largas horas, ya no es garantía de conseguir los bienes básicos.
La economía venezolana está
en una fase aguda de destrucción. Las consecuencias en la vida cotidiana de los
venezolanos se observan hoy, pero se han generado desde hace más de una década.
Lo que se constata es la conclusión de una ruta tomada por la convicción de que
el desarrollo se lograba con un Estado inmenso, todopoderoso, al amparo de la
renta petrolera. Los resultados indican la dimensión de ese fracaso.
Es importante precisar el
origen concreto de esa destrucción. El momento exacto en que se empezó a gestar
todo este monumental desastre económico. Y eso lo sabemos. Fue en la etapa en
que comenzó la agresión sistemática contra las empresas privadas. Con su
manifestación en la ola de expropiaciones a mediados de la década pasada.
Bajo la premisa de que todo
debía estar en el control del Estado, se procedió a expropiar empresas en
las siguientes áreas de producción: alimentos, agroindustria, banca,
construcción, comercio, telecomunicaciones, metalurgia, turismo, petróleo, gas,
transporte, papel, textil, y pare de contar. Más de mil empresas fueron
expropiadas entre 2005-2011, aunque no existe todavía un recuento completo.
El impacto de estas
expropiaciones, por supuesto, no fue inmediato. Construir una empresa lleva
tiempo, y transferir sus activos y tomar su control no es una tarea rápida. Se
trata de procesos complejos, equipos humanos, tecnologías asociadas, en fin,
toda la dinámica de creación de valor. De un día para otro, equipos humanos y técnicos
debieron ser sustituidos.
La modificación de los
incentivos, esto es, que ahora todo estuviera controlado, sin mecanismos para
el ajuste de precios y costos, trajo como consecuencia la pérdida de la
dinámica productiva. Tal proceso dejado a su evolución en estos años, ha
conducido al desmantelamiento de la capacidad productiva en esas empresas, y en
todo el aparato económico del país.
Lo que comenzó como una
concepción fundamentada en prejuicios ideológicos y en un profundo
desconocimiento de las tendencias modernas del desarrollo, ha terminado en uno
de los desastres gerenciales y de políticas de mayor drama en el Siglo XXI.
La lección fundamental que
se deriva de todo esto, es que el actual gobierno (desde 1999) no tiene ni la
visión ni las competencias para detener este desastre e impulsar el país en
otra dirección. De allí que sea central para el futuro de los
venezolanos, que el Gobierno sea sustituido a la brevedad por los canales
establecidos en la Constitución. Y también debe quedar en la agenda de
transformaciones, los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de
propiedad que fueron conculcados, expresados en pagos no realizados y todo tipo
de daños asociados.
Y finalmente, que los
cambios que deben realizarse incorporen las modalidades de transferencia de
estas propiedades públicas a sectores con la competencia y dinamismo para
aumentar sustancialmente su productividad. Ojalá con la esperanza de que sea un
aprendizaje perdurable.
08-06-16
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