Por Ismael Pérez Vigil, 03/06/2016
Un grupo de ONG’s, dedicadas fundamentalmente a la actividad política,
dio a conocer un documento (El país no aguanta más) en el cual, entre otros
puntos, apoya a los partidos congregados en la MUD, ofrece su apoyo a los
mismos en el proceso de lograr el Referendo Revocatorio y la vía electoral para
apoyar al pueblo para salir de la crítica situación que nos agobia y el actual
Gobierno, insta que se trabaje por la realización de las elecciones regionales
o de Gobernadores que están pendientes y solicita a los partidos que la
selección de sus candidatos se haga mediante elecciones primarias.
La aparición de este documento me lleva a plantear un tema pendiente
–además ante la grave crisis institucional que vivimos– como es la necesidad de
desarrollar, o mejor dicho, oficializar, un nuevo pacto entre sociedad civil y
partidos políticos.
El ciudadano ya no puede dejar la calle; tampoco puede pretender
disputar con sus organizaciones civiles, sus ONG’s, el ámbito propio de los
partidos, que es la lucha por el poder. Pero estos tampoco pueden negar al
ciudadano su espacio natural.
Fue la sociedad civil la que en los primeros años de este régimen se
enfrentó a los desmanes del Gobierno, mientras los partidos y los sindicatos se
recuperaban. Desconocer esto, es darle la espalda a un hecho sociológico y
político de primera magnitud.
La sociedad civil, protagonista ahora de su propio papel no puede
equivocarse en los pasos subsiguientes. Debe estar consciente de sus propias
limitaciones; sus organizaciones, que por diseño son pequeñas, no de masas, y
no están concebidas para disputar el poder, ni electoralmente ni por otra vía,
tienen que fortalecerse, por sus propios medios económicos, sin contar con
recursos del estado o del Gobierno, para crecer independientes y sin lastres.
Los sindicatos deben terminar de cortar también su cordón umbilical con
los partidos que les dieron origen muchos años atrás, para que sean capaces de
responder a los intereses de los trabajadores, sin la mediación o mediatización
del partido que ocupe el Gobierno, habida cuenta que es el Estado el principal
empleador en Venezuela.
Las organizaciones empresariales también deben deslastrarse de las
prebendas y subsidios del Estado que les pudieran quedar, para que su voz y
opinión suene más fuerte en el ámbito económico, sin hipotecas frente al
Gobierno. Y así pudiéramos ir, una tras otra enumerando las esferas de la
sociedad civil en donde se impone una acción independiente de tutelas
estatales.
Pero este análisis del nuevo pacto social no puede concluir sin una
referencia a lo que será la situación general del país, de sus ciudadanos, de
su pueblo. Cuando salgamos de este infausto régimen habrá que reconstruir el
país y corregir todos los desmanes cometidos en estos 17 años. Esa tarea ya no
podrá ser solo de los partidos. Tampoco podrá ser excluyente; la desaparición
de Hugo Chávez, como estamos viendo, no es la desaparición del chavismo ni de
las cosas que le dieron origen; quedará reducido probablemente a un 10 ó 15% de
la población, que también tiene derecho a expresarse y a ser tomada en cuenta
en sus aspiraciones para construir el país que queremos y que es de todos. A un
sector del país que ellos pudieran representar en parte, no se le puede
postergar y arrinconar sin conocer su opinión, sin tomarlos en cuenta, como se
hizo durante buena parte de los 40 años precedentes. Ignorar esto es dejar
incubándose el germen de una nueva experiencia como la que ahora estamos
viviendo.
Más allá de las políticas y de las medidas concretas de carácter
económico y social, para mí se tiene que partir de la base de una valoración
ética de esa política y sobre todo del ser humano; en eso nos debemos
diferenciar de lo que han sido los políticos y líderes tradicionales. El nuevo
pacto político del que hemos hablado, no se circunscribe solo a un acuerdo
entre diversos actores sociales, los denominados políticos y los integrantes de
la denominada sociedad civil. La probabilidad de que emerjan mejores
instituciones, que es una tarea política y urgente, será mayor si quienes
las empujan y buscan un consenso político para ellas, lo hacen desde una mejor
posición ética, como aconsejara Fernando Savater hace ya varios años, en una
conferencia recogida después en un folleto. (Fernando Savater: Ética, Política
y Ciudadanía. Grijalbo. 1998)
Se trata de impregnar toda la política y la actuación pública de un
contenido ético, pues hay principios que van más allá de lo político, que lo
trascienden.
Ese nuevo pacto político parte entonces, del concepto que tengamos de
la persona humana, tema que se ha discutido muchas veces, pero que vale la pena
recordarlo. La persona debe estar en el centro del problema, por encima del
Estado y la consideración de que sociedad es una sociedad de personas en
primera y última instancia, con reglas aceptadas, pero de personas. Siguiendo o
inspirados en Savater –a quien me permito resumir libremente, con relación al
respeto a la persona– partimos de tres principios fundamentales, que son la
base de los derechos humanos:
En primer lugar, la idea de la inviolabilidad del ser humano; el
concepto de que no podemos sacrificar su individualidad a un objetivo
colectivo; que no podemos sacrificar a una generación, o un grupo, por el
bienestar de otro.
En segundo lugar, el valor intrínseco que tienen los objetivos de una
persona, sus planes, sus ideales, formas de vida, en concepciones estéticas,
formas de ver el desarrollo, aun cuando existan normas colectivamente
aceptadas, estas no deben afectar esa autonomía personal.
Y en tercer término, la dignidad de la persona y el derecho a que se le
trate de acuerdo con sus acciones concretas, no por el color de su piel, su
raza, su etnia, sus gustos, sino de acuerdo a sus meritos concretos en la
sociedad en la cual se desempeña, su condición fundamental como ser humano,
aunque se trate de un delincuente, de un criminal. El racismo, la
discriminación por sexos, por clases sociales o condiciones económicas, por
conocimientos o acceso a cultura, por sus modales o su valoración estética,
están reñidos con estos conceptos que hemos resumido.
Establecidos estos puntos –éticos– fundamentales, debemos plantearnos
otros problemas: ¿Cómo hacemos para que nuestro mensaje le llegue a las grandes
mayorías del país? ¿Cómo hacemos para que el pueblo entienda que nuestro
mensaje es el suyo y que el desarrollo capitalista que queremos para el país,
es lo mejor para él, y no solo para nosotros? ¿Cómo hacemos para que los
habitantes de cualquier barrio del país entiendan nuestro planteamiento, sin
demagogias, sin disfrazarnos o despojarnos de lo que somos para ir simplemente
a buscar su voto? Ese es nuestro verdadero reto.
Para ello es preciso construir organizaciones modernas, populares,
policlasistas, que tomen al individuo en su medio y lo mantengan allí y que se
plantee claramente la toma del poder sobre la base de un programa explícito y
un compromiso personal y colectivo con ese programa. Es una actividad política,
sin duda, que algunos desarrollarán desde los partidos, otros desde la sociedad
civil y otros sumando su esfuerzo de manera individual.
¿Cuál programa? Ya lo hemos dicho otras veces; el programa que se
defina de común acuerdo y cuyas metas globales ya han sido planteadas en muchas
oportunidades, en diferentes campañas electorales y fuera de campañas
electorales.
El problema sigue siendo cómo hacemos que llegue a todos los
venezolanos y como lo convertimos en un “proyecto compartido de país” y en
ideales de lucha común. Para esta pregunta no hay respuestas fáciles, pero lo
que sí es seguro es que no puede construirse desde una posición que pueda ser
confundida o descalificada como una posición elitista.
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