Por Roberto Patiño
La escalada dictatorial del
régimen que encabeza Nicolás Maduro busca imponer una constituyente
fraudulenta. Esta medida, enfrentada al rechazo popular, se presenta en medio
de un agravamiento profundo de la crisis, del cierre sistemático de vías
democráticas y una represión gubernamental de una violencia y brutalidad sin
precedentes en la historia reciente del país.
La constituyente señala un
punto de no retorno hacia un régimen tiránico y es percibida por la gran
mayoría de los venezolanos como la culminación de un proceso para afianzar la
dictadura, luego de casi tres meses de protesta y crecientes violaciones a los
derechos humanos por el Estado y grupos paramilitares.
La realización de la
constituyente significa dotar de un marco legal al modelo destructivo y
criminal del madurismo. En respuesta a esta realidad, el grupo de partidos que
conforman la MUD ha propuesto un plan para detenerla y ha llamado al país a
ejercer el artículo 350 de la Constitución Nacional.
El artículo señala que los
venezolanos pueden desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que
contraríe los valores, principios, y garantías democráticos o menoscabe los
derechos humanos”. Nos encontramos sin duda en la situación descrita en el
artículo y ahora se nos plantea el ejercicio, complejo y difícil, de
organizarnos y generar acciones que materialicen de manera efectiva el
desconocimiento tanto del régimen actual como de la constituyente que este
pretende llevar a cabo.
En este sentido la
articulación y organización debe sumar el mayor número de personas e involucrar
a sectores de todos los ámbitos de la sociedad. La agudización de la violencia
por parte del régimen representa el mayor peligro para ello. Nos encontramos
frente a un verdadero Estado malandro: asesina con impunidad (como en el caso
de Fabián Urbina y David Vallenilla), secuestra a la disidencia (como lo
sucedido a Roberto Picón y Arístides Moreno), y roba, hostiga y vandaliza como
pudo verse en “Los Verdes”. El aumento de la confrontación que instiga el
gobierno afectará negativamente a la participación, por lo que las acciones que
se lleven a cabo deben ejercerse en formas de protesta pacífica y contrarrestar
la violencia gubernamental.
La vinculación entre distintos
sectores sociales puede darse buscando la coincidencia de factores afines a la
causa de reivindicación democrática. En días pasados pudimos ver un ejemplo de
esto en la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto. El acto religioso,
de gran tradición en el estado Lara, reunió a una gran cantidad de personas y
atrajo muchos venezolanos de otros estados bajo el lema de “una oración para
Venezuela”. Se convirtió en una manifestación masiva de la necesidad de paz y
democracia que reclamamos todos, en medio de un contexto que impedía cualquier
intervención del aparato represivo.
La activación del artículo 350
es un llamado a la ciudadanía y va más allá de los partidos y organizaciones
políticas. Si la dictadura concentra el poder y las decisiones en un grupo
particular y cada vez más reducido, la lucha por la reinstauración de la
democracia busca generar un movimiento diverso, inclusivo y amplio que genere
el mayor número de acciones en todo momento y en todos los ámbitos.
Para esto es fundamental la
participación de las comunidades. El llamado a la generación de asambleas y
comités de rescate a la democracia de la MUD debe sumar la participación de
organizaciones ya existentes en nuestros barrios y sectores populares. También,
el rechazo a la constituyente y las acciones que se lleven a cabo para impedir
su realización, deben ligarse a las reivindicaciones que en las áreas de la
emergencia alimentaria, salud, seguridad y economía, por poner las más
urgentes, están demandando los más amplios sectores de la población. La lucha
por la democracia es la lucha contra la crisis que el régimen ha propiciado
para asegurar su permanencia.
La activación del artículo 350
se da luego de una serie de hechos que van desde el desconocimiento de un poder
público elegido democráticamente como la Asamblea Nacional hasta la violación,
por parte de organismos del Estado, de derechos humanos fundamentales. Se da en
medio de una situación de hambre, violencia y empobrecimiento generada por un
modelo que solo beneficia a un grupo en el poder. Un régimen que atenta contra
la convivencia del país y que pretende mantenerse por medio de la opresión y el
sometimiento.
La activación del artículo 350
es un acto de la más grande importancia y mayor responsabilidad. A esta
generación de venezolanos nos ha tocado asumirlo para llevar a cabo la inmensa
tarea de enfrentar dictadura y lograr detenerla.
Coordinador de Movimiento Mi
convive
Miembro de Primero Justicia
26-06-17
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