Por Simón García
El gobierno no tiene vuelta
atrás. En vez del diálogo y consenso mínimo, escaló su enfrentamiento contra la
sociedad. Se propone someterla a un control absoluto o desaparecer en el
intento.
No sólo cierra definitivamente
el camino electoral sino que acentúa el desmantelamiento del aparato
productivo; abandona el orden democrático; reprime salvajemente a los
ciudadanos y los condena a la orfandad: que cada quien se ocupe de su
sobrevivencia. La crisis económica y social no desvela a la pequeña cúpula,
asfixiada en abundancias y privilegios que no dejarán voluntariamente.
Para el poder totalitario nada
ni nadie tiene derecho a existir sin su aprobación. Se coloca por encima de la
Constitución y sustituye al pueblo como titular de la soberanía. Su interés
exclusivo es perpetuarse en el poder como sea. Aislado y reducido a condición
de minoría, se hace incompatible con la libertad.
La única respuesta eficaz que
tienen los ciudadanos es la desobediencia pacífica y la intensificación de la
protesta democrática contra un poder que se rebela contra la Constitución. El
pueblo, desarmado y sin recursos, tiene que derrotar a la dictadura con
inteligencia, con organización, ampliando sus alianzas y redefiniendo su visión
sobre la calle.
Un hecho cambia los datos de
la política posible. El poder se fracturó. Aunque nos cueste admitirlo, ha
emergido un chavismo que es demócrata. Siempre estuvo allí, latente y
encapsulado por el vigilante control autoritario, alérgico a la menor
disidencia.
La lucha para impedir la
realización de la Asamblea Constituyente es una responsabilidad de la MUD y del
chavismo democrático. A pesar de los prejuicios mutuos y la falta de
reconocimiento del otro, están condenados a sellar un compromiso mutuo. Sin
este acuerdo resultará más difícil, costoso y prolongado el restablecimiento
del Estado de Derecho y de un orden social capaz de superar las actuales
calamidades de la gente.
Un nuevo formato de la lucha
es indispensable si se piensa estratégicamente en la activación del 350. Un
plan presidido por una alianza nacional y plural, entre factores políticos y
sociales, para iniciar una transición negociada, la formación de un gobierno
democrático de unidad y la complicada labor de reconstruir al país,
refundándolo.
El madurismo no defiende
principios, sino cuentas bancarias. Ya no tiene proyecto de país que defender
porque están atareados en saquearlo. Aunque parezca una descalificación, al
contemplar el país que están dejando, se podrá concluir que es una descripción
benévola. Maduro debe abandonar la escena.
La ruptura entre la mayoría de
la sociedad y el régimen es irreversible. Habrá diálogo, pero no con Maduro
sino con los sectores constitucionalistas que están emergiendo como expresión
del chavismo democrático. La Fiscal General y la Asamblea Nacional son los
símbolos del país que merecemos y vamos a tener.
La insurrección armada del
totalitarismo contra la República debe ser sometida a fuerza de paz, unidad y
con una lucha que la dictadura no podrá detener.
22-06-17
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