Por Juan Francisco Alonso
La fiscal general de la
República, quien en las últimas semanas ha acaparado la atención nacional e
internacional con sus posturas críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro,
aceptó responderle a Crónica.Uno algunas preguntas en relación con su
deslinde del Ejecutivo.
Aunque a muchos les sorprendió
su pronunciamiento del 31 de marzo, cuando afirmó que las sentencias 155 y 156 de
la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional representaban
una “ruptura del orden constitucional”, lo cierto es que la fiscal general de
la República, Luisa Ortega Díaz, ya tenía tiempo cuestionando algunas
decisiones tanto judiciales como del Gobierno. ¿Pero por qué ese cambio? ¿Qué
busca? Estas y otras preguntas relacionadas aceptó responderlas la jefa
del Ministerio
Público a Crónica.Uno, en la primera entrevista que
concede a un medio digital venezolano.
¿Qué provocó su
pronunciamiento del 31 de marzo?
—Antes de ese 31 de marzo
había hecho varios señalamientos, por ejemplo, en 2015 cuestionamos la
inconstitucionalidad de la resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que
autoriza el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones públicas
(…) En 2016 también manifesté mis observaciones y repudio a las acciones de la
OLP [Operación Liberación del Pueblo] e iniciamos investigaciones por la
presunta violación de derechos fundamentales. Estos hechos son un par de
antecedentes, entre muchos otros, que evidencian un proceso progresivo de
desmontaje del Estado constitucional en Venezuela. Luego vino el cambio de las
fuerzas políticas en la Asamblea Nacional y
el conflicto entre esta y el Ejecutivo, que terminó instrumentalizando al Poder
Judicial, instancia que en vez de servir para aminorar la conflictividad, la ha
potenciado. Así, llegamos a las sentencias 155 y 156 del TSJ, ante las cuales
no había otra opción que denunciar la ruptura del orden constitucional,
situación que aún se mantiene a pesar de ese “barniz” con el que pretendieron
enmendar tamaño error.
Usted se ha sumado al coro de
voces que rechazan la Constituyente impulsada por el Presidente Maduro, porque
a su juicio es “innecesaria”, pues la Constitución es “inmejorable” y porque
“lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto
grado de incertidumbre”. ¿Qué escenario vislumbra si se sigue con esa
iniciativa?
—Toda obra humana y social es
perfectible, mejorable, y obedece a momentos y contextos únicos. Asimilar la
Venezuela del año 1998 con la del 2017 es, por decir lo menos, temerario. El
proceso Constituyente fue inédito, necesario, profundamente democrático y
legítimo. Pero lo que plantea el Ejecutivo es justamente lo inverso. 90 % de la
población rechaza esta Constituyente porque sabe que ella no va a resolver la
crisis política, económica y social. Dime ¿de qué forma los venezolanos pueden
adquirir medicamentos y alimentos con normalidad con la Constituyente? Parece
que la calidad de vida que tiene el pueblo no le importa a los gobernantes,
pues cuando los escuchas hablar de la Constituyente solo mencionan venganzas,
odios, amenazas contra instituciones y sectores políticos, pero nada dicen del
calvario que día tras día sufre el pueblo en la calle. El asunto no es cambiar
la Constitución actual sino cumplirla (…)
De consolidarse este proyecto,
se terminaría de desmontar definitivamente la democracia en nuestro país.
Desde el chavismo la acusan de
traidora y dicen que tiene aspiraciones políticas. ¿Usted dio este paso porque
quiere hacerse con la Presidencia?
—Mi única aspiración es
defender la actual Constitución y los derechos de la ciudadanía. No podemos
permitir ningún retroceso en los derechos conquistados. Los venezolanos no
podemos seguir viviendo en esta zozobra, en un país donde el futuro cada día es
más difuso y donde los jóvenes se van a otros países en busca de mejores
oportunidades. Eso es lo más lamentable de todo, estamos perdiendo lo mejor que
tiene Venezuela, su juventud preparada y pujante.
La ministra del Servicio
Penitenciario, Iris Varela, ha dicho que usted ha dado este paso porque alguien
“le descubrió algo” en su gestión, poniendo así en duda la transparencia de la
misma y como prueba la acusó de apropiarse de un avión. ¿Qué responde?
—¿Tú crees que si tuviesen
algo en mi contra ya no lo hubiesen sacado? (…)
Sobre el caso del avión
que me consultas, el artículo 57 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece claramente que cualquier
organismo puede administrar bienes incautados, previa autorización del ente
rector en la materia: la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo. Este es el caso de la aeronave con la que han
querido generar polémica en los últimos días. El director de ese ente nos
asignó esa aeronave en 2015 para facilitar el traslado dentro del país de
funcionarios del Ministerio Público (MP). Este procedimiento es muy común entre
los entes públicos, diversos organismos administran bienes incautados para el
servicio a la ciudadanía, ejemplo de ello es el Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas. Incluso, esa aeronave fue asignada al
MP junto con tres pilotos activos de la Aviación Militar, quienes bajo la figura
de comisión de servicio eran los únicos autorizados para movilizarla (…) De
todas maneras, es bueno aclarar que ese avión solo fue utilizado por fiscales y
expertos de la institución para trasladarse a sitios lejanos y remotos del
país, a fin de investigar diversos casos, ejemplo de ello fue el caso de la
masacre de Tumeremo.
En el uso de ese avión no
existe ningún tipo de irregularidad, la devolución de la aeronave fue
solicitada el 25 de mayo y nueve días hábiles después ya estábamos entregándola
en perfectas condiciones. Es lamentable el espectáculo que algunos sectores
están haciendo. Como no tienen argumentos, han salido con esta historia del
avión. Esta es una clara señal de que no tienen por donde atacar mi gestión. A
mí que me investiguen todo lo que quieran.
La semana pasada el TSJ
admitió a trámite un antejuicio de mérito en su contra. ¿Qué va hacer? ¿Cómo va
a responder?
—Esa artimaña es un paso más
en este proceso de desmontaje del Estado de Derecho y de sus instituciones. En
primer lugar, desde lo jurídico, es un planteamiento que se presenta de manera
confusa, en el que se me ha negado el acceso a la solicitud, a la decisión de
la Sala Plena, además de un conjunto de vicios que oportunamente señalaré. Uno
de ellos, por ejemplo, que esa solicitud no le correspondía a un diputado.
Ese tipo de errores graves hacen que todo lo que se ha decidido en la Sala
Plena del TSJ esté fuera del orden constitucional. Al admitir la solicitud de
ese parlamentario, los magistrados vuelven a colocarse al margen de la
Constitución (…) Este disparate jurídico abriría una situación impensable, y es
que cualquier particular pueda querellarse contra el alto funcionario que
considere, Presidente, ministros, generales y representante de los poderes, sin
pruebas, sin proceso previo, sin investigación, y esos magistrados estarían en
la obligación de tramitarlo con celeridad, a espaldas del mismo, tal como lo
hicieron conmigo.
Ahora, si me tocara hacerle
frente a esa barbarie, tenga la seguridad de que me defendería con las únicas
armas en las que siempre he confiado: la Constitución y las leyes. Soy una
mujer respetuosa del derecho, la justicia y la paz.
En una de sus últimas
declaraciones cuestionó la “brutal represión” que hay en el país y en los
últimos días hemos visto como militares han asesinado a dos manifestantes. ¿Por
qué pasa esto? ¿Hay una política de Estado represiva?
—En las investigaciones que
hemos emprendido en los últimos 80 días de manifestaciones se han encontrado
indicios de violaciones a los Derechos Humanos durante las actuaciones de los
funcionarios policiales y militares. Por supuesto que estamos convencidos de
que los responsables deben ser sancionados y por eso hemos actuado. Sin
embargo, hace falta mayor voluntad política del Ejecutivo y del Poder Judicial.
Por ejemplo, hemos solicitado la aprehensión de 46 funcionarios de los
cuerpos de seguridad, sin embargo, el Ejecutivo solo ha ejecutado 22.
Por su parte, el Poder
Judicial ha tomado decisiones tales como negar
la orden de aprehensión contra el sargento de la Guardia
Nacional Bolivariana que conducía la tanqueta que arrolló a un joven de 22 años
durante una manifestación. Esos mensajes de estas autoridades son muy
negativos.
En 2014 se registraron abusos
muy similares. ¿Por qué los volvemos a ver? ¿No se aplicaron los correctivos o
están respondiendo a órdenes superiores?
—Con las investigaciones
actuales se han podido detectar responsabilidades individuales de los
funcionarios y de ahí que algunos estén procesados (…) Si de la investigación
se desprende que estos abusos, excesos y violaciones flagrantes a los Derechos
Humanos respondieran a órdenes superiores se procesará también a los jefes de
los mandos militares y policiales. La Constitución de 1999 es clarísima al
respecto.
¿Qué nos puede decir de casos
como el de Juan Pernalete? ¿Ya identificaron al guardia nacional sospechoso de
matarlo? ¿Y de los casos del músico Andrés Cañizales y del estudiante Neomar
Lander hay algún avance en la investigación?
—Esas investigaciones penales
llevan su curso, se han practicado las experticias y diligencias
criminalísticas de rigor. Esperamos ofrecer próximamente informaciones
relevantes sobre el particular. Es muy importante mantener la reserva de las
distintas diligencias de investigación para contribuir con la imparcialidad y
objetividad en cada caso. La opinión pública debe estar consciente de que estos
casos no se resuelven en la televisión ni con propaganda, sino con una
investigación técnica y científica en el marco de la ley.
En las residencias conocidas
como “Los Verdes” de El Paraíso se registraron graves hechos. Allanamientos
masivos y sin orden judicial, detenciones arbitrarias y hasta asesinaron
mascotas. ¿Qué mensaje le envía a los uniformados a los que les ordenan
realizar semejantes acciones?
—Ratifico mi condena a estos
hechos violentos contra familias decentes y trabajadoras que habitan en este
conjunto residencial. Los funcionarios actuantes debieron tener las respectivas
órdenes de allanamiento, acordadas por los tribunales. Por cierto, ningún
fiscal solicitó una orden de esta naturaleza, por lo tanto se trata de
actuaciones arbitrarias e ilegales. Fue un atropello a todas luces y una violación
de los derechos fundamentales de estas personas.
Existen denuncias de otras
urbanizaciones y sectores populares, como por ejemplo, las Residencias
Victoria, Las Fuentes de El Paraíso, así como otras en el estado Zulia y
Carabobo, que estamos investigando (…) Si allí había personas implicadas en
delitos, estas deben ser procesadas legal y formalmente. No pueden llegar a una
comunidad como un Ejército de ocupación en una guerra, aplicando castigos
fácticos a la población civil de manera indiscriminada sin ningún tipo de
responsabilidad posterior. Es importante tu pregunta para aprovechar de enviar
un mensaje muy claro al país: razones para protestar hay muchas, este derecho
debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. Yo como fiscal general condeno
de manera categórica toda forma de violencia. Los líderes políticos deben ser
responsables y cuidadosos con las actividades de calle, canalizar de la mejor
manera el descontento. La ciudadanía también debe hacer lo propio y no
legitimar hechos violentos.
Un caso repudiable es el de
Orlando Figuera [el quemado en Altamira] en el que hemos puesto todo nuestro
empeño para su resolución, no podemos permitir como sociedad que un hecho como
este vuelva a repetirse nunca más. También hemos conocido de tres funcionarios
fallecidos, eso es un indicador de que no todas las manifestaciones han sido
pacíficas. Sin embargo, así como condeno la violencia callejera, condeno con
más contundencia los excesos de los funcionarios de los cuerpos de seguridad,
porque estos tienen una alta responsabilidad en el ejercicio de sus
funciones. Hasta la fecha hemos contabilizado 21 personas fallecidas por
la intervención de la fuerza pública durante esta coyuntura.
Foto referencial
26-06-17
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