En documento dirigido al
Presidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional, a la Fiscal
General y al Defensor del Pueblo, Enrique Ochoa Antich, quien participa del
movimiento llamado de los despolarizados, compuesto por sectores de oposición
más allá de la MUD, incluyendo al chavismo disidente o crítico, expresa su
angustia por “la situación de violencia política que ensangrienta nuestras
calles”.
Se comienza señalando que “la
responsabilidad primerísima, por razones obvias, le corresponde al gobierno,
aunque en segundo lugar pueda haber una corresponsabilidad de los sectores más
extremistas de la MUD” debido al “bloqueo de las vías electorales y
democráticas y de diálogo y negociación para dirimir nuestras diferencias como
hijos de la misma patria y de una violencia social que le es anterior: el hambre,
el desabastecimiento de medicinas, el caos de los servicios públicos y la
inseguridad”.
“Cada vez que un joven que
protesta en defensa de sus ideales, o que un uniformado o un simple transeúnte
ajeno al conflicto callejero, pierde la vida víctima de esta conflagración
absurda, se prueba una vez más el fracaso de un liderazgo político que no ha
encontrado los caminos para a través del diálogo y la negociación hallar los
senderos de paz por los que Venezuela clama”, se sentencia en el texto.
En este sentido, Ochoa Antich
demanda “un supremo esfuerzo de grandeza para encontrar una resolución pacífica
del actual conflicto”.
“Exijo, como ciudadano de la
república”, escribe Ochoa, “que Presidente de la República, Presidente de la
Asamblea Nacional, Fiscal General y Defensor del Pueblo, se encuentren para, en
uso de la palabra y de un mínimo de racionalidad política, explorar los
acuerdos mínimos que nos permitan al menos darles un chance al diálogo, la
negociación, el voto y la paz.”
Y de seguidas se pregunta:
“¿Qué destino tenemos para el 30 de julio, esa fecha que algunos
visualizan como una batalla final?”, y se responde con otras
interrogantes:
“¿Provocar lo que
sería un auto-golpe de Estado y terminar de perder los restos de
legitimidad democrática que el gobierno nacional se encarga día a día de
comprometer y violentar?”, llegando a señalar que así “se tentaría a que, como
otras veces en nuestra historia, sean los militares quienes tengan el deber de
restituir el orden constitucional, escenario que nadie puede querer pero que
cada vez parece justificarse más”, afirma Ochoa.
“¿Pretender movilizar a
un pueblo desarmado para enfrentarse al ejército en la peregrina tentativa
de impedir ese acto de votación, con el riesgo de que se pueda producir un baño
de sangre? ¿Fracasar en el intento de lograr el derrocamiento del gobierno y
merecer entonces que a todo el liderazgo opositor el pueblo le quite su
confianza (como ya ocurrió luego de la cadena de errores extremistas del
2002/2005 que van del golpe de Estado del 12 de Abril a la abstención electoral
en las elecciones parlamentarias) no quedándole otra opción digna como no
sea presentar su renuncia?
Por último propone:
Declarar en suspenso el
proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente a cambio de que la
MUD regrese a la mesa de diálogo y negociación sin abandonar la protesta de
calle pero pacífica.
Considerar la posibilidad de
negociar opciones como:
Modificación de las bases
comiciales de la Constituyente asegurando un estricto apego al sistema de
representación proporcional.
Suspensión de la Constituyente
por parte del gobierno a cambio de renunciar por parte de la oposición a la
inconstitucional propuesta de elecciones generales, y acordar un calendario
electoral que comience con las elecciones regionales antes incluso de diciembre
y que termine en diciembre de 2018 con las elecciones presidenciales, siempre y
cuando se asegure el restablecimiento de la Asamblea Nacional con base en un
programa legislativo mínimo acordado, la libertad de los presos políticos y el
plan de ayuda humanitaria en alimentos y medicinas.
A continuación el texto
completo de la carta a Maduro, Borges, Ortega y Saab:
Caracas, 30 de junio de
2017
Nicolás Maduro
Presidente de la República
Julio Borges
Presidente de la Asamblea
Nacional
Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la
República
Tarek William Saab
Defensor del Pueblo
Me dirijo a ustedes, en su
condición de altos funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Ciudadano, a los fines de plantearles lo siguiente:
La clamorosa mayoría de
venezolanos ve con natural y honda angustia la situación de violencia política
que ensangrienta nuestras calles. Ella es, ¿qué duda cabe?, expresión y
consecuencia del bloqueo de las vías electorales y democráticas y de diálogo y
negociación para dirimir nuestras diferencias como hijos de la misma patria y
de una violencia social que le es anterior: el hambre, el desabastecimiento de medicinas,
el caos de los servicios públicos y la inseguridad son el caldo de cultivo que
justifica y causa esta rabia que muchas veces adquiere ímpetus destructivos que
no podemos compartir pero comprendemos. En todo ello, la responsabilidad
primerísima, por razones obvias, le corresponde al gobierno, aunque en segundo
lugar pueda haber una corresponsabilidad de los sectores más extremistas de la
MUD. Cada vez que un joven que protesta en defensa de sus ideales de libertad y
progreso social, o que un uniformado o un simple transeúnte ajeno al conflicto
callejero, pierde la vida víctima de esta conflagración absurda, se prueba una
vez más el fracaso de un liderazgo político que no ha encontrado los caminos
para a través del diálogo y la negociación hallar los senderos de paz por los
que Venezuela clama.
Ustedes, en particular, tienen
una responsabilidad trascendente en el futuro inmediato de los
acontecimientos.
Por eso quiero, en mi
condición de viejo luchador político y social, rogarles un supremo esfuerzo de
grandeza para encontrar una resolución pacífica del actual conflicto. Exijo,
como ciudadano de la república, que Presidente de la República, Presidente de
la Asamblea Nacional, Fiscal General y Defensor del Pueblo, se encuentren para,
en uso de la palabra y de un mínimo de racionalidad política, explorar los
acuerdos mínimos que nos permitan al menos darles un chance al diálogo, la
negociación, el voto y la paz.
¿Tiene sentido insistir en
imponerle a los venezolanos una Asamblea Nacional Constituyente a la fuerza,
sin consulta alguna al soberano, cuando todos sabemos que, en particular debido
a sus bases comiciales, es rechazada por 4/5 partes del país?
¿Tiene sentido continuar la
estrategia de la que con irresponsabilidad algunos han llamado calle del no
retorno, cuando a tres meses de que se puso en marcha no ha alcanzado el
objetivo del cambio de gobierno que se propuso?
¿Qué destino tenemos para el
30 de julio, esa fecha que algunos visualizan como una batalla final?:
¿Provocar lo que sería un
auto-golpe de Estado y terminar de perder los restos de legitimidad democrática
que el gobierno nacional se encarga día a día de comprometer y violentar?
¿Hasta dónde conduce esa acción neo-dictatorial? ¿En serio alguien cree que una
Constituyente electa con una décima parte del electorado puede expresar la
voluntad del pueblo? ¿Qué futuro a mediano plazo tendrá la clase política que
emprenda este insensato camino? Si lo que se pretende es crear la paradoja de
una nueva legitimidad ilegítima a través de un sistema electoral que afecte el
principio esencial de una persona/un voto, con la alucinante ilusión de
perpetuarse en el poder, yo recomendaría un poco de sindéresis pues ésa es una
ruta con las piernas muy cortas. Sólo se crearían las condiciones para más violencia
y para profundizar por esa vía la ya dramática crisis económica y social que
padecemos todos los venezolanos, en particular los más pobres. Y se tentaría a
que, como otras veces en nuestra historia, sean los militares quienes tengan el
deber de restituir el orden constitucional, escenario que nadie puede querer
pero que cada vez parece justificarse más.
¿Pretender movilizar a un
pueblo desarmado para enfrentarse al ejército en la peregrina tentativa de
impedir ese acto de votación, con el riesgo de que se pueda producir un baño de
sangre? ¿Fracasar en el intento de lograr el derrocamiento del gobierno y
merecer entonces que a todo el liderazgo opositor el pueblo le quite su
confianza (como ya ocurrió luego de la cadena de errores extremistas del 2002/2005
que van del golpe de Estado del 12 de Abril a la abstención electoral en las
elecciones parlamentarias) no quedándole otra opción digna como no sea
presentar su renuncia? Ya es hora de que el liderazgo opositor realice una
evaluación sincera de las conquistas reales de una calle no sólo sin sino
contra el diálogo y la negociación. A la mesa de diálogo y negociación se la
consideró fracasada a las tres semanas: ¿cuánto tiempo necesita la calle para
ser evaluada con la misma severidad? ¿Es muy difícil entender que diálogo,
negociación y calle no son términos contradictorios sino complementarios y que
la calle sin diálogo y negociación no conseguirá nada?
Les propongo:
Declarar en suspenso el
proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente a cambio de que la
MUD regrese a la mesa de diálogo y negociación sin abandonar la protesta pero
pacífica de calle.
Considerar la posibilidad de
negociar opciones como:
Modificación de las bases
comiciales de la Constituyente asegurando un estricto apego al sistema de
representación proporcional.
Suspensión de la Constituyente
por parte del gobierno a cambio de renunciar por parte de la oposición a la
inconstitucional propuesta de elecciones generales, y acordar un calendario
electoral que comience con las elecciones regionales antes incluso de diciembre
y que termine en diciembre de 2018 con las elecciones presidenciales, siempre y
cuando se asegure el restablecimiento de la Asamblea Nacional con base en un
programa legislativo mínimo acordado, la libertad de los presos políticos y el
plan de ayuda humanitaria en alimentos y medicinas.
Sin otro particular, me
suscribo de ustedes,
Enrique Ochoa Antich
01-07-17
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