Por José Ignacio Hernández G.
La ilegítima y fraudulenta
asamblea nacional constituyente aprobó
un “Decreto” por medio del cual dispone que todos los
gobernadores electos el pasado 15 de octubre deben juramentarse ante ella como
condición indispensable para ejercer sus cargos. Además, “prohibió” a los
consejos legislativos tomar ese juramento, advirtiéndose que los gobernadores
que se abstengan de juramentarse ante ella serán “removidos”.
Esta acción no es más que
parte del fraude continuado con el cual se desvirtuó la voluntad de los
electores en las elecciones del pasado 15 de octubre de 2017, como explico de
inmediato.
1.- El fraude electoral
continuado
Luego de los resultados del 15
de octubre de 2017, la comunidad
internacional, la oposicióndemocrática
venezolana y la Asamblea
Nacional, denunciaron que tales resultados eran consecuencia del
fraude cometido por el gobierno para facilitar la elección de 18 gobernadores
oficialistas.
¿Hubo en realidad fraude?
Las elecciones del 15 de
octubre, parafraseando una obra de García Márquez, bien pudieran haber sido
resumidas como la “crónica de un fraude anunciado”. Como pude explicar aquí, esas
elecciones incumplieron las condiciones básicas que garantizan la integridad
electoral, esto es, la existencia de elecciones libres y transparentes. Todos
los vicios del corrupto sistema electoral venezolano quedaron así en evidencia.
La convocatoria tardía de las
elecciones regionales, la modificación del objeto y fecha de las elecciones, el
cambio del cronograma electoral, la eliminación del derecho de sustitución de
candidatos, las inhabilitaciones a políticos y organizaciones políticas, las
modificaciones sobrevenidas al registro electoral, el abuso en la utilización
de medios y fondos públicos durante la campaña, la arbitraria modificación de
centros electorales, así como las denuncias en cuanto al indebido
funcionamiento de ciertos centros con hechos de violencia y coacción, son solo
algunos de los elementos que permiten calificar la existencia de un fraude
continuado.
En el caso
del estado Bolívar, además de todo lo anterior, se han formulado
denuncias sobre la alteración de las actas electorales para simular un
resultado favorable al candidato oficialista. Una auditoría integral pudiera
arrojar nuevas luces sobre posibles inconsistencias en los otros resultados.
Todos esos vicios son
resultado de un sistema electoral que no ofrece las garantías mínimas para
asegurar elecciones libres, transparentes y confiables, situación que comienza
desde la ilegítima composición del CNE, pues sus rectores fueron designados por
la Sala Constitucional usurpando funciones de la Asamblea Nacional. Pero las
irregularidades no se acaban allí: se extienden a cada detalle de los
procedimientos electorales, incentivadas por un indebido marco regulatorio que
fomenta la arbitrariedad del Poder Electoral.
2.- El desconocimiento de la
elección de los cinco gobernadores de oposición
Esto es importante aclararlo
pues la decisión de la ilegítima constituyente de exigir la juramentación de
los gobernadores ante ella, no es más que la continuación del mismo proceso de
fraude.
En efecto, como expliqué
en Prodavinci,
la Ley de Elección y Remoción de Gobernaciones y las Constituciones de los
estados claramente señalan que los gobernadores electos prestarán juramento
ante los consejos legislativos, y si no se pudiera, ante el Juez. La
constituyente no puede tomar juramento alguno. Primero, porque es un órgano de
facto, fraudulento e ilegítimo. Segundo, porque el procedimiento de la
juramentación de los Gobernadores electos está reglamentado con claridad en
Leyes vigentes.
Sin embargo, invocando sus
“poderes supra-constitucionales”, esta constituyente obligó a todos los
gobernadores electos a juramentarse ante ella. Los candidatos oficialistas
aceptaron tal orden, pero los cinco gobernadores de oposición que resultaron
adjudicados se han
negado a ello, alegando –con toda razón– que la ilegítima
constituyente no puede tomar juramento alguno.
Si la ilegítima constituyente
insiste su “Decreto”, es más que probable que decida que, ante la falta de
juramentación, los gobernadores electos incurrieron en una falta absoluta, todo
lo cual permitiría a los Presidentes de los consejos legislativos asumir
temporalmente el cargo de Gobernador mientras se organiza una nueva elección,
aplicando el procedimiento de falta absoluta usualmente previsto en las
Constituciones de los estados. Eso es lo que, según ciertas denuncias, ya
sucedió en Táchira.
Ello no sería más que la continuación
del fraude electoral. Ni los Consejos Legislativos ni la “ANC” pueden declarar
la falta absoluta, pues los Gobernadores electos están plenamente capacitados
para ejercer el cargo. Si no se han podido juramentar es por una causa no
imputable a ellos, a saber, la ilegítima decisión de los Consejos Legislativos
de no tomar el juramento, siguiendo la orden de la “ANC”.
Si los Consejos Legislativos y
los Jueces se niegan a tomar juramento, entonces, los Gobernadores deberían
quedar relevados del deber de prestar juramento o en su caso, podrían
juramentarse ante la Asamblea Nacional, aplicando analógicamente el
procedimiento diseñado para elecciones presidenciales. Pero en modo alguno
podría declararse la falta absoluta por ausencia de juramentación por causas no
imputables a los gobernadores.
Por lo tanto, declarar la
falta absoluta de los gobernadores electos será un golpe en contra de esos
gobernadores y de los electores que, pese al fraude continuado, lograron
expresar su voluntad.
3.- ¿Y ahora qué?
El fraude continuado en las
elecciones regionales, junto al intento de la ilegítima constituyente por
desconocer la elección de gobernadores de oposición invocando su poder supremo
y absoluto, hacen que muchos se planteen la pregunta acerca de qué pudiera pasar,
especialmente tomando en cuenta la posible convocatoria a elecciones
municipales y de consejos legislativos para el próximo diciembre.
Por lo pronto, hay al menos
tres aspectos que deben tenerse en cuenta.
El primero de ellos es que
Venezuela no tiene un sistema electoral transparente, libre y confiable, con lo
cual, la corrupción y el fraude estarán presentes en toda elección que se
realice, sin importar el grado de participación y los controles que puedan
implementarse desde la sociedad civil. Esa corrupción impide además que los
resultados puedan ser revisados por una instancia independiente.
Lo segundo es que la
corrupción del sistema electoral venezolano es estructural. Por lo tanto, para
sanear ese sistema hace falta mucho más que la sola designación de los rectores
del CNE.
Por último, y en tercer lugar,
si el sistema electoral tolera algún resultado favorable a la oposición, este
resultado rápidamente será desconocido por la ilegítima asamblea nacional
constituyente.
Luego de la experiencia del 15
de octubre, estos tres aspectos condicionarán toda elección inmediata en
Venezuela.
20-10-17
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