Fernando Camino Peñalver 28 de octubre de 2017
@fernandocaminop
Un
estudio realizado por la ONG Transparencia Venezuela, revela que casi todas las
empresas propiedad del gobierno, han fracasado en su intento de producir bajo
el esquema “socialista”. Estimamos que la mencionada ONG, tuvo que pasar por
serias dificultades para poder evaluar el funcionamiento de las empresas, ya
que éstas mantienen un alto nivel de opacidad. Todas estas empresas están
caracterizadas por débiles controles legales, ausencia de rendición de cuentas,
cambios frecuentes de órganos de adscripción y de sus directivos. Y un
denominador común: la inoperancia y la corrupción.
Un
alto porcentaje de las empresas propiedad del gobierno, están relacionadas con
la actividad del sector agroalimentario y forestal. Estas empresas llegan a
manos del gobierno bajo procesos de expropiación inconclusos, o tomadas
mediante medidas arbitrarias de “rescate” y muy pocas constituidas con aportes
de capital del gobierno.
Contando
con la mayoría parlamentaria del PSUV, la Asamblea Nacional le otorgó poderes
habilitantes a los dos mandatarios del régimen. Mediante estas leyes
habilitantes, se aprobó una cantidad de decretos leyes, los cuales le
permitieron la intervención de la actividad de la producción privada. Todos
estos decretos leyes son ilegales porque violan varios artículos de nuestra
Constitución Nacional. Sin embargo, amparados en ellos, el gobierno se apropió
de más de cinco millones de hectáreas ocupadas por fincas en plena producción.
En el sector agroindustrial, mencionando solo tres sectores, el régimen se
apoderó del 80% de la industria del café, del 62% de los centrales azucareros y
del 70% de las empresas fabricantes de productos lácteos.
Además
de la apropiación indebida de las unidades de producción, de las
agroindustrias, de plantas de almacenamiento y de redes de distribución,
mediante estos decretos leyes el gobierno ha ejercido el control de todas las
actividades de la producción privada de alimentos. Este control se ha ejercido
sobre el costo de producción, sobre los precios en todo el circuito de
producción y sobre el destino de la producción y de su comercialización, coartando
de esta manera las libertades económicas establecidas en nuestra carta magna.
En el
área de la producción agroalimentaria, la aberrante violación a la propiedad
privada y la nefasta intervención sobre la libre iniciativa, ha generado la
crisis humanitaria que padece nuestra población, a causa de la escasez y la
carestía de los alimentos. Los tres sectores de la agroindustria mencionados
como ejemplo: el café, el azúcar y el lácteo, presentan los más altos
porcentajes de escasez del mercado y también es donde existe mayor distorsión
en la comercialización y en los precios.
El
régimen ha asumido como un dogma, el manejo perverso de la economía bajo la
“doctrina” del Plan de la Patria. Entrampado en esta obsoleta manera de
conducir la economía, sigue asumiendo que la actividad económica se puede
gobernar mediante intervenciones y decretos. Del lado opositor debemos asumir
que nuestra población atraviesa por una grave crisis humanitaria, en vías de
tornarse en emergencia humanitaria. Esta grave situación nos debe comprometer a
todos, a abandonar los cálculos políticos y electorales individuales y
grupales, para comprometernos de una vez, a unirnos para producir el cambio de
este régimen nefasto que ha comprometido el bienestar de nuestra nación.
Fernando
Camino Peñalver
@fernandocaminop
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