Por Froilán Barrios
En las Grandes Ligas los meses
de septiembre y octubre son considerados la etapa de la temporada en la que se
distingue, entre el temple del novato y el jugador mediocre, la inspiración del
candidato a héroe de la Serie Mundial; entretanto, en el contexto venezolano serán
recordados como el período en el que un partido político otrora adalid de la
democracia decidió enterrar su historia, su herencia, en función del
pragmatismo más bastardo que haya conocido América Latina.
El lunes 23 de octubre de
2017, al amanecer, se conocía el acuerdo entre los gobernadores opositores de
actuar en bloque frente al régimen opresor. Era una opinión compartida ante lo
sucedido el 15-O, cuando los venezolanos sufrimos una vez más las tropelías de
la dictadura, un fraude monumental como no se haya conocido jamás en nuestra
historia política, denunciado por la MUD y diversos voceros opositores que se
han comprometido en los próximos días a documentar un riguroso informe, así
como a demostrar la violación del derecho constitucional al voto libre y
democrático.
¿Qué pasó entonces para que
los gobernadores opositores decidieran consultarle al pueblo lo ilegal? ¿Se
puede consultar ante cualquier ciudadano o a la sociedad civil lo
inconstitucional? Definitivamente, Venezuela se ha convertido en los últimos
días en el teatro de lo absurdo, digno del famoso y reconocido dramaturgo
Eugene Ionesco.
Quedó demostrado el 23 de
octubre con el desenlace de los 4 gobernadores militantes de AD que se
subordinaron ante la montonera del PSUV, calificada irónicamente por el
secretario general del partido como “prostituyente”. Lo procedente era que cada
gobernador convocara al pueblo que mayoritariamente los eligió a defender el
resultado y a enfrentar la tropelía de imponer desde el Ejecutivo a mandatarios
apéndices de la dictadura, aplicando el artículo 333 de la carta magna.
Hoy dignamente Juan Pablo
Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, ha asumido la postura correcta,
pues no se trata de una región, sino de toda Venezuela. La dictadura saquea a
las gobernaciones, como es el caso del estado Anzoátegui, donde le arrebataron
las competencias constitucionales de salud, policía, educación, peajes, incluso
hasta la radio Kariña fue asaltada. De paso, nombraron en cada estado donde
resultaron electos los candidatos opositores a comisarios del PSUV, llamados
“protectores de la revolución”
¿Cuál es el trasfondo
del diktat del régimen opresor? Poner en marcha el plan trazado desde
La Habana, flanqueado por China, Rusia, Irán y el resto de chulos del Alba y
del Foro de Sao Paulo, de imponer con el catecismo castrista del plan de
la patria el "bastardo Estado comunal", con una montonera psuvista
que sustituiría definitivamente a la constitucional Asamblea Nacional.
Ante la barbarie tenemos
nuestra victoria más inmediata, como lo fue la elección el 6 de diciembre de
2015 de la Asamblea Nacional, que según la vigente Constitución, artículo 187,
numeral 16, debe "velar por los intereses y la autonomía de los
estados", la competencia para proclamar y juramentar los gobernadores,
ante la omisión del Poder Electoral y los consejos legislativos por
estar condicionados absolutamente a la dictadura. Se trata de asumir la AN
aplicando por analogía una competencia a la que han renunciado por entreguistas
los poderes ya mencionados. Esta decisión de la AN es política, va más
allá de lo jurídico. Guanipa debe juramentarse ante el Parlamento, como acto
político que reafirma ante el país y la comunidad internacional nuestra
autonomía frente a la dictadura.
25-10-17
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