Por Oscar Medina
Los resultados del 15 de
octubre muestran un cambio en los patrones de movilización del chavismo y la
oposición: el oficialismo hizo algo diferente y logró mover a su gente y hasta
recuperar votantes. En el resultado pesan las condiciones desfavorables
impuestas por el CNE a la oposición, pero una estrategia clave tiene que ver
con la interacción de elecciones y programas sociales.
Caracas. Hay que estar
atentos a los números, aunque con la suspicacia debida. Eso es lo que propone
Michael Penfold cuando se le plantea tratar de encontrar explicaciones a lo
sucedido en las elecciones del 15 de octubre. ¿Qué pasó ese día? Cuando se
esperaba, aun en medio de unas condiciones tan adversas, que los candidatos de
la oposición capitalizaran el descontento popular y se alzaran con la mayoría
de las gobernaciones, los resultados golpearon como un mazo y de este trance el
oficialismo ha salido tan fortalecido que ha tomado, incluso, hasta lo que no
ganó en buena lid.
Haciendo una advertencia sobre
la escasa independencia institucional del Consejo Nacional Electoral (CNE)
demostrada especialmente en el más reciente evento electoral, el profesor de
políticas públicas en el IESA y la Universidad de los Andes (Bogotá), se enfoca
ahí:
“Los números revelan varias
cosas. Cuando uno compara las elecciones del 15 de octubre con las del 6 de
diciembre de 2015 hay 656.000 votos que básicamente pasan nuevamente al
chavismo. Y la oposición pierde 2 millones de votos. Si le restas a esos 2
millones, los 656.000 votos que perdieron ante el chavismo hay 1,3 millones de
votos que dejaron de ser movilizados. Una primera lectura del 15 de octubre es
una lectura sobre cambios en los patrones de movilización que muestran a un
chavismo que tuvo la capacidad de movilizar a su base electoral y que incluso
recuperó terreno con respecto al 2015. Y tienes también una votación de la
oposición que revela un problema de organización importante comparada con el
2015”.
Y esto hará que el Gobierno
arrase también en las elecciones municipales anunciadas para diciembre. El
problema, de momento, no solo persiste en la oposición: se agudiza. Y, advierte
Penfold, hasta no encararlo, resolverlo y definir liderazgos, el país llegará a
las presidenciales con un ganador seguro.
¿Qué puede explicar esas
diferencias en esos patrones de movilización?
—Son muchas cosas. Pudo haber
sido una maquinaria mucho más aceitada a través de la interacción entre los
Clap y los puntos rojos y el carnet de la Patria. Ese mecanismo, sin duda, le
permitió al Gobierno apalancar una maquinaria que le había costado movilizar en
el 2015 y que resulta curioso que en un ambiente de altísima inflación, en un
año en que va a cerrar a cerca de 1300 %, haya tenido la capacidad de hacerlo.
¿Y del lado de la oposición
qué puede explicar esa debilidad organizacional?
—También son múltiples
factores. Algunos de ellos pueden estar vinculados con la propia elección,
tienen que ver con las reubicaciones, por ejemplo. Pero también pueden estar
vinculados a la falta de coherencia interna, de coordinación política, a nivel
nacional y en algunas de las regiones. También puede estar vinculados a la
incapacidad de los testigos de operar adecuadamente en los centros electorales
por razones que van desde bloqueo al acceso a los centros y hasta eventos de
violencia o ausencia como resultado también de la cantidad de reubicaciones,
como en los casos de Zulia, Miranda, Aragua y Carabobo. Los números sí revelan
un cambio de patrón de movilización muy grande, que a mi juicio refleja un
cambio muy profundo en cómo se comportaron el Gobierno y la oposición.
El chantaje a través de los
Clap y carnet de la Patria y ese condicionamiento del voto jugando con el
hambre, ¿marcaron la diferencia a favor?
—Eso no es tan nuevo. Es una
versión más sofisticada y se da en un ambiente hiperinflacionario. El valor de
acceso a ese tipo de bienes es cada vez más alto en un ambiente como este. Lo
que es novedoso en este mecanismo de condicionamiento del voto está vinculado
con la interacción que ellos hacen entre la infraestructura tecnológica y la
infraestructura logística el día de la elección. Eso tiene que ver con la
interacción de esos puntos rojos, el carnet de la Patria y el acceso a los
distintos programas sociales, en particular los Clap, pero también la misión
Gran Vivienda Venezuela. Es un mecanismo que operó en el 2004, en el 2006 y en
2012, pero lo diferente es la interacción entre las tres cosas.
Eso explica por qué el
chavismo pudo movilizarse con más éxito y por qué incluso fue capaz de
condicionar el voto y capturar nuevamente una votación que había perdido con
respecto al 2015. Pero todavía tenemos que explicar ese 1,3 millones de votos
que no fueron movilizados y que también tuvieron un efecto muy importante en el
cuadro electoral venezolano.
El uso de los programas
asistencialistas muestra una imagen ante los más necesitados: “yo soy la fuerza
aquí”, “yo soy el que te puede dar comida y te la puede quitar sacándote del
programa”. El Estado se propone como el que tiene algo que ofrecer, aunque sea
el responsable directo de la crisis. ¿Qué podía ofrecer la oposición en
términos prácticos? Ya ofreció cosas antes y la gente ha visto que no puede
cumplir, que el Gobierno central la aplasta…
—Lo que puede prometer la
oposición es un cambio. Y ese cambio tiene que ser creíble. Pero para que sea
creíble hay un problema básico que no fue resuelto el 15 de octubre: tiene que
ver con la unidad y lo estamos viendo en este momento explotar de una forma
bastante lamentable. ¿Qué ocurre? La gente que sale a votar por la oposición lo
hace voluntariamente, sale porque hay un liderazgo, porque hay un mensaje, hay
credibilidad en las probabilidades de cambio, y en la medida en que ese elector
perciba que eso no está siendo provisto por el liderazgo, en esa medida se va a
inhibir. O, por el contrario, va a obligar a la oposición a hacer un trabajo
organizacional aun más profundo para poder movilizar a ese elector.
Si bien es muy cuestionable
desde el punto de vista ético y democrático el condicionamiento del voto y es
un mecanismo profundamente autoritario, hay un Gobierno que entendió que si no
movilizaba a su propia base no iba a poder competir el 15 de octubre. El
chavismo, comparado con el 2015, hizo algo diferente. En cambio, la oposición
no. Más bien enfrentó una situación desde el punto de vista institucional muy
adversa por la manera como se convocó a las elecciones, por las sustituciones,
la falta de acuerdo sobre si se participaba o no, las reubicaciones, en fin,
todo eso fue creando un cuadro muy complicado de manejar y que tuvo un efecto
electoral.
El elector que votó por ti
como diputado ha visto a lo largo de este tiempo que no le cumpliste y que
además te anularon completamente. La gente del barrio, ¿se va a arriesgar a
perder el programa social por darte el voto?
—Sí, hay un tema clave sobre
qué tan creíble es la promesa de cambio. Y cuando ves, por ejemplo, el debate
actual en torno a la juramentación de los cuatro gobernadores y la remoción
—totalmente antidemocrática— del gobernador del Zulia, es resultado de algo
mucho más básico. Aquí se ha planteado una especie de disyuntiva entre
participar o no participar. Creo que son disyuntivas falsas. No porque una
opción sea más viable que la otra, sino porque cualquier opción por la que
apuestes sin coordinación, sin unidad, es sencillamente inejecutable.
No se puede enfrentar a un
Gobierno que tiene un control institucional de todos los poderes públicos, sin
un mínimo de coordinación, de unidad. Y eso es independiente de si participas o
no participas. En un contexto de una oposición dividida la fortaleza de esa
maquinaria, de ese control institucional, es aún más potente.
Tenemos ahora a una oposición
dividida y en conflicto interno justo en el momento en el que el mecanismo de
ventaja electoral del Gobierno ha demostrado mayor efectividad. ¿Dónde nos deja
eso?
—El Gobierno está jugando dos
juegos, que son diferentes. Para mí, el principal juego del Gobierno es su
legitimación. Lograr legitimarse nuevamente después de los eventos de protestas
de abril y julio de este año; y luego de un recrudecimiento de las sanciones
internacionales y la introducción de sanciones económicas por parte de Estados
Unidos. Y además de eso tienes a una comunidad internacional que condena
abiertamente el funcionamiento de la institucionalidad venezolana. El Gobierno
venezolano necesita legitimarse porque está en una situación económica muy precaria
que lo lleva o que debería obligarlo a empezar a liquidar activos reales en los
sectores minero y petrolero. Y para eso necesita a la Asamblea Nacional que no
controla y ha creado esta Asamblea Nacional Constituyente que requiere ser
reconocida.
Cuando el Gobierno va a
elecciones en este momento no va simplemente porque piensa que las va a ganar
con todo ese control institucional y la capacidad de movilización de su base,
lo hace porque está buscando ir legitimando a todos los poderes públicos. En este
momento lo logró hacer a través de los gobernadores, el próximo paso será a
través de las municipales.
¿Y le basta con ganar
elecciones?
—No me sorprendería que la ANC
nombre en cualquier momento a un nuevo CNE para nivelar el argumento
internacional sobre las condiciones electorales, que a su vez rebota en el
mundo opositor haciendo más intensivo el debate sobre si participa o no. Lo
fundamental es entender que el Gobierno juega al juego de la legitimidad, que
está apuntando a la capacidad de Nicolás Maduro de poder legitimarse en un
nuevo periodo presidencial, pero al mismo tiempo ese juego está sujeto al
electoral. Son dos juegos en los que el Gobierno actúa de manera paralela y
que, a mi juicio, el 15 de octubre le dio resultado. Eso lo llevó a adelantar
las elecciones municipales y muy probablemente también lo lleve a adelantar las
elecciones presidenciales incluso con un nuevo CNE.
¿Le dio resultado legitimarse?
—Empiezas a tener actores
locales, como estos gobernadores, que reconocen la legitimidad de esa
institucionalidad que se montó sobre un acto inconstitucional y sobre unos
resultados electorales que nadie conoce todavía, que son los del 30 de julio.
Pero al mismo tiempo hay una
denuncia bien sustentada de fraude en Bolívar y está el despojo de la
Gobernación de Zulia hecho por esa misma ANC y este par de hechos no avalan esa
legitimización…
—Sí, pero tienes en este
momento a cuatro gobernadores que están reconociendo esa institucionalidad. Y
tienes a una oposición que a partir de ese evento pareciera entrar en un
momento de terapia intensiva y de división. Entonces, el Gobierno ha venido alcanzando
algunos de los objetivos políticos que se ha trazado en estos últimos tres
meses. El Gobierno teme, y con razón, que las sanciones internacionales y en
particular las que van contra Pdvsa, se puedan incrementar. Eso va a complicar
las cosas aún más, incluso en la posibilidad de ir a una reestructuración de la
deuda. Y tiene serias limitaciones que hacen que la capacidad de operar de
Pdvsa en el sector financiero sean cada vez más álgidas. Este tema
internacional es fundamental.
El Gobierno está tratando de
minimizar la probabilidad de que aumenten las sanciones y por otro lado quiere
que conozcan esta nueva institucionalidad que montó a través de esta ANC. En la
medida en que la oposición se divida, en la medida en que tengas elecciones que
también dividen a la oposición y en la medida en que pueda acelerar ese proceso
electoral, irá sacando del juego a la oposición.
En este momento el Gobierno
quiere dividir a la oposición en una oposición leal y una ilegal. Y si la
oposición le abre ese juego las probabilidades de que la comunidad
internacional siga presionando van a ser menores porque esa comunidad se va a
preguntar cuál es mi socio local en ese proceso de restauración de la
institucionalidad democrática en Venezuela.
Eso mismo va a pasar cuando
terminen de reducir a nada a la AN: ¿con quién me siento yo aquí? Y eso incluye
el asunto de los créditos y el endeudamiento. La lógica del Gobierno es la de
siempre: es lo que yo digo y lo voy imponiendo. Y así la Constituyente irá
borrando a la AN y no habrá otra institución sino esa…
—Yo vuelvo al tema del juego
por la legitimidad. A mi juicio, el principal error de la juramentación de los
gobernadores es que entregaste tu principal poder de negociación a cambio nadie
sabe exactamente de qué. Lo que el Gobierno valora más en este momento, incluso
que los resultados electorales, es esta capacidad de hacer que la comunidad
internacional comience a legitimar a esta ANC de cara a las aprobaciones de
crédito público y de ventas de activos reales que deben hacer para poder
enfrentar las restricciones financieras de un país que está prácticamente
quebrado. Ese es un juego muy complicado y la oposición por su propia debilidad
interna y su incapacidad de coordinación, entregó uno de sus principales
activos en ese proceso de negociación política y en el juego internacional de
reconocimiento o no reconocimiento.
Lo entregó Acción Democrática,
¿por qué lo haría? ¿qué hay a cambio?…
—No lo sé. Eso es totalmente
especulativo, pero lo cierto es que para que la oposición pueda actuar con
efectividad en ese juego que el Gobierno está tratando de ganar necesita
coordinación básica. Es absolutamente ilusorio pensar que con dos oposiciones
podemos enfrentar a un rival que controla al Estado y es capaz de ajustar la
institucionalidad del país para poder preservarse en el poder.
Ya que se ha probado tanto con
la unidad, ¿no será el momento de ir por su lado y que cada organización
proponga lo mejor que tiene, ver quién ofrece una verdadera opción en lugar de
exigir una fidelidad obligada?
—Es una apuesta riesgosa.
El problema es que estamos entrando en un año de elecciones presidenciales. La
crisis de la oposición, en el fondo, gira en torno a la candidatura
presidencial. Y lo cierto es que nadie está discutiendo con claridad cuál es el
mecanismo a través del cual se va a seleccionar a ese candidato. En la medida
en que no encares ese debate de manera abierta, transparente, disminuye la
capacidad de restaurar la coordinación básica que requiere poder impedir no
solo que el Gobierno gane elecciones sino que logre legitimar una arquitectura
institucional que es totalmente inconstitucional. Y eso son los dos juegos del
Gobierno: el electoral y el de legitimidad.
¿Y a qué juega la oposición?
—La oposición está pensando
que el juego es únicamente el tema estrictamente electoral.
Es una cortedad de miras
dividirse por una pequeña parcela de supuesto poder o por la opción de ser
candidato. Para el chavismo la oposición siempre ha merecido el trato de
enemigo y su futuro es la reducción a la mínima expresión, no hay alianza ni
pacto posible…
—No lo hay. Y lo estás
diciendo correctamente: en un sistema democrático, abierto, perder no es un
problema. Perder es cuestión de hacer gestión pública en otros espacios. En
Venezuela, donde la presidencia es todopoderosa, donde tienes control del
Tribunal Supremo de Justicia, donde has logrado crear esta ANC, donde eres
capaz de revocar el mandato electoral que eligió a un gobernador en el Zulia y
eres capaz de montar una autoridad pretoriana paralela cada vez que la
oposición se impone en una región, todo eso implica que perder en Venezuela sea
sumamente costoso. Es todo o nada permanentemente. Una institucionalidad
política planteada en esos términos es inviable, solamente sirve para quien
ejerce el poder. Y eso es lo que tiene que cambiar, pero es imposible que
cambie si el problema de coordinación básico en la oposición no es resuelto.
Ya hay una convocatoria a
elecciones de alcaldes, vemos la magnitud de la fractura en la oposición y
vimos el mecanismo efectivo implementado por el Gobierno para movilizar a los
votantes. ¿Hay que participar en las municipales?
Me parece que volver a
plantear el debate sobre si ir o no ir es cometer el mismo error del 15 de
octubre. El asunto es que cualquiera que sea la decisión si se da sin
coordinación y sin unidad, pues le estás sirviendo en bandeja de plata al
Gobierno exactamente lo que quiere: ganar en su juego de legitimidad y ganar
también en el juego electoral. El problema no es si vas o no vas, el problema es
lo previo, si la oposición es capaz de buscar un mecanismo que le permita
resolver ese problema de coordinación.
¿Y usted, personalmente, iría
a votar?
—Depende. Si yo veo que no hay
unidad, que no hay coordinación, pienso —y me parece que es lo que le pasa al
votante— que la credibilidad en una apuesta de cambio es menor. La oposición
tiene que resolver un problema básico con el elector: lo tiene que movilizar.
Lo que reflejó el 15 de octubre es que la oposición también cometió un
error al no poder movilizar: o porque no motivó a ese votante o porque no
tenía la capacidad organizativa o porque hubo fallas creadas por todo esto de
las reubicaciones y el uso de los puntos rojos del Gobierno. Resolver esto es
un tema de liderazgo. El debate, en el fondo, para la oposición es el tema del
liderazgo, que no es otra cosa que la candidatura presidencial.
Y el Gobierno, así como ha
jugado con el timing de las elecciones está aplicando exactamente la misma
medicina con las municipales. Está aprovechando un momento de debilidad para
acelerar las elecciones municipales y acrecentar las divisiones de la
oposición. Y lo mismo va a hacer con las presidenciales. No me sorprendería que
el Gobierno opte por adelantar las presidenciales al primer semestre del año y
quién sabe si hasta el primer trimestre del año entrante. Porque al Gobierno le
interesa terminar de estabilizarse políticamente y de ir a esa legitimación
internacional que le permitirá bajar la presión de las sanciones y tratar de
enfrentar las restricciones financieras que tiene.
Si hay unidad y coordinación,
pese a lo que ya sabe sobre el CNE, ¿iría a votar en las municipales?
—Si ve coordinación y si ese
liderazgo responde a las expectativas del votante, la gente a su vez va a
responderle. Pero si no logras eso que es tan básico, el Gobierno todavía tiene
unas fortalezas muy importantes para ganar este juego electoral e ir avanzando
y legitimar a la ANC de cara a la presión internacional, que es lo que desea.
Ese es su objetivo superior. El plano electoral, para el Gobierno, está sujeto
a ese objetivo superior. Y en la medida en que la oposición no resuelva ese
problema de coordinación política, ese objetivo superior se hace mucho más
alcanzable en el contexto de unas elecciones que le permiten ir legitimando a todos
los poderes públicos.
¿No pesa más, de ahora en
adelante, la desconfianza? Es decir, tener la certeza de que tu voluntad como
votante no cuenta si el Gobierno lo decide
—Es importante hablar del
votante. ¿En qué piensa? ¿En qué contexto está? Está en el contexto de una de
las contracciones económicas más importantes de la historia venezolana. Está
viviendo un episodio hiperinflacionario, que no se vivía en Latinoamérica desde
los años 80. Está viviendo un empobrecimiento masivo de la población: 82 % de los
venezolanos viven en condiciones de pobreza. La gente lo que quiere es ver cómo
vas a resolver ese problema económico y social que se hace cada vez más grande.
En la medida en que la oposición siga debatiendo si va o no va, pues se va a
ver cada vez más distante de esa realidad social y económica. Eso es
fundamental. Al final del día la gente quiere un cambio para resolver esos
problemas. Y quien logre resolverlos, y en particular el tema inflacionario, va
a ganar en popularidad de una forma muy importante. Todos los gobiernos en
América Latina que resolvieron el problema de la inflación obtuvieron un rédito
y un capital político muy alto.
Maduro no lo va a solucionar,
pero tampoco va a dejar abierto el camino para que otro lo haga…
—Pero eso requiere entonces
resolver este dilema en torno al liderazgo opositor. Si no lo haces, eso que
hablan de una tercera vía se va a ir abriendo. Creo que esa tercera vía en la
medida en que la oposición esté dividida no tiene un triunfo completamente
asegurado. La elección presidencial se puede partir a tres candidaturas y ese
es un escenario al que el Gobierno podría estar apostando.
Fotos: Oscar Medina
29-10-17
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