Lucía Abellán 29 de octubre de 2017
La UE elabora una lista de cargos
políticos y militares vinculados con la represión
Bruselas prepara por primera vez sanciones
contra Venezuela.
La
medida, contemplada desde el verano, tras las elecciones constituyentes que
desplazaron al poder Legislativo, cuenta ya con el apoyo unánime de todos los
Estados miembros de la UE, según confirman fuentes diplomáticas y comunitarias.
Aunque la aprobación aún puede tardar varias semanas, los ministros de
Exteriores darán este lunes una señal de que la reprobación diplomática se
aproxima.
De esa
manera pretenden responder a las elecciones regionales plagadas de
irregularidades.
España
lleva meses pidiendo a sus socios comunitarios una acción contundente contra
los excesos del régimen de Nicolás Maduro. Bruselas ha mostrado dudas, en buena
medida porque las sanciones constituyen una medida de último recurso que se
emplea cuando el diálogo está agotado.
Adoptar
medidas restrictivas contra un país extranjero requiere, además, unanimidad de
los 28 socios. Y Grecia ha estado frenando durante varias semanas un proceso
que el resto de países consideraban ya ineludible.
Vencidas
esas últimas resistencias, los embajadores de Exteriores de la UE han dado el
visto bueno político para que empiece el trabajo técnico. Aunque la carga
simbólica de aplicar sanciones es muy elevada, se trata de medidas selectivas,
de baja intensidad.
La UE
pretende vetar la entrada en territorio comunitario a líderes —políticos o
militares— considerados responsables de vulnerar las normas democráticas en
Venezuela.
También
se congelarán los bienes que pudieran tener en países europeos y se prohibirá
la exportación de material susceptible de emplearse para la represión de la
población, explican las fuentes consultadas.
El
objetivo es “ejercer presión sobre el régimen, pero no con medidas que afecten
a los ciudadanos”, explica un diplomático de uno de los grandes países de la
UE. También se pretende preservar los canales de ayuda humanitaria al país,
sumido también en una gravísima crisis económica y una acuciante escasez de los
bienes más básicos.
Deterioro democrático
La UE
observa con preocupación el deterioro de la democracia en el país
latinoamericano y constata que el diálogo ensayado hasta ahora da escasos
resultados.
Bruselas
no reconoció las elecciones a la Asamblea Constituyente, celebradas en julio. Y
el Parlamento Europeo ya pidió el mes pasado a Mogherini que aprobara esas
sanciones selectivas cuanto antes.
Las
fuentes consultadas rehúsan ofrecer pistas sobre el perfil o el número de
sancionados que incluirá la lista de la UE. La contribución de España será
decisiva a la hora de aportar nombres, que deberán ser refrendados por los
otros 27 Estados.
Bruselas
trabaja con el escenario de aprobar definitivamente el castigo diplomático en
el plazo de un mes, posiblemente en la próxima reunión de ministros de
Exteriores.
La UE
ya mostró algunas dudas a la hora de condenar las elecciones a la Asamblea
Constituyente que se celebraron para orillar a la oposición y crear un poder
alternativo al del Parlamento elegido en unas legislativas que ganó la
oposición.
También
entonces las dudas de Grecia, remisa a censurar procesos internos de un país
tercero, retrasaron la reacción y rebajaron la dureza del mensaje europeo. Tres
meses después, España considera que las sanciones se han dilatado en exceso,
pero confía en que logren incentivar la solución política al conflicto
venezolano.
Europa
siempre se lo piensa dos veces antes de adoptar sanciones, una herramienta
diplomática con gran carga de profundidad. Los Estados miembros necesitan
unanimidad para aprobarlas, pero también para levantarlas.
Así
que una vez se aplican, resulta complejo eliminarlas aun cuando cambien las
circunstancias que las motivaron.
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