Por CONTRAPUNTO
El documento señala que las
elecciones regionales estuvieron signadas por un conjunto de manipulaciones,
que hacen pensar que hubo un deliberado propósito de alterar los resultados en
favor de los candidatos del partido de gobierno
Que los candidatos ganadores
no puedan ocupar sus cargos porque se les impongan condiciones para ser reconocidos,
no establecidas en ley alguna nacional o estadal, o que se despojen de
atribuciones o recursos los cargos públicos que han de desempeñar, constituye
un desacato de la decisión de los electores.
Así lo expresó la Red de
Observación Electoral de Asamblea de Educación, por medio de un comunicado, a
propósito de las advertencias por el propio presidente de la República, a los
candidatos electos en los comicios del pasado 15 de octubre, de no permitirles
ocupar sus cargos si no se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente.
Esta medida podría afectar a
los gobernadores de Táchira, Mérida, Zulia, Nueva Esparta y Anzoátegui, donde
la elección favoreció a los candidatos de la oposición, quienes no han aceptado
someterse a dicho mandato.
El documento destaca que la
norma vigente, específicamente el artículo 12 de la Ley de Elección y Remoción
de Gobernadores, establece que los mandatarios regionales electos deben
juramentarse ante las respectivas Asambleas Legislativas Estadales.
Por otro lado, el texto
denuncia que también se estaría violando la voluntad de los electores al
intervenir las policías estadales de los cinco estados arriba mencionados, como
ha procedido a practicar el poder ejecutivo, y con el trasladado de funciones y
recursos de la gobernación al gobierno central, como ya sucedió en el caso de
Táchira.
“Esta medida, aplicada sólo a
los gobernadores electos no afines al partido de gobierno, limitaría la
capacidad de las autoridades electas de enfrentar los graves problemas de
seguridad ciudadana que afectan a la población de los estados en donde deberán
ejercer sus funciones de gobierno”, agrega el escrito.
Adicionalmente, la Red afirma
que en un proceso electoral verdaderamente democrático se debe contar no sólo
con votaciones competitivas y libres, estimuladas y protegidas por las
autoridades electorales, sino que es además imperioso que se respeten los
resultados que expresan la voluntad popular.
De acuerdo a la Red, estos
hechos se suman a una serie de irregularidades ocurridas antes y durante el
proceso electoral, entre las cuales se encuentran la inhabilitación de
candidatos; la descalificación de la MUD para presentar candidatos en siete
estados; el impedimento a los partidos de sustituir candidatos postulados; las
reubicaciones precipitadas e ilegales de centros de votación; el voto bajo
coacción; la compra de votos; el amedrentamiento de electores y las
irregularidades posteriores a la elección arriba señaladas.
La Red subraya que, un caso
que merece particular atención es el que origina el reclamo del candidato a la
gobernación del estado Bolívar, Andrés Velásquez, quien ha denunciado la
alteración de votos registrados en las actas de varias mesas de ese estado, en
perjuicio de su candidatura.
A este respecto, bastaría una
recta revisión comparativa entre lo contenido en las actas y la información
transmitida al CNE, para despejar las dudas sobre quién es el ganador de la
contienda. Siendo esto así, cualquier obstrucción a la realización plena y
transparente de este procedimiento arrojará cuestionamientos razonables sobre
la legitimidad de quien sea proclamado Gobernador de esa entidad.
A propósito de la elección en
el estado Bolívar el documento destaca que éste es uno de los casos en que se
manifiesta de manera patente el efecto pernicioso de haber mantenido en la
boleta de votación los nombres de personas que se habían retirado de la
contienda electoral. En este estado 3.787 electores emitieron su voto por
Francisco Sucre, quien fuera candidato de los partidos AD, PJ y PA en las elecciones
primarias de la oposición, los cuales solicitaron la sustitución de Sucre por
Andrés Velásquez, lo que las autoridades del CNE negaron a hacer, basados en
una acomodaticia decisión del Tribunal Supremo de Justicia de inocultable sesgo
político.
De haberse cumplido con lo que
establece el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los votos
obtenidos por Francisco Sucre tendrían que ser sumados al candidato Andrés
Velásquez, lo que le habría otorgado el triunfo en la elección. De manera que
con la decisión del CNE se consumó una flagrante violación de la voluntad de
los electores.
“Lo anterior nos lleva a
afirmar que la elección de gobernadores efectuada el 15 de Octubre estuvo
signada por un conjunto de manipulaciones, violatorias de las normas
establecidas, que hacen pensar que hubo un deliberado propósito de alterar los
resultados de la elección en favor de los candidatos del partido de gobierno”,
agrega el documento.
“Solo la intervención de
jueces imparciales y de reconocida trayectoria, permitiría restablecer la
confianza ciudadana en los procesos electorales en el país, menoscabada por las
actuaciones de las autoridades electorales, mediante la realización de una
auditoría general del proceso electoral que establezca la verdad sobre lo
sucedido y dé bases para que se hagan las correcciones pertinentes”, finaliza
el comunicado.
23-10-17
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