Por Antonio Pasquali
La ejecución extrajudicial
del ex inspector de policía Oscar Pérez y seis de sus conmilitones, dispuesta a
confesión de parte por la Presidencia de la República (“a 17 días de dar la
orden, orden cumplida” declaró un complacido Maduro la noche del 16 de enero),
es apenas otro doloroso y emblemático episodio en la incontable serie de
aberraciones que devastan el tejido social cada vez que la más obtusa,
intolerante e ideologizada lógica militar, entronizada en el poder, violenta y
remplaza la tolerante, civilista y civilizadora lógica de la política en la
conducción de una república. Episodio, el de Pérez y sus compañeros, muy
probablemente de uso interno, de un generalato que estimó llegado el momento de
dirigir a los integrantes de los cuerpos militares y paramilitares un aviso de
amenaza: a quienes objetan, desacatan o se alzan contra la doctrina y praxis
oficiales del régimen, será aplicada a la letra la consigna del comandante
eterno socialismo o muerte, y morirán de un tiro en la cabeza como Oscar
Pérez. Nuestro inspector disidente habría sido pues
ejecutado pourl’exemple, un cruel castigo inventado por los
centuriones romanos y reeditado por las fuerzas beligerantes de la Primera
Guerra Mundial cuando mandaban a fusilar sobre el campo de batalla a supuestos
cobardes y desertores; una aberración militarista dramáticamente escenificada
hace sesenta años por Stanley Kubrick en su inmortal Senderos de
Gloria de 1957.
Igual tratamiento
militar-aberrante recibieron en el país: a), desde 2015 la grotescamente
llamada Operación de Liberación del Pueblo, entrarle al cerro a lo mero macho
en busca de forajidos, paramilitares y “terroristas” matando a justos y
pecadores con muchas decenas de víctimas, y b) las dos protestas-insurrecciones
civilistas y desarmadas de 2014 y 2017 contra la dictadura, ahogadas en sangre
por los cuerpos militares y paramilitares del régimen con saldos de
aproximadamente 80 y 200 muertos, en su aplastante mayoría por fuego castrense.
Respetables ONG nacionales y la propia ex fiscal Ortega han calculado que
dentro de ese terrible y vergonzoso fardo que Venezuela lleva en hombros de los
casi 30.000 homicidios al año (España: 292 en 2016), la cuota parte de muertos
bajo fuego militar y paramilitar para el período 2015-2017 fue de
aproximadamente 8.000 víctimas. Recuérdese, para contrastar hipócritas
retóricas y duros hechos, que el 17 de noviembre de 2011, rememorando la célebre
condena bolivariana maldito sea el soldado que dispare contra su
pueblo, el hiperbólico coronel Chávez había vuelto a jurar que “más nunca
se verá en Venezuela una Fuerza Armada ametrallando y masacrando
inclementemente al pueblo”. ¡Trágica incongruencia de dictaduras que impusieron
al país una concepción bélica del convivir!
Pero la más mortífera
aberración parida por un régimen despótico con cerebro en Fuerte Tiuna es la
que trasluce la política oficial de negar la creación de canales humanitarios
que mitiguen las devastadoras carencias de alimentos y medicinas, so pretexto
militar de que serían la antesala de una invasión del país.
Este tipo de reacción fóbica
con visión demonizada del “imperio” lo incorporó a la praxis gubernamental el
coronel Chávez cuando la vaguada de Vargas en enero 2000. Descalificó la
búsqueda internacional de ingenieros militares formulada por su ministro de la
Defensa, Raúl Salazar, y prohibió que se acercaran a aguas nacionales dos
navíos norteamericanos con hospitales, 450 ingenieros y sofisticadas
maquinarias de rescate, al declararlos innecesarios.
La hipótesis de que la
traída de alimentos y medicinas pudiere inducir una invasión física de
Venezuela por fuerzas norteñas o brasileñas (hipótesis que solo un afiebrado
estratega de escritorio puede formular y un gobierno deshonesto apropiársela
para aparentar ante el mundo una inexistente suficiencia) es hoy doctrina
oficial del poderoso Ministerio de la Defensa, con el presidente Maduro y todo
un cortejo de civiles colaboradores del régimen de consecuentes pregoneros. Fue
en octubre 2015 cuando el ministro López Padrino –rechazando declaraciones del
general John Nelly, jefe del Comando Sur, en que se mencionaba una eventual
crisis humanitaria en Venezuela– comenzó de primero a conjugar “crisis
humanitaria” con “plan preconcebido e “injerencismo imperialista”, a lo que
siguió, en septiembre 2017, una doble precisión: a) la crisis humanitaria “la
están provocando el imperio y sus seguidores nacionales apátridas” y b) “la
solicitud de un canal humanitario abierto … los que estamos vestidos de verde,
de patriotas… sabemos que lo que está detrás de una intervención de carácter
humanitario… es una intervención desnuda, un injerencismo descarado”, razón por
la cual el canal humanitario dejó de ser una cuestión de vida o muerte para
miles de venezolanos para convertirse manu militari en un problema
“de seguridad y defensa de la patria” que solo y los vestidos de verde,
perennes salvadores de la patria, manejarían.
Maduro ha sido un diligente
divulgador de esa mortífera aberración militarista añadiéndole ingredientes
retóricos de su cosecha: “Este país no requiere ayuda humanitaria, es un cuento
falso… no es un país mendigo”; otras contradiciéndose al afirmar que “es la
oposición la que sabotea la distribución de alimentos y medicinas en el país”
(¡luego la crisis existe!), otras más sacando a relucir la deshilachada y ya
irrealista tesis de que la fulana crisis “es un invento de Estados Unidos para
justificar una invasión a fin de apoderarse del petróleo y las riquezas del
país”, o aseverando que “hay una campaña mundial dirigida desde Washington para
planear una intervención extranjera con la excusa de una supuesta crisis
humanitaria”; hasta inventar siniestramente que “las acciones de violencia y
terroristas… de 2017… buscaban generar una crisis humanitaria para justificar
la intervención y ocupación militar imperialista en el país”. Otros integrantes
civiles de la escuálida cúpula gubernamental recogen de cuando en vez y a su
manera la consigna, y como botón de muestra la cínica falsedad del modelo Delcy:
"En Venezuela no hay hambre, no hay crisis humanitaria, hay amor”... También
al felón Tribunal Supremo de Justicia se le ordenó actuar en consecuencia: el
27 de octubre pasado negó por cuarta vez a la ONG Cecodap, con nueve meses de
atraso, un recurso de amparo con el que se buscaba garantizar a todo menor de
edad el acceso a medicamentos esenciales.
En esta época de vertiginosa
expansión de la libre comunicación, Venezuela se nos ha convertido en una
cápsula comunicacional cada vez más disminuida y sin balizas por obra de un
régimen que retiene u oculta información esencial y supervisa, espía, filtra y
censura todo lo que entra y sale de ella, por una constelación mediática nacional
diezmada o domesticada, por una rampante y lamentable autocensura, una libertad
de enviar y recibir mensajes cada día más reducida y controlada, un hardware
comunicacional obsoleto, desactualizado y degradado a ojos vista, unas redes
sociales en irrecuperable pérdida de credibilidad, y hasta una minimización por
razones de inseguridad de la habitual inter-sociabilidad no virtual, del
conversar y visitarse, del fraternal ágape, del desplazarse, salir de noche,
viajar y asistir a actos multitudinarios. Resalta obviamente en este cuadro el
rol del régimen como principal represor de libertades, generador
de fakenews e imitador casi perfecto de aquel mundo orwelliano en que
los dictadores inventan una “neolengua” (patria, país potencia, magnicidio,
amor, felicidad suprema, invasión etc. etc.), tienen ministerios de la
Verdad para manipular la historia; del Amor para perseguir,
torturar y matar a quien no ame al tirano; de la Paz para debelar las
oposiciones y de la Abundancia para manipular políticamente la
escasez. En un ámbito interrelacional empobrecido a ese punto, confuso y
maniqueo, carente de fuentes informativas de confiable credibilidad, es lícito
preguntarse por rectitud profesional si efectivamente vivimos una grande y
peligrosa crisis humanitaria, y si al régimen no le asiste alguna razón cuando
remite a la intervención de agentes exteriores las dificultades
médico-alimentarias del país.
Algún lector habrá
probablemente soltado una lágrima al leer el pasado 31 de diciembre, en el
medio electrónico Prodavinci, la larga entrevista de Hugo Prieto al médico
anestesiólogo y paliativo Fabio Fuenmayor titulada “La crisis humanitaria es un
clisé que no le dice nada a nadie”. Citemos in extenso la voz de este
testigo presencial de los hechos, de alguien que maneja a diario el segmento
terminal de la vida allí donde llegan a su cuello de embudo el desastre
hospitalario nacional, la fuga de médicos, la carencia casi total de
medicamentos esenciales y la hambruna, a que nos diga si la “crisis
humanitaria” es una realidad o un cuento de la oposición: “La Crisis
humanitaria es una edificación bien montada por la revolución chavista cuando
llegó al poder…En una revista interna del Ministerio de Salud, la
entonces ministra, María Lourdes Urbaneja (2003), planteó que había que acabar
con la industria farmacéutica, porque era “capitalista”… y que había que
regresar a la medicina tradicional;… ellos consideran que la medicina
tradicional indígena es mejor que la medicina occidental, …y que [debe
tratarse] la hipertensión con remedios que no sean producto de la industria
farmacéutica…; es un problema ideológico que, a mi modo de ver, llega a la
sicopatía o a la sociopatía…. Solo puedo ver el sufrimiento de la gente en su
cara…no hay manera de que pueda aliviarle el dolor… porque no dispongo de los
coadyuvantes para tratar sus diferentes condiciones…Ninguno de mis pacientes ha
tenido disponibilidad de medicamentos a través del 0-800 Salud… y más
recientemente les preguntan si tienen el carnet de la patria.”Muchos “pacientes
de hipertensión, de diabetes o de cáncer saben que van a morir porque no están
recibiendo el tratamiento para la tensión o para el azúcar”. Cuando un paciente
se muere “los familiares me donan los analgésicos que les quedaban,… porque
esos pacientes recibieron analgésicos que, a su vez, a mí me habían donado. A
través de ese ‘sistema’… logras atender a cierto número de pacientes. Pero eso
te coloca en la difícil situación de tener que decidir a quién le doy y a quién
no le doy…. A los demás los tengo que mandar a la calle, a buscar sus
medicamentos… Estamos extirpando senos para evitar que la mujer muera en una
recaída…el país ha regresado a prácticas médicas de hace 30 años… porque los
tratamientos lógicos, normales, convencionales, de quimioterapia y radioterapia
no se pueden aplicar… El Instituto Nacional de Higiene quedó en un segundo
plano para saber si un medicamento era apto o no apto. Todo eso se perdió, todo
eso se mandó a la porra. Entonces, tú no sabes con qué estás trabajando…
Actualmente no tengo pacientes que se están curando sino que se están muriendo…
Las estadísticas [sobre las causas de las muertes] no se llevan porque al
gobierno no le interesa de qué se va a morir la gente… si en Venezuela es
difícil contar los muertos por la violencia ¿vamos a contar los muertos por
causas no violentas?… La gente se está muriendo en las calles como en el siglo
XVIII por enfermedades infecciosas, por contaminación en los hospitales, por
falta de prevención, por falta de tratamientos curativos y por falta de
tratamientos paliativos. Sí, la gente está muriendo de mengua en las calles.
¿Qué puedes esperar, si la gente está comiendo de la basura? Claro, es más
elegante hablar de crisis humanitaria. Es menos soez…”.
Los medios más decentes
vuelcan a diario sobre el país espeluznantes informaciones relativas al doble
drama de falta de alimentos y de servicios e insumos curativos que sería
prolijo sintetizar. Charitas señala la existencia en Venezuela de hasta 380.000
menores de edad en riesgo de inanición irreversible por carencia de alimentos.
Datos globales fehacientes no existen principalmente porque el régimen,
arteramente, dejó de publicar en 2013 el Anuario de Mortalidad, pero el
gremio médico nacional abriga la íntima certeza, por ahora no cuantificable, que
un porcentaje increscendo de las aproximadamente 420 defunciones
diarias en el país se debe a insuficiencias alimenticias, desastroso estado de
los hospitales públicos, falta de asistencia médica y crónica carencia de al
menos 80% de los medicamentos e insumos esenciales. El día en que se vuelva a
disponer de estadísticas confiables de mortalidad nacional quedará en
evidencia, no caben dudas, de que el tratamiento militar de la crisis
humanitaria nacional, basado en la fábula de la “invasión” que bloqueó la
creación de canales humanitarios alternativos, produjo la muerte prematura de
decenas de miles de venezolanos.
El régimen felón no quiere
aparecer ante el mundo como un paria y no priorizó el derecho a la vida de los
venezolanos como se lo exige la Constitución. No posee ni el dinero ni el
crédito para adquirir medicinas y alimentos, y achaca la causa y el efecto a la
disidencia. Sin embargo, el país le hubiese perdonado su rechazo al “canal
humanitario” si, en gesto pertinente y decoroso, hubiera encarado con humanista
valentía el problema dando prioridad a la supervivencia de la población por
sobre el pago puntual de las inmensas deudas que le dejó Chávez al país, o
hubiese suspendido sine die el regalo de decenas de miles de barriles
diarios de petróleo a Cuba, invirtiendo el ahorro en la traída diaria al país
de uno de los cargueros ShaanxiY8F de la aviación militar forrado de
medicamentos hasta cubrir totalmente la penuria nacional. Nada de eso hizo y
siempre negó el “canal”; no lavó ni prestó la batea, actuó bajo intoxicación
ideológica principista de inspiración castrense dejando que centenares y miles
de venezolanos se murieran en aras de esa aberración militar. En junio 2017 el
régimen llegó incluso a hacer caso omiso de una relevante oferta oficial de
ayuda medicinal y médica del PNUD de Naciones Unidas. En las catastróficas
condiciones en que se encuentra hoy el país, la no interrupción de la ayuda
chavista a Cuba ha pasado literalmente a ser un delito de lesa población
venezolana, un crimen estalinista y sado-masoquista.
Al actuar de la suerte, el
régimen viola flagrantemente los artículos 83 y 84 de la Constitución que
definen la salud como “un derecho social fundamental, obligación del Estado que
lo garantizará”, viola el 438 del Código Penal venezolano y viola el 7-k de los
Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional, que Chávez se precipitó
a firmar entre los primerísimos el 7.6.2000, el cual impone a la Corte
intervenir ante “cualquier acto inhumano que cause intencionalmente graves sufrimientos
y atente contra la integridad física o la salud mental de quien lo sufre”.
El necesitado de ayuda
médico-sanitaria es persona en estado de peligro que el Estado debe
constitucionalmente socorrer. El no asegurar a la población alimentos
suficientes, no garantizarle atención sanitaria adecuada, constituyen delitos
equiparables, en el plano social, a la no prestación de ayuda a individuo en
peligro, configurando un delito por no prestación de auxilio a sociedad en
peligro. Es lo que el derecho francés llama desde 1934 non assistence à
personne en danger que el artículo 223-6 de su más reciente Código Penal
condena con penas de 5 años de prisión y 75.000 euros de multa, aplicables
incluso –léase bien– a quien impida la prestación del socorro por terceros
(como la no-aceptación de una ayuda foránea), o lo que una ley italiana llamada
“del buen samaritano” califica de delitto di omessasolidarietá,
solidaridad que el artículo 593 de su Código Penal define como “un deber aunque
resulte penoso o peligroso prestarlo” y cuya pena pasa al doble si la no
prestación de socorro causa el fallecimiento de la persona a socorrer. Pero el
régimen finge ignorar, o ignora paladinamente, o lo sabe y lo viola, que
nuestro propio Código Penal también contempla el delito de “omisión del deber
de socorro” y prescribe en su artículo 438 una pena para quien “habiendo
encontrado persona…en situación peligrosa…haya omitido la prestación de su
ayuda a dicha persona” por considerarla infracción dolosa al deber de
solidaridad, mientras que su artículo 195 recoge el principio francés de
incriminar por igual a quien impide la prestación de socorro por terceros, al
condenar de 3 a 12 meses de prisión el “no solicitar auxilio ajeno con
urgencia”.
Llama la atención que la
defenestrada fiscal Luisa Ortega, al denunciar el 15 de noviembre 2017 al
presidente Nicolás Maduro y cuatro generales de su gabinete ante la Corte Penal
Internacional de La Haya por “delitos de lesa humanidad”, con un libelo de 495
páginas y 1.000 piezas a convicción, se haya limitado a señalar los crímenes de
asesinato, tortura y encarcelamiento que condujeron a la muerte de 1.767
personas en 2015, de 4.677 en 2016 y de 1.846 el primer semestre de 2017,
tomando pues en consideración tan solo los apartados a), b), e) y f) del
artículo 438 de los Estatutos de la CPI en que se enumeran los once casos
definibles como “crimen de lesa humanidad” y descuidando el anteriormente
señalado apartado k): “ Otros actos inhumanos de carácter similar que
causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la
integridad física o la salud mental o física” que, en el sub-capítulo
alimentación y salud vienen hoy produciendo en Venezuela una mortalidad muy
superior a la causada por el asesinato de disidentes y otros perseguidos a mano
de fuerzas gubernamentales.
apasquali66@yahoo.com
28-01-18
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