Por Roberto Patiño
La suma de hechos sucedidos
en los últimos días señala aspectos que serán determinantes para el futuro
inmediato de nuestro país: el agravamiento de la crisis sistémica venezolana,
estimulada por el poder y en la que destacan las problemáticas del hambre, la
escalada hiperinflacionaria y la nueva etapa que asume el régimen en la
criminalización del descontento popular y la disidencia política. Desde nuestro
trabajo por la convivencia alertamos al respecto de esto, más aún cuando se da
en paralelo al agudizamiento de la violencia de Estado, ejercida de manera
extrema y por fuera de los marcos legales.
Los saqueos y disturbios que
vienen produciéndose desde finales del año pasado a raíz del hambre llegaron a
niveles masivos en localidades del interior como Calabozo. Allí se produjo la
intervención de fuerzas militares con el empleo de un helicóptero armado para
contener y aterrorizar a la población civil. Menos de 24 horas después, los
actos de protesta en la celebración de la Divina Pastora en Barquisimeto
visibilizaron el descontento mayoritario hacia el gobierno y las Fuerzas
Armadas, teniendo eco en las palabras del obispo de San Felipe, Víctor Hugo
Basabe, durante ese mismo evento.
El lunes 15, Nicolás Maduro
presentó la memoria y cuenta de 2017 frente a la ANC, violentando nuevamente el
orden constitucional del país al comparecer ante este órgano ilegal. En su
discurso, amenazaba con aplicar la infame Ley del Odio sobre el obispo Basabe y
monseñor Antonio López Castillo, a la vez que calificaba de “terroristas” a
grupos de la oposición. Ese mismo día, Oscar Pérez era ajusticiado en un
deplorable operativo en la zona de El Junquito en Caracas. Voceros oficialistas
ajenos a organismos de seguridad hicieron apología de la violencia y
justificaron el uso de fuerza letal mientras en las redes sociales corrían
videos en los que el mismo Pérez solicitaba rendirse.
En el marco de nuestro
trabajo en la prevención de la violencia, creemos que uno de los elementos más
perturbadores de este suceso es que ha mostrado crudamente a la opinión pública
los procedimientos empleados en las OLP y que también pudimos reconocer en
algunos de los asesinatos a manifestantes ocurridos durante 2017: participación
de grupos paramilitares en conjunción con fuerzas policiales y del Estado,
“toma” militar de barriadas o urbanizaciones, no presencia de funcionarios de
la Fiscalía o el Ministerio Público y poca información y censura oficial en
procedimientos que vulneran claramente derechos humanos básicos.
Los eventos de los últimos
días señalan los dos focos de la estrategia del régimen para el afianzamiento
de su modelo dictatorial y que vulneran principios de convivencia que hemos
venido defendiendo. Por una parte, el régimen busca “normalizar” un estado de
zozobra, empobrecimiento y conflictividad, de enorme inestabilidad y riesgo
para las personas, en el que el gobierno se mantiene a través del uso de la
violencia y de mecanismos de control social y de dependencia del Estado. Por
otra, la categorización de la protesta, el descontento y la disidencia política
como formas de “terrorismo”, “criminalidad” o “insurgencia” ante los cuales es
“justificable” el uso de violencia extrema, la fuerza letal o la violación de
derechos humanos. Esto último lo vivimos durante las protestas de 2017, en las
que el discurso oficial equiparó a manifestantes con miembros de grupos
“terroristas” (calificativo aplicado de igual manera a líderes políticos de la
oposición), condonando los asesinatos, detenciones ilegales y hostigamientos
que se produjeron en esas fechas.
Esta estrategia continuará
profundizándose a medida que la situación del país se agrave. Es una dinámica
perversa en la que la estrategia alimenta la crisis, puesta en funcionamiento
por un gobierno que busca permanecer en el poder gracias al hambre, la
violencia y la pobreza que genera sobre nosotros. Desde el liderazgo político y
social debemos tomar conciencia de esta situación en orden de conducir y
organizar el descontento mayoritario y de afrontar los peligros ciertos de la
violencia y la opresión generadas desde el Estado. Con igual importancia,
nuestros esfuerzos deben darse a la par de la implementación de soluciones a las
emergencias de la crisis, en las que debemos involucrar a todos los
venezolanos.
robertopatino.com
20-01-18
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