Por Lester L. Lopez O., 27/01/2018
Apreciación de la situación política Nro.
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La decisión de la Unión Europea (UE)
de sancionar 7 funcionarios del régimen incluyendo, por primera vez, al primer
vicepresidente del PSUV y fraudulento constituyente, precipita la iniciativa de
la no menos fraudulenta ANC a adelantar las elecciones presidenciales previstas
para diciembre del presente año según la Constitución Nacional, para el primer
cuatrimestre del mismo, pero cuyo adelanto se estaba negociando en la ronda de
conversaciones en República Dominicana, para, probablemente, julio u octubre próximo.
El adelanto que viola, por parte del
régimen, el proceso de negociación en curso, es inmediatamente rechazado por la
comunidad internacional por arbitrario y por no cumplir con las garantías que
debe caracterizar este tipo de evento electoral. Igualmente es rechazado por un
buen porcentaje de electores opositores que favorecen la abstención hasta que
no se mejoren las condiciones electorales reinantes.
Pero, para la oposición venezolana
en general, la arbitraria decisión la obliga a atender un escenario dilemático
entre concurrir o no. Hasta el día de hoy, quizás afortunadamente porque están
analizando prudentemente la decisión, los partidos políticos no se han
pronunciado buscando un consenso que definirá el futuro político del país.
No concurrir al evento alegando
cualquiera de las razones válidas que existen, significa que el gobierno las
ganaría con todas las implicaciones políticas, económicas y sociales que esa
victoria acarrearía para la sociedad venezolana que quedaría dependiendo,
esencialmente, del apoyo internacional que, salvo organizar una acción militar
para salir del régimen, cualquiera otra acción solo agravaría las penurias que
sufre actualmente el país en general.
Concurrir, aún con las condiciones
actuales, pero con una candidatura y acuerdo de gobernabilidad unitario y con
una organización electoral adecuada acompañada de un discurso apropiado podría
convertirse en una victoria electoral que desaloje del poder a la calamidad que
nos gobierna, pero que, aun perdiéndolas, el expediente del fraude motivaría
acciones masivas de calle que a la larga obliguen al gobierno a retirarse. No
se puede omitir la realidad que para la fecha de las elecciones lo más probable
es que la crisis actual haya empeorado y eso va a jugar, en definitiva, en contra
del régimen y sus pretensiones de reelegirse.
Bajo esta perspectiva, no concurrir
a las elecciones es la peor opción.
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