Por S:D:B: Alejandro Moreno
Nada menos que 5.535 han
sido los muertos “por resistencia a la autoridad” durante el año 2017, según el
Observatorio Venezolano de la Violencia. ¿A qué autoridad? A la de funcionarios
policiales y militares.
Hace ya tiempo que quien
esto escribe había reseñado que estaba dada la orden de matar a los jefes de
bandas aunque estuvieran acostados en sus camas. Hace años que esto se está
cumpliendo a rajatabla. Es muy fácil para los funcionarios policiales o militares
camuflar, bajo el rótulo de “resistencia a la autoridad”, la muerte deliberada
de una persona. Basta ponerle a la víctima, una vez cadáver, un arma en la mano
y disparar con ella hacia alguna parte.
El sentido común nos dice
que no son tantos los jefes de banda; pero, aunque fueran, el Estado no tiene
derecho a ordenar o simplemente permitir la muerte de nadie en este país y
menos facilitar la libre iniciativa del funcionario al respecto, el cual,
además, bien sabe que no será sometido a ninguna sanción.
Las cifras del año 2017 son
solo una muestra de cómo se está procediendo en el control de la violencia de
los delincuentes. La preocupación se hace mucho mayor si consideramos que
muchas de las víctimas habrán sido personas inocentes que nada tenían que ver
con el delito. Sabemos muy bien cómo las llamadas fuerzas del orden disparan
sin ningún reparo cuando persiguen a quien a sus ojos aparece como un
delincuente. Y digo bien: “aparece”. En efecto, demasiadas veces es la
apariencia la que guía la acción represiva. Tener “cara de malandro”, ya
sea por el color de la piel, ya sea por el gesto, ya sea por la indumentaria,
es razón suficiente para que la supuesta autoridad decida “neutralizar” a una
persona sin ningún remordimiento y sobre todo sin ningún peligro de recibir
algún tipo de sanción.
Hace ya mucho tiempo que el
Estado venezolano parece haber decidido actuar sin ninguna contemplación, sin
pararle mientes a los derechos más elementales del ciudadano. Lo estamos
continuamente experimentando. Últimamente lo hemos vivido cuando un grupo de
sublevados contra el gobierno, mientras clamaban su entrega y rendición, fueron
públicamente masacrados.
No se trata de defender a
quienes violan las leyes y asesinan, también sin misericordia, sino de respetar
la vida de todo ser humano como un derecho inviolable por muy delincuente que
sea su conducta.
Si un Estado como el nuestro
se permite violar este fundamental derecho, todos los ciudadanos, buenos y
malos, estamos en peligro de muerte. Defendiendo la vida del delincuente,
defendemos también la nuestra.
ciporama@gmail.com
30-01-18
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