Por Henrique Capriles
“No se puede pedir
reconocimiento aniquilando al otro”. Este llamado de atención del Papa
Francisco, si en algún país debe ser escuchado es en nuestra Venezuela, que
esta semana vivió un episodio dantesco, que mostró, sin ningún tipo de
maquillaje, la realidad que se vive a diario en nuestro país.
La masacre ocurrida el lunes
pasado en El Junquito contra Oscar Pérez y sus compañeros puso los ojos del
mundo en la violación de los derechos humanos en Venezuela, en la impunidad con
la que operan algunos funcionarios de los cuerpos policiales y en la
complicidad de otros que se supone deben velar por la integridad de nuestro
pueblo.
Las leyes venezolanas no
contemplan la pena de muerte, pero la realidad es otra. El gobierno de Nicolás
Maduro condenó a nuestro pueblo.
Desde que se iniciaron las
llamadas OLP en Venezuela, las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en
práctica rutinaria. Se estima que en estos operativos policiales y militares,
sólo en 2016, murieron ejecutadas 241 personas en actos de verdadero
exterminio.
En 2017, 26.616 venezolanos
perdieron la vida en forma violenta, mientras que en Irak, país que vive en
guerra y sometido a constantes ataques terroristas murieron en el mismo período
3.298 civiles.
En Venezuela hay una guerra
pero contra la vida.
Es cierto, la inseguridad
siempre ha estado entre los problemas a resolver. Todavía está fresca en la
memoria de los venezolanos la alarma que nos causaba que mataran a un ciudadano
por un par de zapatos o por un celular. De hecho en 1998 la inseguridad ya era
una de las razones por las que los venezolanos abandonaban el país.
Pero año tras año la
situación se ha ido agravando, no sólo ha aumentado el número de personas
muertas y heridas por la violencia, sino también el número de venezolanos que
han decidido irse al ver lo poco que vale la vida para quienes dirigen el
destino del país.
En 18 años se han anunciado
con bombos y platillos 26 planes de seguridad sin resultados. Las cifras hablan
por sí solas.
Encabezamos la lista de
países con más muertes violentas con un índice de 89 por cada 100 mil
habitantes, según los más recientes informes de organismos que investigan las
estadísticas de criminalidad.
Superamos con creces el
índice de 10, que la ONU considera como epidemia de violencia.
Por resistirse a la
autoridad en 2017 murieron más de 5 mil personas, un promedio de 106 semanales
y 15 diarias. En este lamentable balance se encuentran también los 163
venezolanos que cayeron defendiendo sus derechos entre abril y julio de 2017
durante distintas protestas.
Pero no es necesario tirar
de un gatillo para acabar con una vida. El Estado también lleva al borde de la
muerte a aquellos que tiene bajo su custodia. Qué explicación tiene la
situación que viven quienes se encuentran privados de libertad, con o sin
condena, culpables o inocentes.
¿Y los más vulnerables?
¿Acaso no condenan a muerte a nuestro pueblo cuando ven inconmovibles, cómo
nuestros niños, nuestros abuelos y nuestros enfermos, pierden la vida por falta
de alimentos, de medicinas y por las graves fallas en nuestro sistema de salud pública?
Para el Estado y para
Maduro, la vida no vale nada. Se sientan cómodamente a señalar a otros de los
males que ellos han sembrado con su discurso de odio y violencia. Puede que
todavía uno que otro les crea, por convicción o conveniencia, pero las atrocidades
que están cometiendo son crímenes que no prescriben.
Se escudan en el poder y en
el secuestro de las instituciones del país. Se creen poderosos pero de la
justicia divina nadie se salva.
Venezuela clama justicia por
los miles de venezolanos asesinados en total impunidad, los millones que
padecen por falta de alimentos y medicinas, sin posibilidades de tener
una vida tranquila.
Estamos atravesando la peor
de nuestras crisis, pero no podemos permitir que el Gobierno nos convierta en
su espejo.
¡No creo en el camino de la
violencia! y aunque el gobierno nos haya secuestrado nuestro derecho al voto,
debemos seguir luchando para rescatarlo.
Claro que estamos
indignados, pero esa indignación debe convertirse en motor para seguir luchando
por lo que queremos, una tierra de paz y progreso, donde vuelva a imponerse el
valor de la vida. Un país que vuelva a ser receptor de nuestros hermanos de
otras naciones y al que regresen nuestros amigos y nuestros familiares que
decidieron irse buscando un futuro mejor.
Venezuela clama justicia, no
revancha. Los venezolanos debemos defender la vida de todos sin importar si
piensan distinto. No seamos aquello que queremos erradicar. Si no rompemos con
ese círculo vicioso este país no va a cambiar.
El próximo martes se conmemoran
60 años del 23 de enero de 1958. Pensemos en esa fecha y recordemos que la
unidad la hizo posible.
Tenemos un compromiso con
Venezuela. Luchemos juntos porque impere una verdadera justicia, sólo así
lograremos la ansiada paz que nos permitirá tener un mejor futuro.
¡Que Dios bendiga a nuestra
Venezuela!
¡Seguimos!
21-01-18
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