Por Jennifer McCoy
El gobierno de Venezuela, al
frente de un estado terriblemente fallido, anunció la celebración de elecciones presidenciales antes del 30 de abril de
2018. A primera vista, dicho anuncio debería constituir una buena
noticia. La oposición política y la comunidad internacional han exigido
de forma vehemente que se convoquen elecciones presidenciales tempranas para
resolver la crisis política y económica en la que el país está sumergido desde
que los precios del petróleo bajaron en 2014, y las protestas generalizadas
ocasionaron miles de detenidos y más de 130 muertes en el verano de 2017.
Sin embargo, si se analiza con más detalle, este anuncio no es positivo, por
varias razones.
Primero, el anuncio
unilateral de estas elecciones por parte del gobierno es una bofetada a las
conversaciones entre el gobierno y la oposición, que han sido facilitadas por
la comunidad internacional, y que comenzaron en la República Dominicana en
diciembre, precisamente para negociar condiciones electorales más justas.
Aún no se ha llegado a un acuerdo en sobre ese tema, así que este anuncio
parece ser un estratagema cínico para convocar elecciones rápidas, para hacer que la oposición se vuelva
un desastre y para continuar con el control férreo del poder.
El diálogo en dominicana
tiene también como objetivo abrir un canal humanitario para ayudar a las
personas que están sufriendo por la hiperinflación, la severa escasez de
alimentos y medicinas; busca restaurar la autoridad de la Asamblea Nacional que
fue elegida legítimamente y levantar las sanciones de deuda que impuso los
Estados Unidos y que impiden que el gobierno asuma préstamos para dar apoyo a
la moribunda economía en Venezuela.
Comenzar una campaña
electoral sin haber llegado a un acuerdo sobre estos otros temas sería una
distracción, prolongaría el
sufrimiento del pueblo y probablemente destruiría por completo las
negociaciones. A medida que nos acerquemos a las elecciones, el gobierno
continuará buscando préstamos de benefactores como China y Rusia para
incrementar los gastos de bolsas de comida subsidiadas y bonos salariales, y
esto lamentablemente sólo pondría en más riesgo la ya endeudada economía
actual.
Segundo, la celebración de
elecciones bajo las condiciones actuales carecerá de integridad. La
administración electoral en Venezuela, ha perdido toda apariencia de
imparcialidad luego que supervisase la elección de una entidad inconstitucional
como es la Asamblea Nacional Constituyente , con cifras infladas
en julio de 2017. El CNE también ignoró las evidencias de fraude en las
urnas en las elecciones de gobernadores en octubre de 2017 y exigió
a los partidos políticos de la oposición llevar a cabo un proceso laborioso
para renovar su inscripción, mientras que al mismo tiempo anunció la
inhabilitación sospechosa de candidatos y partidos de oposición más
prominentes.
Por consiguiente, la oposición
política debe de tomar una dura decisión: participar en las elecciones
anunciadas bajo condiciones desalentadoras e intentar buscar, a duras penas,
una victoria; o boicotear y arriesgarse a ceder el poder al gobierno por
seis años más sin luchar. Yo he sostenido que la
participación es necesaria, incluso si las elecciones son injustas y
sucias, ya que las mismas son un medio para redirigir al país hacia la
democracia. Por lo general, en regímenes autoritarios que aún convocan
elecciones, es mejor participar que ceder todo el poder al gobierno sin luchar.
La participación plena
de la oposición en las elecciones regionales y locales del otoño pasado,
habrían forzado al gobierno a competir, y habría permitido que la
sociedad civil monitorease las elecciones, documentara y denunciara los
constantes abusos de forma que se ejerciera presión en las negociaciones
en la República Dominicana, para que las condiciones electorales
mejorasen. Al contrario, hubo una división en los partidos de la
oposición entre los que querían la abstención y los que querían participación y
dejando un espacio para que el gobierno obtuviera victorias
rotundas en ambas elecciones.
Las elecciones
presidenciales, sin embargo, sin ningún cambio en las condiciones,
representarán la apuesta final del gobierno para mantenerse en el poder con un
poco de legitimidad que espera que sea otorgada por la comunidad internacional.
La apuesta no es irracional por parte del gobierno que cuenta con un electorado
resignado y hambriento; sin la confianza de que las elecciones serán justas o
que harán una diferencia en sus vidas, abstenerse o votar por el gobierno a
cambio de la promesa de una bolsa de comida. Mientras tanto, la oposición
política está dividida por ambiciones personales y direcciones estratégicas
competitivas. Aún no ha presentado un candidato de unidad que pueda
capitalizar la confianza y el apoyo de un gran sector de aquellos que están
cansados del desastre económico.
Los modelos históricos que
explican cómo los países superan fuertes divisiones no parecen ser escenarios
probables en Venezuela. Estos modelos incluyen a Nicaragua en 1990 cuando
una oposición unificada y masiva derrotó al gobierno revolucionario
sandinista en elecciones monitoreadas por la comunidad internacional;
tambien a Chile en las elecciones de 1989 cuando los izquierdistas
y los centristas se unieron para derrotar al gobierno militarista de Pinochet y a sus aliados
derechistas; Venezuela tampoco ha producido a un Nelson Mandela o a un F.W. de
Klerk capaces de negociar por el bien del país, como estos dos hombres lo
hicieron para poner fin al régimen del apartheid en Sudáfrica.
La comunidad internacional,
por tanto, debe participar para ayudar: la Unión Europea debe seguir el ejemplo
del Grupo de Lima conformado por 14 gobiernos hemisféricos
y Los Estados Unidos, para dejar claro que, si las elecciones no son
transparentes, abiertas a todas las partes y con un monitoreo internacional
confiable, las mismas carecen de legitimidad y no seran reconocidas. La
UE, Canadá y los Estados
Unidos -los principales países que han impuesto alguna forma de
sanciones a los funcionarios individuales o la capacidad del gobierno para
obtener más crédito- deberían dejar en claro las condiciones bajo las cuales
levantarían o suspenderían dichas sanciones. Las sanciones están dirigidas a
modificar comportamientos, pero los blancos de dichas sanciones deben saber qué
hacer para que se suspendan.
Finalmente, las
negociaciones en la República Dominicana necesitan ser resucitadas y hacerlas
partes de un esfuerzo mayor. Los facilitadores de estas conversaciones
deben dialogar con aquellos que manejan las sanciones para conectar las
condiciones necesarias para suspender las sanciones con la agenda de las
conversaciones. Igualmente, es más probable generar un movimiento que
lleve al cambio con formas más amplias de garantías mutuas: los
funcionarios del gobierno necesitan la garantía de que no va a haber una
cacería de brujas si pierden el poder. La corrupción desenfrenada y los abusos a los derechos
humanos han hecho que muchas personas de la oposición exijan castigos
fuertes. Sin embargo, lo que más puede reducir el miedo en aquellas
personas que se aferran al gobierno actual y que se mantiene en el poder es
algún tipo de justicia transicional que permita a todos, los que no sean
infractores graves, tener la opción de mecanismos de justicia
alternativos que estén basados en reparaciones a las víctimas y promesas de que
esas acciones no se repetirán.
Convocar a elecciones sin
las garantías mínimas y sin tomar en cuenta los problemas humanitarios tan
graves en Venezuela sólo prolongará el sufrimiento.
Traducción de Irene Liscano
Certified Court Interpreter
– GA Lic. No. C-08117
30-01-18
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