Redacción 25 de enero de 2018
Luis
Florido, diputado e integrante de la delegación en la mesa de negociación entre
el gobierno y oposición, reaccionó a las declaraciones del presidente
dominicano, Danilo Medina, quien aseguró que ambas parte se reunirán
nuevamente el 28 y 29 de enero.
Florido
escribió en su cuenta de Twitter: “si el gobierno no está dispuesto a avanzar y
no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario,
convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular, no será posible
concurrir a su país”,
La Alternativa
Democrática y el régimen iniciaron el
dialogo el pasado 1 de diciembre en Santo Domingo en busca de una salida a la
grave crisis política y económica que vive el país.
Las
partes tenían previsto volver a reunirse en Santo Domingo el pasado 18 de
enero, pero los democrátas no acudieron al encuentro por lo que el diálogo fue
pospuesto para una nueva fecha.
Una de
las razones para no participar en la reunión fueron unas declaraciones del
ministro de Interior de Venezuela, Néstor Reverol, que aseguró dos días antes
haber obtenido de los negociadores de la Unidad información que llevó a dar con
el paradero del exinspector de policía Óscar Pérez, fallecido durante una
acción policial.
El régimen
reiteró ayer la intención del Ejecutivo de continuar con las negociaciones,
pero Luis Florido, en representación de la Alternativa Democrática, dijo que
esta negociación “está moribunda” tras la convocatoria anticipada a elecciones
presidenciales para el primer cuatrimestre del año.
Los
aspectos centrales para la oposición en este diálogo son lograr garantías
electorales para los comicios presidenciales previstos para 2018, la apertura
de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la
liberación de los encarcelados que consideran “presos políticos” y la restitución
de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.
En
tanto, la dictadura exige el levantamiento de las sanciones económicas que
pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea
Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas, no
reconocido por numerosos gobiernos por su elección inconstitucional.
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