Fernando Camino Peñalver 27 de febrero de 2018
El
incremento de la pobreza en 2017 ha
traído como consecuencia el deterioro de todas las actividades vitales de
nuestra población, y así lo señala la UCV, la UCAB y la USB, basado en los resultados de su
estudio anual denominado Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi). Como era
previsible la situación de pobreza aumentó significativamente (87%) en 2017,
creciendo en un diez por ciento (61.2%) el nivel de pobreza extrema. Casi dos
tercios de nuestra población, cerca de veinte millones de habitantes, no tienen
ingresos para comprar la totalidad de los alimentos para su familia.
La
hambruna que se padece en nuestro país esta patéticamente reflejada en una
investigación realizada por el economista Ricardo Hausmann. El estudio señala
que con el actual ingreso mínimo, solo se puede adquirir para una familia el
equivalente al consumo de 2.740 calorías por día. Significa que el 61.2% de
nuestra población, apenas puede consumir 548 calorías diarias y los
requerimientos aceptables son 2.200 calorías.
La
causa principal de la hambruna que sufre la mayoría de nuestra población la
hemos venido señalando reiteradamente: es la destrucción del sector privado
productor de alimentos. Los instrumentos de que se ha valido el régimen para
tan insensato proceder, son básicamente: la inseguridad jurídica, el irrespeto
a la propiedad privada y los severos controles sobre todos los componentes de
los circuitos agroalimentarios.
Ante
este horror que ha desatado, el régimen se mantiene postrado con todas las
características de un Estado fallido, cuyo único norte es hacer todo lo posible
para seguir en el poder. Pero, a pesar de su aparente fortaleza, la realidad es
otra: todas las variables sociales, económicas y políticas presagian una
implosión.
Frente
a la grave crisis de inseguridad alimentaria que sufre nuestra población,
tendremos en su momento que afrontarla con medidas de urgencia: la ayuda
humanitaria inmediata, canalizada a través de donaciones y la ayuda humanitaria
representada por la apertura de líneas de financiamiento internacional. Esta
última se utilizaría para la importación de materia prima para la agroindustria
y alimentos elaborados para abastecer las redes de comercialización. Además, se
deberá implementar al mismo tiempo, la apertura necesaria para la importación
de insumos, maquinarias y repuestos para reactivar el sector agrícola y el
agroindustrial.
Hemos
venido planteando que la solución permanente al desabastecimiento y a la
carestía de los alimentos, es asumir una Política de Estado que garantice la
producción interna y que norme y estimule la importación y la exportación,
dentro del marco de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos
actuales. Es fundamental dentro de esta política la implementación de un plan
que, sin posiciones autárticas, garantice el pleno abastecimiento de alimentos
a nuestra población priorizando la producción interna.
En
consulta con sectores profesionales, empresarios y productores representativos
de los distintos circuitos agroalimentarios y de los agrotécnicos, hemos propuesto
al país el Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento de Alimentos: El
plan PAPA, el cual está fundamentado en cuatro acciones básicas: Garantizar la
Seguridad Jurídica a productores y consumidores, crear escenarios positivos
para Promover el Crédito Privado y Público, la promoción de proyectos para el
logro del financiamiento internacional necesario para el despegue y la
consolidación de la producción de alimentos y el apoyo a los planes de
producción elaborados por los integrantes de los circuitos agroalimentarios.
Para
garantizar la seguridad jurídica a productores y consumidores, es necesaria la
creación del marco jurídico que liberalice las actividades de los circuitos
agroalimentarios y el otorgamiento de la propiedad de la tierra. Igualmente, es
necesario crear garantías al consumidor para que pueda adquirir alimentos con
niveles de calidad nutricional y con condiciones sanitarias conforme a los
parámetros internacionales.
Mediante
el estímulo al aumento de la productividad, la actividad agroalimentaria
cubrirá sus costos y generará utilidades. Si convertimos la producción de
alimentos en un negocio seguro, la banca no tendrá que ser obligada a invertir
una parte importante de su cartera en el sector. Se contempla en el plan, la
creación de un banco de segundo nivel para dar apoyo financiero, a largo plazo,
a la banca y a los fondos regionales para el financiamiento de la
infraestructura de la producción.
El
sector público debe convertirse en agente promotor del financiamiento externo para
proyectos de apoyo tecnológico y el desarrollo de la infraestructura necesaria
para la recuperación y consolidación de la producción agroalimentaria.
Las
reformas del marco legal y del financiero, junto a la aplicación de políticas
públicas coherentes, tienen un fin específico: el apoyo a los planes de
producción de las organizaciones de los sectores agrícolas y agroindustriales
tanto nacionales como regionales, como actores fundamentales de la recuperación
y de la consolidación de la producción de alimentos.
Nuestra
meta mediante el plan PAPA, es ofrecer un abastecimiento suficiente y oportuno
a nuestra población mediante la armonización entre la oferta y la demanda. El
Estado debe mantener el equilibrio de las variables macroeconómicas para
garantizar el control de la inflación y mantener el poder adquisitivo del
consumidor. Asimismo, debe establecer políticas sociales y subsidios directos,
para hacer posible el consumo normal de los sectores más vulnerables de la
población.
Fernando
Camino Peñalver
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