Por Froilán Barrios
La amenaza y la persecución
al personal que protesta en las empresas del Estado pretenden silenciar la
denuncia ante el desconocimiento de los derechos laborales consagrados en la
CRBV, leyes laborales y contratos colectivos. A diario suceden manifestaciones
que desconoce la opinión pública, por la política de terror de encarcelar,
incluso, a dirigentes sindicales que informen la realidad laboral que extingue
el trabajo digno en los entes estatales.
En realidad, esta crisis
laboral afecta a todos los trabajadores de este país, públicos y privados,
desde los profesionales universitarios hasta el obrero de limpieza de cualquier
ministerio, ya que el ingreso mensual integrado por el salario mínimo y la
cesta ticket es de 800.000 bolívares, esto traducido en el dólar patrón de la
economía en tan solo 4 dólares, es decir, 70% de la población formal solo
percibe centavos de la moneda norteamericana para subsistir.
El caso que tratamos de las
empresas del Estado se agrava, ya que estos trabajadores se han quedado sin voz
ni representantes auténticos que los defiendan. En la mayoría de las empresas
estatales los sindicalistas han sido reconvertidos en milicianos obreros, y
desempeñan cargos vergonzosos como tenientes, sargentos, cabos de segunda, y
han abandonado a sus compañeros de trabajo al libre albedrío del gerente de
turno designado desde la Presidencia de la República. En otros casos, ni
siquiera existen sindicatos ni nada cercano que los represente.
La situación de estos
trabajadores les determina denunciar en el anonimato la realidad que padecen.
Traemos a colación a los empleados de Petrocasa, empresa creada para elaborar
el material de construcción de la Misión Vivienda, a quienes se les ha
prohibido constituir sindicatos o convenir contratos colectivos, incluso
pretendieron crear un consejo de trabajadores que los representara. Estos
denuncian que hoy su única reivindicación es el salario mínimo, ya que les fue
eliminado el comedor de la empresa.
En esta dimensión se sitúan
los trabajadores de Lácteos Los Andes en el estado Lara, donde los trabajadores
se atrevieron a protestar por la parálisis de 80% de la producción, la suspensión
del contrato colectivo y salarios miserables, y fue la excusa para que la
gerencia de la empresa procediera a ordenar a los cuerpos policiales detener a
tres miembros de la junta directiva del sindicato.
En esta dirección denuncian
igualmente trabajadores de Pdvsa de la Costa Oriental del Lago que laboran en
las plataformas lacustres, sin alimentación suficiente, transporte deficiente
con lanchas en mal estado, con salarios cercanos a los 800.000 bolívares
mensuales, se ven obligados a vender sus uniformes de trabajo y botas para
alcanzar un ingreso y alimentar a sus familias. Circunstancias que han
determinado la estampida de más de 10.000 petroleros al exterior.
Recientemente pudimos
conocer las denuncias de directivos sindicales de Corpoelec, quienes dieron a
conocer la falta de mantenimiento y de inversiones en el sector eléctrico como
la causa de los continuos apagones y la caída del servicio a escala nacional.
Por tal advertencia fueron detenidos los dos sindicalistas de mayor jerarquía
en Corpoelec.
En resumen, las directrices
de la gerencia pública de estas empresas son el continuo desmantelamiento del
sistema de relaciones de trabajo, para garantizarse el control de la protesta
laboral y la precarización laboral de la mano de obra no solo de este sector,
igualmente de trabajadores de ministerios, alcaldías, gobernaciones e
institutos autónomos. Siendo este el dibujo del modelo laboral coercitivo que
propugna el régimen para todos los trabajadores de este país.
21-02-18
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