Por Roberto Patiño
Yasiri Paredes vive en la
parte alta de La Vega, en el sector Bella Vista. La tarde del sábado subió las
escaleras que llevan a su casa y parada sobre el último escalón, tomando aire,
escuchó unos pasos. Se apresuró a entrar y se encerró. Entonces, oyó cómo
apuñaleaban a un muchacho.
Aterrorizada, se negó a
salir hasta el día siguiente. “Así una no haya hecho nada, ni esté
involucrada, una no sabe si cae presa, o resulta herida, porque en esas cosas
puede salir salpicado cualquiera”, me dice. Ahora, los “dolientes” del muerto
están buscando venganza. Se los puede ver caminando por la zona y, después de
las seis de la tarde, sentados en las escaleras. Se dice que podrían comenzar a
matar gente en las noches.
El muchacho asesinado, dice
una preocupada Yasiri, pertenecía a El Carmen, donde opera la banda delictiva
familiar Los Chinos. El joven no estaría involucrado con la banda, pero al
ser un vecino de su sector, esta asume su asesinato como una ofensa y por eso
busca venganza. Yasiri explica que la comunidad donde ocurrió el homicidio pasa
mucho tiempo sola. La mayoría de las personas que viven ahí trabajan fuera:
salen a primera hora de la mañana y retornan a sus hogares en la tarde, prestos
a encerrarse en casa. Ahora esta conducta se refuerza ante la posibilidad
cierta de más muertes.
El testimonio de Yasiri
condensa diversos aspectos del tema de la violencia, que ha sido crónico en
nuestra historia y que ha escalado de manera sostenida en las últimas dos
décadas y en particular durante el gobierno de Nicolás Maduro. Nos habla de
contextos urbanos en los que la presencia de las fuerzas del orden es escasa o
nula, y es percibida con desconfianza y temor por las personas a las que
supuestamente debe proteger y servir. Un contexto en el que los principios
de autoridad se ejercen desde la intimidación y el hostigamiento por parte de
grupos armados criminales, que rigen la cotidianidad de individuos y
comunidades.
También habla de un contexto
en el que el Estado no ha aportado políticas eficaces y pertinentes contra la
violencia y, por el contrario, ha sido tanto factor de estímulo como
instrumentalizador de la misma. En la actualidad nuestro sistema judicial tiene
una tasa de impunidad de un 90% y, por ejemplo, ha aumentado la circulación de
armas de fuego entre la población joven, sin controles eficaces sobre quién
puede acceder a ellas. Tenemos una de las mayores tasas de homicidios en
el mundo y un tercio de los asesinatos en nuestro país son cometidos por
cuerpos de seguridad del Estado.
Una muestra de esto es la
Operación de Liberación y Protección al Pueblo (OLP), mediante la cual “se
buscaba combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo
colombiano”. En la práctica, la OLP ha servido para asesinar a 560
personas entre julio de 2015 y junio de 2017. El operativo ha ayudado a
sustituir grupos delictivos por colectivos, se ha puesto al servicio de los
intereses de miembros del gobierno y se ha usado de cortina para realizar
venganzas personales. No sólo son muchos los ciudadanos inocentes asesinados,
sino que se reportan innumerables robos y daños a la propiedad privada
ejercidos por la OLP.
Un ejemplo de lo señalado
ocurrió el sábado 10 de febrero, en la mina Cicapra del estado Bolívar. Una
comisión del Ejército se enfrentó allí a un grupo armado que, presuntamente,
controlaba la mina. Entre balas que iban y venían, 18 civiles murieron. En el
2017, incursiones como esta del Ejército dejaron de denominarse dentro del
discurso oficialista como OLP y empezaron a ser mentados como
“enfrentamientos”, pero las autoridades siguen sin referirse directamente al
tema ni ofrecer balances precisos.
Durante las marchas y
protestas contra el régimen, sobre todo las ocurridas en el 2017, vimos
asimismo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado. Cientos de civiles,
dentro de los que había niños, adolescentes y ancianos, fuimos agredidos:
mediante golpes, bombas lacrimógenas o impactos de perdigones. Muchos hasta
fueron detenidos, en un intento del régimen por silenciarnos.
Si bien es cierto que las
ejecuciones extrajudiciales no constituyen un fenómeno reciente, pues en los 90
ya se hablaba de “grupos de exterminio” y “escuadrones de la muerte”, los
ajusticiamientos y operaciones armadas aumentaron de forma alarmante: entre el
2012 y el primer trimestre de 2017, el Comité de Familiares de las Víctimas
(Cofavic) registró 6.385 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Todo esto no hace sino
demostrar la necesidad de un cambio político, que permita atender de forma real
el problema de la violencia, detener la deshumanización y reducir el acceso a
las armas.
Es imperante la unificación
en un frente amplio, en el que participemos todos los sectores del país y en el
que nos debemos unir para salir de esta crisis.
Por eso, en Mi Convive nos
hemos propuesto reconocer los efectos que genera la violencia en las víctimas
directas e indirectas en el municipio Libertador, para generar propuestas que
puedan surgir desde las mismas comunidades. Hemos acompañado a familias que han
padecido un homicidio y hemos visto la profundidad del duelo. Decidimos formar
líderes comunitarios que puedan prestar primeros auxilios psicológicos y estos,
a su vez, han organizado junto a nosotros grupos de apoyo: un ejemplo claro de
cómo una comunidad se une para sentir el mismo dolor y hacerle frente. Buscamos
vías para que personas y comunidades puedan empoderarse a través del
conocimiento e implementación de herramientas para enfrentar la violencia.
Otro aspecto fundamental es
el de visibilizar los testimonios de las víctimas para detener procesos de
deshumanización, normalización y estigmatización ligados a la problemática de
la violencia en nuestra sociedad. Debemos reconocernos como personas de carne y
hueso con historias particulares, con familias, amigos, vecinos y conocidos
que, al igual que nosotros, padecen esta tragedia. Es importante que nos
contemos nuestras experiencias, que entre nosotros narremos las historias que
trata de reprimir el régimen. He visto a personas mejorar su semblante
después de permitirse hablar y llorar. Solo así es posible plantearse
soluciones.
El empoderamiento local, la
organización y participación de las personas para implementar iniciativas que
vinculen a todo el grupo social es otro factor fundamental. El éxito de
cualquier iniciativa estará ligado a la vinculación y el apoyo que esta
encuentre en la comunidad en la que se produzca.
En este sentido hemos
identificado los espacios determinados en diversos sectores en los que se
produce el mayor número de hechos violentos y criminales. Este trabajo solo es
posible a través de la ayuda de las personas y en el mismo buscamos generar
contacto entre la comunidad y autoridades y policías locales. Todos unidos con
un mismo fin, pues como sociedad debemos reconocer esta tragedia, encontrarnos
en torno a ella, y asumir todos el compromiso de enfrentarla.
20-02-18
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico