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miércoles, 21 de febrero de 2018

La necesaria reconstrucción del entramado social por @ARRIECHET



Por Tadeo Arrieche Franco


Durante los últimos años, los actores políticos se han ocupado discursivamente de la noticia imprevista e inmediata, dejando poca evidencia de los aspectos que el país requiere cambiar para comenzar un nuevo camino.

El impulso de un nuevo texto constitucional en 1999 generó ciertas expectativas en la sociedad venezolana al intentar modificaciones en los aspectos político, económico y social, sin embargo, transcurridos más 18 de años de la aprobación de la Constitución el resultado es la ruptura del entramado social.

Un tejido invisible de relaciones entre las personas que conviven en una sociedad, con roles y tareas diferentes de acuerdo a las necesidades propias y del entorno y cuya satisfacción se logra de manera libre y flexible, constituye el denominado entramado social.

Cuando el Estado interviene de manera excesiva en ese cúmulo de relaciones originalmente libres o cuando su rol es absolutamente débil para garantizar elementos básicos para el ser humano, ese entramado social se trastoca y eso se esparce por toda la sociedad hasta romper aspectos básicos de la convivencia.

La violencia que vive la sociedad venezolana tiene varios matices, teniendo poco alcance cualquier política pública que se agote en la prevención y la represión, no solo porque no ataca el problema de fondo sino motivado adicionalmente que quien previene y reprime tiene las debilidades propias de la sociedad en crisis.


La ruptura del entramado social se vuelve más grave cuando la violencia escala a otros niveles, influyendo en la independencia de las personas y en la violación de los derechos de otros.

La crisis económica que atraviesan los venezolanos los ha sometido a supuestos esquemas de protección social creados por el gobierno, que van desde el forzado desconocimiento de los derechos de propiedad de los comerciantes sobre sus mercancías para que las personas las adquieran a precios por debajo de los costos de fabricación o adquisición, hasta el otorgamiento de eventuales beneficios sociales vinculados al típico “clientelismo” político.

A ese esquema podemos agregar la constante vista en nuestras ciudades, donde personas hurgan en las bolsas de basura para tratar de ingerir alimentos o participan en una riña colectiva para obtener un producto de consumo esencial para su familia.

Es así como la violencia ya no solo tiene una vertiente en el incremento de la delincuencia que atenta contra los personas, sino que ahora se suma la violencia socio-económica impuesta por la omisión de políticas públicas que permitan a las personas satisfacer sus necesidades por sí mismas.

Ese trauma en la convivencia social era previsible al observar que durante los últimos años se disolvió el vínculo entre educación, trabajo y productividad, al no concebirse su mezcla como un mecanismo de ascenso social, siendo sustituido por un supuesto esquema de seguridad social y de controles económicos, que terminaron por profundizar una palmaria desigualdad social en medio de discursos de lucha de clase y desconocimiento de valores democráticos.

Ante esa circunstancia, la prioridad de la clase política, adicional al cambio en los factores que ejercen el poder, debe ser constituirse en un liderazgo civil positivo que dirija la reconstrucción del entramado social a través del apoyo sustancial a la familia y la escuela, como escenarios de fortalecimiento de la interacción entre las personas donde se recuperen códigos de convivencia social.

Tal apoyo implica reivindicar la libertad como derecho y como modo de vida en todas sus aristas, evitando las dependencias y las subvenciones innecesarias por parte de un Estado que bajo ese perfil genera más conflictos que soluciones, limitando la capacidad de desarrollo de la sociedad mediante la frustración del talento de sus miembros.

Como sociedad tenemos la necesidad de reinventarnos en libertad.

Foto: Horacio Siciliano  @hsiciliano

20-02-18




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