César Rodríguez Garavito 21 de febrero de 2018
Muchos
colombianos están acogiendo solidariamente a los vecinos venezolanos que están
cruzando la frontera, así como ellos recibieron a cerca de cinco millones de
colombianos que huían de las crisis económicas y la violencia de décadas
pasadas.
Algo
muy distinto están haciendo varios sectores políticos tanto de derecha como de
izquierda en Colombia, a los que les importa menos la crisis humanitaria
venezolana que aprovecharla para conseguir votos. Su discurso sobre la
situación de Venezuela combina dosis equivalentes de indolencia e
inconsistencia.
La
derecha acierta al calificar de dictadura el régimen de Maduro. Pero el
oportunismo político de algunos queda a la vista cuando atiza la xenofobia
(como Vargas Lleras) o el fantasma del “castrochavismo”, o cuando deja en el
aire la impresión de que la inseguridad tiene que ver con el aumento de los
crímenes cometidos por migrantes venezolanos (como el fiscal Martínez).
Si
Venezuela es una dictadura (como lo es), la consecuencia jurídica es que muchos
de quienes huyen de ella deben ser reconocidos como refugiados, lo que implica
que el Gobierno colombiano tiene la obligación de acogerlos si piden asilo. De
acuerdo con el derecho nacional, es refugiado quien “se hubiera visto obligado
a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por
violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente al orden público” (Decreto 1067 de 2015). Lo que aplica
prácticamente a cualquier venezolano que no simpatice con el madurismo porque,
como lo dice un informe de la OEA, “hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene
posibilidades de hacer valer sus derechos; si el gobierno desea encarcelarlos,
lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un
juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal”.
Algunos
sectores de la izquierda no han sido más coherentes. Por ejemplo, el petrismo
pide solidaridad con los migrantes, pero se niega a reconocer que en Venezuela
ya no hay democracia y a denunciar las violaciones masivas de derechos humanos,
desde las detenciones arbitrarias hasta la manipulación abierta de las
elecciones, pasando por el hambre y la escasez de medicinas causadas por políticas
del gobierno vecino. Perpetuando un patrón de conducta tristemente común en
varias tendencias políticas, es elocuente al momento de denunciar las faltas de
los gobiernos de signo contrario, pero silente cuando se trata de gobiernos que
considera cercanos ideológicamente.
Contra
el oportunismo de algunos, los demócratas de todas las ideologías deberían
defender la posición jurídicamente necesaria, conceptualmente coherente y
moralmente indispensable. Decir que el régimen venezolano es una autocracia.
Señalar las violaciones de derechos humanos generalizadas y acoger a quienes
escapan de ellas. Pedirle al Gobierno colombiano que cumpla su bienvenido
anuncio de una política migratoria integral y solidaria. Y recordarle que, en
el caso de los refugiados, tiene la obligación de no deportarlos y ofrecerles
condiciones de reasentamiento en el país.
*Director
de Dejusticia.
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