Por Francisco Rodríguez,
Pilar Navarro
La convocatoria por parte
del Consejo Nacional Electoral de elecciones presidenciales para el 22 de
abril, después del fracaso de las negociaciones entre el
gobierno y la oposición en República Dominicana,
hace que la oposición se enfrente de nuevo a la discusión sobre si
participar o no en un proceso comicial. Esa discusión tiene muchas aristas, una
de las cuales es la evaluación de la probabilidad de vencer en una contienda
electoral contra el gobierno, aún dados los claros sesgos a favor del oficialismo
en las condiciones electorales. Para llevar a cabo ese diagnóstico y tomar una
decisión informada, es indispensable comprender qué fue lo que llevó al
oficialismo a prevalecer en las contiendas regionales del 2017 y cómo se puede
esperar que esos factores influyan en el resultado de una elección
presidencial.
Ciertamente, el desempeño
electoral del chavismo en las elecciones regionales fue mucho mejor al esperado
en base a los sondeos de opinión. Dado que esas elecciones ocurrieron en el
marco de la mayor crisis económica de nuestra historia y que las encuestas
mostraban índices de rechazo muy fuertes a la gestión de Nicolás Maduro; lo
normal habría sido esperar sólidas derrotas del oficialismo. ¿Cómo entonces
entender estos resultados electorales? ¿Son prueba de que el chavismo aún
cuenta con un apoyo genuino entre los votantes, o son simplemente resultado de
la manipulación del sistema electoral? ¿Es el dominio del chavismo sobre las
instituciones tan fuerte que hace imposible derrotarlo sin cambios en las
condiciones electorales?
Una posible respuesta a esta
interrogante es que los resultados fueron consecuencia del fraude electoral.
Efectivamente, el ejemplo del estado Bolívar muestra evidencia de
alteración de actas. Sin embargo, no pareciera que lo mismo haya
ocurrido en otras jurisdicciones en las cuales no han sido denunciadas inconsistencias
de ese tipo. Claro está que, en un sentido más amplio, se puede argumentar que
los sesgos a favor del oficialismo en las condiciones electorales hacen que el
sistema electoral sea incapaz de garantizar elecciones libres y justas.
Al mismo tiempo, otra línea
de argumentación se ha centrado más bien en entender la decisión de los
votantes a participar en las elecciones del año pasado. En su análisis del
15-O, Dorothy Kronick y Francisco Rodríguez argumentaron que
tanto la apatía entre opositores y la alta capacidad de movilización de
oficialistas contribuyeron a explicar gran parte del resultado del 15-O. Un
estudio más detallado de Michael Penfold ha resaltado la
capacidad del chavismo de movilizar votos a través del condicionamiento de los
beneficios económicos a la participación electoral.
Abstención, movilización e
incentivos electorales
Aun si la abstención
opositora es la variable más importante para explicar los resultados
electorales, la alta participación oficialista no deja de ser un fenómeno
enigmático. Los votos obtenidos por el chavismo representan alrededor de un 30
por ciento del padrón electoral, sugiriendo una capacidad de movilización casi
perfecta del sector de la población que, de acuerdo con las encuestas, se sigue
identificando con el gobierno. Cómo es que el chavismo ha sido capaz de activar
a sus votantes es una pregunta clave para cualquier intento de comprender la
dinámica electoral venezolana.
Lamentablemente, mucho de lo
que creemos saber sobre la capacidad de movilización del chavismo está basado
en testimonios y anécdotas no necesariamente representativas y posiblemente
sesgadas. Para tratar de aproximarnos a un conocimiento más sistemático de este
fenómeno, Torino Capital comisionó un estudio de campo a la empresa de
investigación Innovarium durante las elecciones de alcaldes del
pasado 10 de diciembre. La muestra del estudio cubrió 142 centros de votación
en 14 estados seleccionados para cubrir áreas rurales y urbanas, así como
diferentes estratos socioeconómicos. Se solicitó a los recolectores de datos
que observaran continuamente el centro de votación y las áreas contiguas para
evaluar la presencia o ausencia de eventos tales como la distribución de
alimentos y otros beneficios a los votantes.
La data recolectada muestra
que, aunque el gobierno sí aumentó significativamente el otorgamiento de
beneficios, como las bolsas de comida y el llamado bono navideño antes y
durante la elección, esta no fue la principal táctica para la movilización de
votos. Por el contrario, la principal estrategia de movilización parece haber sido
el requisito de registrar la asistencia en los puntos de movilización
oficialistas usando el Carnet de la Patria.
Los puntos tricolor y los
incentivos selectivos al voto
Nuestro estudio sugiere que
en la campaña del gobierno hubo un amplio uso de estrategias clientelares que
incluyeron el uso de entrega de beneficios sociales tanto antes como durante el
día de la elección. Lamentablemente, estas estrategias distan de ser nuevas
tanto en nuestro país como en el resto de la región. La legislación venezolana
explícitamente prohíbe la compra de votos, aunque establecer la relación
directa entre la entrega de beneficios y el voto es complicado [1].
En una tradición establecida
a lo largo de los últimos años, los seguidores tanto del gobierno como de la
oposición instalaron puestos de seguimiento del proceso electoral cerca de las
inmediaciones de los centros de votación. La ley permite el funcionamiento de
estos centros, aunque obliga a que se encuentren fuera de un radio de 200
metros del centro. En nuestra muestra hallamos un incumplimiento generalizado
de esta norma, aunque con mucha mayor intensidad por parte del oficialismo:
87,4% de los centros contó con un punto tricolor (oficialistas) dentro del
radio de 200 metros, mientras que en sólo 29,6% operó una estructura de la
oposición equivalente (punto azul) en el mismo radio.
Sin embargo, hubo una
diferencia fundamental entre las funciones de ambos. En los puntos opositores
la actividad predominante fue la orientación al voto, que se llevó a cabo en el
100% de los puntos; el activismo político se observó en 59,5% de los puntos
prooposición. Por su parte, la labor principal de los puntos progobierno fue el
registro de votantes. Esto se observó en 74,4% de los puntos.
Al mismo tiempo, un elevado
número de puntos tricolor llevaron a cabo actividades relacionadas con la
entrega de beneficios en especie o monetarios. Hallamos que en 24,8% de los
puntos tricolor se realizó distribución de alimentos, en 20,8% se retuvo el
Carnet de la Patria mientras la persona iba a votar, y en el 12,8% se tenía la
capacidad de renovar o emitir el Carnet de la Patria —esto último a pesar de
que el período de renovaciones había finalizado una semana antes de las
elecciones—. Aunque la realización de actividades gubernamentales y entregas de
beneficios sociales no fue la función principal de los puntos tricolor, se
observó que en muchos de ellos fue una función secundaria importante.
El hecho de que en los
puntos tricolor se lleven a cabo actividades propias de gobierno, tal como la
renovación del Carnet de la Patria, es un ejemplo de lo diluida que se
encuentra en Venezuela la distinción entre el Estado y el partido de gobierno.
Dicho eso, hubo muchos casos en los que se respetaba alguna separación
simbólica: la distribución de bolsas de alimentos y otros beneficios era
llevada a cabo por funcionarios del gobierno o trabajadores del partido en un
lugar separado del punto tricolor. En 35,2% de los centros de votación se
detectó algún tipo de actividad gubernamental en lugares cercanos, pero
separados de los puntos oficialistas. De estas, la actividad más frecuente fue
la emisión del Carnet de la Patria, que se llevó a cabo en las cercanías del
16,9% de los centros de votación, mientras que en el 12,7% se realizó la
entrega del bono navideño.
Nuestro estudio halla que en
33,1% de los centros de votación los electores pudieron recibir algún tipo de
beneficio, como las bolsas de comida o el bono navideño, bien fuese en el mismo
punto tricolor o en algún otro sitio cercano al cetro de votación. En otras
palabras, aunque la cantidad de centros de votación, en cuyos alrededores los
votantes podían recibir algún tipo de beneficio, en el momento de la votación
era sustancial, no fue la mayoría. Según testimonios recogidos durante el
estudio, esto refleja el hecho de que el grueso de las actividades de entrega
de estos beneficios fue desarrollado más bien en los días previos a la
elección, de modo que la entrega de beneficios durante ese día se hizo
principalmente con lo que sobró de la campaña.
No encontramos casos en los
que el haber votado por el chavismo fuese condicionante del acceso a esos
beneficios; de hecho, se consiguieron instancias en las que quienes
manifestaban haber votado por la oposición se acercaban de todos modos al punto
tricolor a recibir sus beneficios. Tampoco hallamos evidencia de que se
solicitase el comprobante de voto a favor del candidato oficialista, a través
del mecanismo conocido como “carrusel” [2].
En todo caso, es importante hacer la salvedad de que esto no quiere decir que
estas conductas no hayan ocurrido, sino que no sucedieron en una modalidad y
frecuencia que permitiese hacerla detectable en nuestra muestra. Tampoco
hallamos evidencia de que se le haya requerido a votantes presentar el Carnet
de la Patria para ejercer el derecho al voto.
El Carnet de la Patria y la
estrategia de movilización oficialista
A pesar de que no
encontramos evidencia en nuestra muestra de algunas de las conductas más
extremas sobre las que ha circulado información anecdótica, nuestros resultados
sí ilustran una difuminación de la línea divisoria entre el gobierno y el
partido oficial que es atípica en las democracias modernas y que fuertemente
sesga el campo electoral hacia el gobierno.
Lo que nuestro estudio sí
refleja es que la estrategia clave de movilización implementada por el
Ejecutivo en los puntos tricolor fue el monitoreo de la asistencia de los
votantes llevada a cabo a través del Carnet de la Patria. Este hecho es
resaltante, ya que las listas de votantes están organizadas por los números de
cédulas de los votantes y no contienen información sobre el Carnet de la
Patria. Sin embargo, el gobierno se esforzó en hacer que los votantes llevaran
su Carnet de la Patria en la fecha de la elección y lo usaran para demostrar
que efectivamente habían asistido a votar al momento de registrarse en el punto
tricolor.
¿Por qué este énfasis en
llevar el Carnet de la Patria a la votación? Si de llevar un registro de
votantes se tratara, hubiese bastado con registrar el número de cédula del
votante, que en todo caso está necesariamente vinculado a cualquier lista de
recepción de beneficios sociales que el gobierno pueda tener.
Hay al menos dos hipótesis
sobre por qué el gobierno pidió a sus partidarios que presentaran el Carnet de
la Patria, en lugar de solo su número de cédula, en el punto tricolor en el día
de la votación:
1. La presentación del
Carnet de la Patria es una forma de que el votante tenga presente que está
recibiendo beneficios a través de ese instrumento. Esto sirve como un
recordatorio de las políticas sociales del gobierno y, por lo tanto, aumenta la
probabilidad de que el elector termine votando por el oficialismo. En cierto
sentido, es una forma de hacer propaganda electoral “subliminal” en el día de
la votación.
2. La exigencia de
presentar el Carnet de la Patria es una forma de sugerir al votante que la
recepción de beneficios sociales a través de este instrumento está condicionada
al acto de votar y —si es que el votante desconfía del secreto del voto— sobre
el acto de votar por el candidato oficialista.
Ciertamente, la idea de que
se necesite escanear la tarjeta en un punto progubernamental es, como mínimo,
fuertemente sugestiva de que la asignación de los beneficios provistos a través
del Carnet serán diferentes para quienes votaron que para aquellos que no lo
hicieron. Esta última idea fue incluso alimentada por el propio
presidente [3] el
día de la elección al sugerir que los votantes podrían ser recompensados con un
incentivo monetario solo por acudir a las urnas.
La sola insinuación de que
los beneficios sociales están condicionados al acto de votar (aún si no
dependen de por quién votas), puede ser una estrategia particularmente poderosa
para que el gobierno movilice a sus partidarios. Los electores no necesariamente
verán esto como una violación de sus derechos políticos si no creen que se está
transgrediendo el secreto del voto. Pero el requerimiento puede proporcionar el
suficiente incentivo material para que los votantes que ostentan el Carnet de
la Patria —un subgrupo de la población en la que los partidarios del gobierno
claramente están sobrerrepresentados— decidan ir a votar por su candidato
preferido el día de la elección.
¿Cómo los incentivos pueden
afectar a la participación el 22-A?
Es evidente que uno de los
principales determinantes de la participación electoral en las elecciones del
22 de abril será la decisión por parte de las principales fuerzas de oposición
sobre si participar o no. Pero esa decisión, en parte, partirá de un
diagnóstico de la capacidad del chavismo de movilizar votos a través de los
mecanismos utilizados en las contiendas del año pasado.
Nuestro análisis deja claro
que el gobierno parece tener un mecanismo político efectivo para movilizar a
sus partidarios a votar, y puede usar incentivos selectivos como los beneficios
monetarios y en especie para estimular la participación. Es además lógico
prever que el gobierno tenderá a profundizar aún más esta estrategia con vistas
a las elecciones presidenciales, en las cuales el costo de perder las
elecciones es mucho mayor que en unas elecciones regionales. Los resultados de
nuestro estudio muestran que existe un espacio importante para la
intensificación de las actividades desarrolladas en los puntos tricolor: en
retrospectiva, puede que terminemos viendo los esfuerzos de movilización de las
elecciones regionales de 2017 como apenas un ensayo de los métodos a ser usados
en la contienda presidencial.
Sin embargo, hay razones por
las que el comportamiento de los votantes podría ser diferente en unas
elecciones presidenciales que en unas regionales. En un país presidencialista y
centralizado como Venezuela, las cifras de participación electoral han sido
particularmente altas en los comicios para elegir al primer mandatario. Es
probable que el votante sienta que las elecciones presidenciales son mucho más
importantes para determinar el futuro del país que unas elecciones
regionales [4].
Claro está que el fenómeno de la abstención también dependerá del deseo por
parte de algunos votantes de expresar su repudio a la convocatoria a través de
la no participación.
En el caso particular de los
comicios regionales, pudo haber sido difícil para la oposición convencer a sus
votantes —quienes atribuyen la crisis económica a Maduro— de que los resultados
de las elecciones de gobernadores harían alguna diferencia en el futuro del
país. De hecho, algunos votantes pueden haberse comportado estratégicamente en
las elecciones regionales, prefiriendo a un gobernador chavista que
probablemente recibiría más recursos dado que Maduro permanecería en el cargo.
Asimismo, en unas elecciones
nacionales en las cuales la conducción del país en el largo plazo está en
juego, los incentivos materiales de corto plazo pueden tener mucha menor
capacidad movilizadora. No es lo mismo, como votante, considerar el riesgo de
pérdida de un beneficio social proporcionado por el gobierno si uno sabe con
certeza que el Ejecutivo permanecerá en manos del chavismo (caso elecciones
regionales), que si uno cree que el Ejecutivo puede cambiar como resultado de
las elecciones (caso elecciones presidenciales).
En su obra seminal de
1997 Mentiras públicas, verdades privadas,
Timur Kuran argumentaba que los regímenes autoritarios se podían sostener
durante mucho tiempo debido a la creencia por parte de los individuos de que el
resto de la sociedad apoya a aquellos que detentan el poder. En estos sistemas,
la gente puede vivir una gran mentira colectiva: rechazan privadamente al
gobernante, pero públicamente le manifiestan apoyo. La efectividad de los
incentivos selectivos para asegurar ese apoyo depende justamente de la creencia
por parte de cada individuo de que el resto de la sociedad responde a ellos. A
medida de que crezca la convicción en la capacidad de un evento específico —tal
como unas elecciones presidenciales— de cambiar el equilibrio de poder, los
incentivos selectivos pueden terminan perdiendo su fuerza.
***
Francisco Rodríguez es
economista jefe de Torino Capital.
Pilar Navarro es economista
Senior de Torino Capital.
*
Referencias
[1] Artículo
289.- “El voto es secreto, libre y su ejercicio se garantizará frente a
cualquier coacción o soborno. Los integrantes de la Mesa Electoral requerirán a
la electora o elector su cédula de identidad laminada, vigente o no, como único
documento válido para el ejercicio del derecho al sufragio”. Reglamento
General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, 18 de enero de 2013.
Artículo 126.- “Ninguna
persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio
de su derecho de sufragio”. Ley Orgánica de Procesos Electorales, 31 de
julio de 2009.
[2] “El
fenómeno empieza con un primer votante que se registra con su Carnet de la
Patria en un punto rojo, entra al centro electoral, selecciona la opción de su
preferencia en la máquina de votación, pero no deposita el comprobante físico
en la caja, sino que lo regresa al mismo Punto Rojo donde dejó su Carnet de la
Patria, develando por quién votó”. El “carrusel” del PSUV: estocada final al voto secreto, El
Estímulo, 12 de diciembre de 2017.
[3] Maduro asomó que podría dar “un premio” a quienes hayan
votado con el carnet de la patria. Caraota Digital, 10
de diciembre de 2017.
[4] Venezuela
está caracterizada como uno de los países con mayor porcentaje de variabilidad
de asistencia a las urnas en la región. En las últimas elecciones
presidenciales, la participación se ubicó en 79,7%, muy por encima del 61,0%
observado en las elecciones regionales. Para un estudio de largo plazo sobre la
participación electoral en nuestro país, ver Briceño, Héctor (2009) La
participación electoral en la cultura del venezolano.
Universidad Simón Bolívar.
14-02-18
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