DIEGO GARCÍA-SAYAN 22 de febrero de 2018
Es
necesario volver a lo esencial. La invitación/“desinvitación” a Nicolás Maduro
a la Cumbre de las Américas de abril por el Gobierno de Kuczynski no pasa de
ser una distracción y no es una disyuntiva relevante para enfrentar la ruptura
del orden democrático en Venezuela. Acaso le pueda haber rendido al Gobierno
PPK a corto plazo un pasajero gesto de simpatía en el Congreso, pero no es
sostenible por razones jurídicas y políticas que varios han advertido.
La
Cumbre de las Américas en un foro de diálogo político multilateral que se
genera dentro del marco de la OEA. Esta asume las Cumbres como propias y para
ello cuenta hasta con una Secretaría ad hoc. El país anfitrión no tiene, pues,
arbitrio libre para excluir a un gobierno de una Cumbre. La Declaración de
Quebec de 2001 no sustenta tal conducta.
Me
correspondió participar junto con Javier Pérez de Cuéllar, primer ministro, en
representación del Perú en la Cumbre en Quebec (2001). Allí se acordó que una
ruptura del orden democrático constituiría un obstáculo para participar en las
Cumbres. Pero ello —se precisó— luego de consultas con los demás países; que
son 34, lo que en este caso se hizo solo con los del Grupo de Lima. En Quebec
no se pensó en darle un improcedente poder de “veto” a un país.
Desde
el punto de vista político, la “desinvitación” tampoco es pertinente. No solo
está derivando en una victimización innecesaria de Maduro, sino que en la
práctica abdica de lo sustantivo, que es el diseño de acciones políticas
sostenidas frente a la grave situación en Venezuela. A ella corresponde
responder no con desplantes, sino con medidas políticas concretas y con una
estrategia regional democrática, a las puertas de unas elecciones en abril sin
las más elementales garantías de transparencia.
Estrategia
regional que, por cierto, solo puede ser estrictamente complementaria y
coadyuvante de lo esencial: el proceso político interno en el que es crucial la
unificación de la oposición democrática. Un paso ha dado la MUD esta semana en
adoptar una posición común frente a las próximas elecciones. En el espacio
complementario “de afuera” hay líneas de acción tanto en el plano universal, a
través de la ONU, como en el interamericano.
A
estas alturas, el Consejo de Seguridad de la ONU debería poner la crisis
humanitaria venezolana en su agenda. Es ya de tal envergadura que golpea con
centenares de miles de emigrantes/desplazados a varios países. Por mucho menos
se puso en acción en los noventa el Consejo cuando la crisis de los conflictos
internos centroamericanos. Corresponde ahora dar un seguimiento y énfasis
especial a las dos ocasiones en las que este tema se trató reservadamente en
2017. Perú es miembro temporal del Consejo.
En el
espacio interamericano es hora de retomar el impulso abandonado a la aplicación
de la Carta Democrática Interamericana. Faltaron tres votos para su aprobación
en la reunión de consulta de cancilleres en Cancún, en junio del 2017. Poco ha
visto de reactivación de ese proceso y parecería que los países de la región
han abdicado de su responsabilidad de darle seguimiento al tema. Hay al menos
tres razones por las que ese impulso debe ser retomado ya.
Primero,
que si bien no se alcanzó en la votación de junio los dos tercios de votos
necesarios, fueron solo cinco los votos en contra y mucho más alto (ocho) el de
los que se abstuvieron (entre ellos, Ecuador, El Salvador y República
Dominicana). Es más que obvio que un fino y persistente trabajo de gestión
diplomática podría inclinar el voto de varios de esos ocho países democráticos.
Segundo,
porque desde Cancún la gravedad de la situación se ha profundizado de manera
acelerada con el desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional y
la convocatoria a unas elecciones sin garantías. Las razones de fondo para
plantear la aplicación de la Carta Democrática, pues, se han multiplicado en
los últimos meses y cierran salidas a cómodas abstenciones.
Tercero,
porque la gravedad del desarrollo de los acontecimientos ameritaría hoy la
atención diplomática prioritaria que ostensiblemente no mereció por varias
cancillerías de la región americana. Entre ellas, nada menos que la del
usualmente locuaz Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así, por
ejemplo, la presencia activa de todos los cancilleres en aquella reunión de
consulta le hubiera dado un marco distinto del que realmente tuvo. Fue muy
saltante la ausencia del secretario de Estado Tillerson, quien hasta ahora no
ha asistido a ninguna de las reuniones convocadas para este tema.
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