Editorial Analítica 17 de febrero de 2018
Uno de
las conquistas principales de la humanidad ha sido la instauración de la
democracia en numerosos países y, si bien, como decía Churchill, “la democracia
es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas
políticos restantes”, no se ha descubierto otra modalidad de gobernar que
asegure para los ciudadanos un adecuado respeto a las leyes y a la
constitución, ni que les garantice el mínimo necesario de convivencia y de
justicia social.
La
pretensión de la ANC de convertirse en el ente supremo que puede decretar el
cómo y el cuándo se pueden realizar elecciones en nuestro país, no solo
proviene de un ente cuya legitimidad de origen ha sido cuestionada, tanto en
Venezuela como en gran parte de la comunidad internacional, sino que como si
eso no fuese en sí suficiente para desconocer su decisión de convocar a
elecciones presidenciales anticipadas, lo hace sin las garantías necesarias
para que estas sean transparentes, equilibradas y que todos los venezolanos
puedan tener el tiempo requerido para inscribirse en el registro electoral,
tanto en el pais como en el exterior.
Ante
este simulacro electoral apresurado, en una fecha que se adelanta 9 meses a la
transmisión de mando que deberá ser en enero de 2019, solo en el supuesto de
que se imponga la reelección presidencial podrá funcionar, ya que de lo
contrario cómo podría ser la convivencia con un Presidente electo enfrentado a
uno en ejercicio, y además con la eterna espada de Damocles de la ANC encima de
su cabeza.
La
inmensa mayoría de los venezolanos desea que la crisis del país se resuelva de
manera pacífica y democrática, pero para que ello ocurra es requisito
indispensable que se respete y se cumpla lo dispuesto en la Constitución y las
leyes vigentes, que establecen los términos y condiciones de cómo y cuándo se
puede celebrar una elección presidencial.
Nada
distinto a ello fue lo que propusieron los cancilleres en la negociación
fallida en Santo Domingo, y que ha sido reiterado por el Grupo de Lima, los
EEUU, la Unión Europea y por vastos sectores institucionales de nuestro país.
Nicolás
Maduro debería entender que la Constitución y las leyes no están por debajo,
sino por encima del cargo presidencial y que la ilegítima ANC no las puede
modificar o alterar conforme a su caprichosa voluntad. No se puede estar a la
vez en democracia y dictadura. Es hora de decidir en qué sistema político
estamos, si estamos en democracia lo que
prevalece es la ley, si no lo estamos, entonces según nuestra Constitución
vigente es una obligación de todos los venezolanos luchar para restablecerla.
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