Acceso a la Justicia 15 de febrero de 2018
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al presentar y publicar su
tercer informe sobre nuestro país el pasado lunes 12 de febrero, denunció la
“situación alarmante y catastrófica por la que atraviesa Venezuela”, explicando
que “se relaciona con el serio deterioro de la vigencia de los derechos
humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país
en los últimos dos años y en especial en el 2017”.
La
crisis económica ha sido usada por el Ejecutivo para justificar tener cada vez
más poder y declarar un estado de excepción que ya se ha vuelto indefinido,
pero el informe aclara que esta “no es excusa para que un Estado deje de dar
atención prioritaria a los derechos a la alimentación, a la salud y otros,
sobre todo para los sectores de la población en mayor situación de
vulnerabilidad”.
Al
respecto, Acceso a la Justicia destaca que el Gobierno tiene importantes e ineludibles
responsabilidades en su rol de Estado establecidas por la Constitución
(artículo 3, entre otros), pero ha profundizado esta crisis económica
intencionalmente con políticas públicas para tener más control social, con el
propósito de perpetuarse a costa del bienestar de la población.
Debemos
subrayar que se ha hecho lo mismo desde hace más de 12 años, a
pesar de que Heinz Dieterich, uno de los impulsores del régimen, advirtió sobre
el fracaso de las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo a partir de
2008, así como también lo hicieron importantes representantes del régimen
como Jorge
Giordani o Rafael Ramírez,
quien en 2014 criticó la gestión de Maduro por mantener las mismas medidas.
A
pesar de ello, y bajo el argumento de implantar el Socialismo
del siglo XXI, que es el modelo político de Chávez, el Gobierno ha seguido
adueñándose de los medios y bienes de producción tomando medidas expoliadoras,
incluso en 2017, cuando según la ONG Cedice sumaron
11.852.
Todas
estas acciones han sido llevadas a cabo bajo el manto de un conjunto de normas
inconstitucionales, dictadas por el gobierno anterior a Maduro, sobre todo en
la época de la Asamblea Nacional (AN) compuesta sólo por el chavismo
(2005-2010). Entre estas destaca la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008), la cual habilitó al
Gobierno nacional a “proceder a la adquisición forzosa” de bienes y actividades
relacionadas a este sector “sin necesidad de obtener autorización por parte de
la AN.
Tras
ella fueron aprobadas leyes como la de Tierra y Desarrollo Agrario (2005), de
Tierras Urbanas (2009) y Ley de Defensade las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios
(2009), que crearon vías expresas para las expropiaciones en el país. Una
modificación a esta última ley permitió que todos los bienes pudieran ser
declarados de utilidad pública directamente por el Ejecutivo, con la condición
de que “se consideren esenciales e indispensables para garantizar el derecho a la vida y la seguridad del Estado”.
Esta
política fue fortalecida con normas como la del Sistema Económico Comunal
(2010), de Regularización de Asentamientos Urbanos (2010) y la de Costos y
Precios Justos (2011), esta última reformada en 2014 y 2017.
Acciones
y consecuencias
Es con
dicho entramado de normas que Chávez inició su plan
nacionalizador en 2007: violando la Constitución y haciendo alusión al
carácter estratégico de los servicios y la energía, procedió a estatizar la
Electricidad de Caracas, la CANTV (telecomunicaciones) y más de cincuenta
contratistas petroleras.
Al año
siguiente también atacó áreas clave como la construcción, la industria de
alimentos, la banca, la siderurgia y el comercio, nacionalizando empresas
como las
cementeras Lafarge, Holcim y Cemex, Sidor y el Banco de Venezuela.
En
2009, les llegó el turno a las productoras de alimentos: la procesadora de
arroz Cargill, los molinos de Monaca (productoras de harina de trigo), las
plantas de Aceite Diana (aceite de maíz), Lácteos Los Andes y las principales
torrefactoras de café. Estas acciones
siguieron tomando vuelo y, en 2010, las cadenas de supermercados Cada
y Éxito, Owens Illinois y Agroisleña pasaron a manos del Estado, mientras
cientos de fundos, agroindustrias y empresas empezaron a correr paulatinamente
con la misma suerte.
Ahora bien, ya sabemos —y padecemos— las consecuencias de estas
nacionalizaciones: empresas quebradas, improductivas y desabastecimiento.
¿Quién responde por ello?
Esta
férrea política de estatizaciones —que no puede ser separada de medidas como
la regulación
de precios y el control
de cambio, pues todas se dirigen al control social a través de la economía—
al ser profundizadas por Maduro y al no tener divisas para paliar con
importaciones u otras políticas como hacía Chávez, los efectos nocivos de estas
medidas han llevado, entre otros males, a cuatro
años de recesión, severa escasez, al primer ciclo
hiperinflacionario venezolano y a una pobreza extrema de más de
51,51%, todo lo cual viene acompañado de la condena que supone a la población
el sortear obstáculos inenarrables para simplemente acceder a insumos básicos.
Resulta
entonces obvio quién es el responsable de la catastrófica situación actual,
hecho contrario al discurso oficial que, sin mayores explicaciones, la atribuye
a una supuesto guerra económica, cuando en realidad el origen de la misma está
en el propio Gobierno.
El hecho
de que este proceder haya sido sostenido durante más de una década con
resultados negativos, y que haya sido mantenido por Maduro de manera
intencional, a pesar de las advertencias de miembros del mismo Gobierno y los
efectos nocivos probados de su implantación como han sido los crecientes
índices de pobreza desde el inicio de su mandato, podría acercar la revolución
socialista a la comisión de crímenes de lesa humanidad, al constituirse su
política gubernamental, ya sistemática, en “actos inhumanos que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física” (artículo 7 literal k del Estatuto
de Roma).
¿Y a
ti venezolano, cómo te afecta?
La
instauración del socialismo del siglo XXI ha pasado por implantar
controles y estatizar industrias y empresas, trayendo como consecuencia el
desabastecimiento de rubros de primera necesidad en todos los sectores, así
como el mal funcionamiento de los servicios.
El
resultado de estas políticas públicas, al desincentivar la producción privada y
al no ser eficientes para producir ni tener ingresos suficientes para proveer
los productos necesarios para la población mediante su importación, ha llevado
a un aumento exponencial de la pobreza, como señala el informe de la CIDH,
citando la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), de manera
que en 2014 el 48% de hogares se encontraba en condición de pobreza; en 2015 la
cifra se elevó a 73%; y en 2016 alcanzó el 81,8%. De ese total, 51,51% estaba
en situación de extrema pobreza.
En
pocas palabras, al final todos hemos sido afectados.
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