Por Hugo Prieto
Tenía que llegar a una edad
respetable, 80 años, y sufrir una grave caída —que le produjo doble fractura de
la cadera y una fractura del húmero—, para que intentaran doblegarlo. El poder
en Venezuela no se anda con miramientos, y en el país donde “vale todo, vale
nada” esto tenía que retumbar en todo el mundo. Su nombre es Teodoro Petkoff y
su acusador es Diosdado Cabello
Teodoro Petkoff nunca se
dejó atraer por el imán de Hugo Chávez, cuya candidatura, en 1998, contagió a
las élites del país. Su conducta insumisa y su discurso pronunciado en el pleno
del MAS, en el que se decidió apoyar la candidatura del militar golpista,
resultaron proféticas. “Los espero en la bajadita”. No pudo persuadir a la
dirigencia del partido político que fundó en 1974, así que renunció a su
militancia y se alistó en el periodismo partisano, primero en el diario El
Mundo y luego en su propia cabalgadura, el tabloide TalCual.
Su travesía por El
Mundo finalizó abruptamente, luego de que el gobierno del ex presidente
Chávez presionara al editor Miguel Ángel Capriles López para que sacara de la
dirección del tabloide a Petkoff, cuyos editoriales desnudaban, con una mezcla
de sarcasmo y dardos envenenados, la deriva autoritaria del gobierno. Fue el
primer aviso de que el chavismo no consentiría la opinión crítica y una
campanada de lo que vendría después: una avalancha de presiones, clausura de
medios, agresiones a periodistas y un ataque contumaz a la libertad de
expresión, por las vías más diversas, desde entes reguladores como la Comisión
Nacional de Telecomuniciones (Conatel), pasando por la judicialización del
trabajo periodístico, hasta el acoso policial.
Petkoff sabía que caminaba
sobre la cuerda floja. En una ocasión le dije que sus editoriales en El
Mundo eran más incisivos y penetrantes que los de TalCual. ¿Escribía,
quizás sin saberlo del todo, evadiendo la espada de Damocles de la censura? Se
volteó a mirarme a los ojos con un gesto característico de auténtica
curiosidad, y luego dijo: “No lo había pensado”.
El hombre que había
protagonizado una fuga cinematográfica del Hospital Militar y otra, no menos
espectacular, del Cuartel San Carlos, no iba a empantuflarse en su casa. Planeó
su regreso a los medios con un grupo de amigos, todos ellos accionistas de La
Mosca Analfabeta, la empresa que edita el diario TalCual. De esa etapa
embrionaria surgió el nombre del tabloide, cuya autoría es de Francisco
Layrisse y no, como muchos creen, de Petkoff, aunque sus editoriales eran las
piezas fundacionales de la marca.
La primera demanda
En enero de 2014, Carlos
Genatios, articulista de TalCual y ex ministro de Ciencia y
Tecnología del gobierno del presidente Chávez, escribió, en las páginas de
opinión de TalCual, un artículo titulado “Patria, Socialismo o Muerte”.
Para esa fecha, Genatios se había convertido en un crítico del gobierno. En el
mencionado artículo, el autor le atribuye a Diosdado Cabello, capitán retirado
del Ejército, uno de los hombres clave del fallido golpe del 4-F y número dos
de la nomenklatura chavista, la siguiente cita: “A quien no le guste la
inseguridad, que se vaya del país”. Eso bastó para que Cabello introdujera una
demanda por difamación e injuria, no solo contra Genatios, sino contra el
director del tabloide, Teodoro Petkoff, y “los dueños del periódico”, como dijo
el propio Cabello. Es decir, contra los accionistas de la empresa editora,
Manuel Puyana, Juan Antonio Golía y Francisco Layrisse. De acuerdo con los
estándares internacionales que rigen la libertad de expresión, le
correspondería a la parte acusadora demostrar que hubo malicia en el
escrito de Genatios. Solo entonces, podría comprobarse el delito de injuria.
Genatios abandonó el país.
Según personas que conocieron el proceso, avisado por uno de los integrantes
del Movimiento 80, un grupo de dirigentes estudiantiles que jugaron un papel
destacado en la Universidad Central de Venezuela y, posteriormente, en el
gobierno de Hugo Chávez, Genatios no pudo o no quiso seguirle el paso a la
revolución bolivariana, tal como lo hicieron sus condiscípulos del Movimiento
80, Jorge Rodríguez, actual ministro para la Información y la Comunicación, y
Ricardo Menéndez, ministro de Planificación.
El equipo
de TalCual buscó la cita que Carlos Genatios le atribuyó a Cabello,
pero no la encontró; en su lugar dio con lo siguiente: “Al que no le guste el
triunfo del PSUV, que se vaya del país”. Si bien son dos cosas diferentes,
habría que tomar en cuenta lo que establece el marco legal en estos casos.
Según Humberto Mendoza, abogado defensor de los accionistas de La Mosca
Analfabeta y de Petkoff, “la Constitución no solo consagra el derecho de los
ciudadanos a expresar por cualquier medio sus ideas, sino que le impone a los
editores y dueños de medios la obligación constitucional de no aplicar la
censura previa a los escritos de periodistas y articulistas de opinión”.
Una operación de la cadera
que le realizaron a Petkoff en Margarita, en diciembre de 2012, no había salido
del todo bien. La fractura del húmero le dejó la astilla de un hueso alojada en
el hombro derecho que le producía dolores y molestias continuas. Este cuadro se
combinó con una afección cardiaca de muchos años y otras dolencias, en una
mezcla de factores adversos, que puso en jaque su salud. Su convalecencia
exigía un reposo prolongado, pero el sedentarismo no jugó a su favor.
En condiciones físicas
disminuidas, Petkoff tuvo que enfrentar, dos años después, algo verdaderamente
insólito: la acusación penal por el escrito de un particular, que lo firma y lo
asume como propio. Además, de acuerdo con la ley, la responsabilidad penal es
personalísima y no es transferible. ¿Cómo es que Petkoff y los tres
directivos de La Mosca Analfabeta, la empresa que edita el diario TalCual,
tenían que verse involucrados en ese juicio?
Siguiendo las disposiciones del
tribunal, Petkoff cumple con el régimen de presentación semanal. Hace su cola.
Aunque los presos que han sido trasladados para ser impuestos de medidas en sus
respectivos juicios, se muestran dispuestos a cederles su turno, no acepta. El
juez sugiere que se presente en taquilla. Petkoff le responde: ¿Usted es
tan cobarde que no quiere verme la cara?, dijo una persona que fue testigo
de ese momento.
Antes de ser nombrada como
jueza encargada del tribunal 29 de Juicio del Área Metropolitana, Bárbara César
Siero trabajó como abogada del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas
Armadas, cuyo presidente era Ramón Campos Cabello, primo de Diosdado Cabello,
quien presidía la Asamblea Nacional que designó a los nuevos integrantes del
Tribunal Supremo de Justicia, en una sesión contra reloj celebrada en diciembre
de 2015, para impedir que la nueva AN, electa días antes y controlada por la
oposición, hiciera lo propio y con ello rompiera el cerco institucional que el
chavismo ejercía de forma absoluta desde las parlamentarias de 2005. De esa
“designación express”, como la calificó un diputado opositor, salió el
nombramiento de Bárbara César Siero, ahora magistrada de la Sala Político
Administrativa del máximo tribunal del país.
Pero antes, como jueza del
tribunal 29, que conoció la demanda privada introducida por Diosdado Cabello,
César Siero logró que se emitieran boletas de captura internacional en contra
de Genatios y Layrisse. El llamado código rojo de Interpol. Al menos para
Layrisee la medida no resultó inocua. El directivo, quien vive en la ciudad de
McAll, Texas, y trabaja como directivo de una pequeña empresa petrolera, al
otro lado de la frontera, en Reynosa, México, transita a diario entre ambos
países.
Interpol Estados Unidos
envió un alerta a todos los puestos fronterizos y como sucede en las películas,
Layrisse fue detenido justo antes de cruzar la frontera. Salga del auto,
las manos sobre el techo, las piernas separadas. Pasó la noche en la
cárcel. Al día siguiente, las autoridades de McAll pensaron que había algo
extraño en el caso y solicitaron mayor información. Layrisse vivía legalmente
en Estados Unidos y, además, es un paciente que lucha contra un cáncer agresivo
de nariz que, de no mantenerse a raya, podría esparcirse por todo su rostro y
ocasionarle la muerte. A raíz de las averiguaciones, se detectó que la alerta
roja obedecía a un supuesto delito de información, no contemplado en los
códigos de Interpol. Después de ofrecerle disculpas, las autoridades de MaCall
pusieron en libertad a Layrisse. Hubo una queja formal ante las autoridades
venezolanas, no solo de Interpol Estados Unidos, sino de Interpol París, donde
funciona la sede mundial de ese organismo.
En principio, Layrisse
quería venir a Venezuela a enfrentar el juicio, pero después de evaluar los pro
y los contra, tanto con Manuel Puyana —otro de los accionistas—, como con el
abogado a cargo de la defensa, Humberto Mendoza, desistió de regresar al
país. ¿Tú crees que tendrás otra oportunidad laboral como la que tienes en
México?, le preguntó Puyana. Aquí no hay ni las medicinas ni la tecnología
médica que se necesita para atender el cáncer de nariz, le dijo Mendoza. “En
realidad, para Layrisse, la prohibición de salida del país equivalía a una
prohibición de entrada al país”, me dijo Mendoza y con toda seguridad a
una condena de muerte anticipada.
La Dirección Ejecutiva de la
Magistratura designa al abogado Aris José La Rosa como juez encargado del
Tribunal 29, en sustitución de la jueza Bárbara César Siero. No hubo sorpresas,
el juicio siguió su curso y las irregularidades también. En abril de 2015,
Petkoff ganó el premio Ortega y Gasset que concede el diario El País de
España. No pudo asistir a la ceremonia de entrega en Madrid, ya que la
prohibición de salida del país se mantenía vigente.
Al enterarse de la noticia,
Petkoff le comenta a su abogado: Este desgraciado, por un capricho, me
tiene a mí con la obligación de presentarme (ante el tribunal). Yo no puedo
recibir el premio en España, porque a él no le da la gana. Mendoza le dice:
“Teodoro, en el tribunal me dijeron que si pides un permiso, te lo
dan”. Yo no le pido permiso para ejercer mis derechos constitucionales a
nadie. O me voy fugado o me quedo aquí”
La segunda demanda
Si algo había
caracterizado la presencia de Petkoff en la política venezolana era su
emotividad, su energía inagotable, su impaciencia incorregible, que casi
siempre se traducía en una impulsividad que, no pocas veces, lo llevó a cometer
errores incomprensibles. Seguirle el paso a Petkoff era un reto que rendía a
cualquiera. Quizás por eso, muchos de sus amigos daban por descontado que su
recuperación era solo cuestión de tiempo.
Pero toda esa energía se fue
apagando como las luces de la ciudad que duerme en la madrugada.
Dejó de caminar, dejó de ir a
la redacción de TalCual, dejó de asistir a reuniones políticas y
actos sociales, incluso, dejó de leer, algo que resultó sencillamente
escalofriante porque Petkoff había sido un lector voraz, lo que disparó las
alarmas entre sus amigos más cercanos. El equipo médico —un internista, dos
cardiólogos, uno de ellos intensivista, y un neumonólogo— recomendaron la
incorporación de un neurólogo y un psiquiatra, ante las señas inequívocas de
una depresión, que a veces se confundía con la tozudez de Petkoff.
El neurólogo advirtió un
mayor deterioro y, tras una junta, el equipo médico decide incorporar a un
colega internista ampliamente reconocido, quien propone una serie de estudios
adicionales pues sospechaba que la arritmia cardiaca había ocasionado un daño
mucho mayor. Los resultados de las pruebas, según Humberto Mendoza, confirman
que el corazón de Petkoff apenas bombeaba sangre al 16% de su capacidad, lo que
debió causar la muerte de muchas células cerebrales, especialmente las
relacionadas con el lóbulo que controla las emociones. Al dejar de caminar y de
alimentarse adecuadamente, se manifestaron los síntomas de viejas dolencias en
las vertebras lumbares. Petkoff cayó en una depresión profunda. Hubo además
complicaciones renales. Quizás lo que más extrañamos de sus editoriales es la
forma abrupta en que desapareció esa capacidad que tenía de imprimirle un giro
al discurso político del país, cuyo combustible no era otra cosa que pasión en
estado puro. Fernando Rodríguez, Xabier Coscojuela, entre otros integrantes del
equipo periodístico de Tal Cual, se hicieron cargo de los editoriales y
del manejo de la redacción.
Ese era el estado de salud
de Teodoro Petkoff cuando el diario ABC de España, en enero de 2015,
publicó una información, según la cual, Diosdado Cabello, el número dos en la
era chavista, fue señalado como el responsable de dirigir una gigantesca
operación de tráfico de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos y Europa.
Esa misma información —no necesariamente apoyada en las mismas fuentes— se
publicó en The Wall Street Journal y en The New York
Times. “Nosotros dimos esa información como cierta”, dijo el jefe de
Redacción de TalCual, Xabier Coscojuela, una vez que el despacho llegó a
la redacción vía agencias internacionales.
Cabello introdujo —tres
meses después de que se publicara la nota—una segunda demanda penal contra
Petkoff, los directivos de La Mosca Analfabeta y de otros dos medios (El
Nacional y La Patilla), que al igual que TalCual decidieron
reproducir la información publicada en ABC. Ocho meses después introdujo
una demanda de carácter civil en contra de los accionistas y otras personas con
cargos de responsabilidad en esos mismos medios. Igualmente, introdujo una
demanda de carácter civil ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, esta
vez en contra de los responsables editoriales de The Wall Street Journal.
A los demandantes no les ha
ido bien en el juzgado de Nueva York. “Diosdado Cabello fue declarado perdidoso
por las cinco razones que se exigen para que una demanda como esa pueda dársele
curso en los Estados Unidos”, aclaró Mendoza. En tres oportunidades, los
demandantes tuvieron ocasión “de reformar y corregir los vicios que se les
señalaba, pero no lo hicieron, la desestimación de la demanda es casi un hecho.
Y está pendiente una incidencia sobre las costas procesales, en la que
probablemente también lo vayan a condenar”.
Lo curioso es que son los
mismos hechos que se juzgan en Venezuela. Pero aún no hay decisión. El supuesto
delito de difamación e injuria prescribió debido a las tardanzas procesales y
el tribunal debió declarar el sobreseimiento de las causas para aquellos
acusados que se pusieron a derecho, Teodoro Petkoff, entre otros. “Se han
enviado escritos, escritos y más escritos al tribunal y no ha habido una sola
respuesta”, dijo Mendoza.
Posteriormente, ABC publica,
bajo el título “En Defensa de TalCual, El Nacional y La Patilla”,
parte de las declaraciones suministradas por su fuente, el capitán de corbeta
de la Armada venezolana, Leamsy Salazar, quien desertó a Estados Unidos, donde
se convirtió en informante de las autoridades de ese país.
Petkoff no pudo cumplir con
el régimen de presentación al que estaba sometido debido a las complicaciones
en su estado de salud. De esa situación estaba enterado el juez Aris La Rosa,
entre otras cosas, porque la defensa había consignado ante el tribunal los
informes médicos que describían al detalle el cuadro clínico de Petkoff.
El juez manifestó su
decisión de trasladarse a la casa de habitación del director de TalCual para
comprobar motu proprio la gravedad reseñada en los informes médicos.
“Tenía a su disposición mis números de teléfonos, el de mi asistente y el de
los médicos que atienden a Petkoff”, recuerda Mendoza. Pero el juez —en lo que
Mendoza califica como una actuación abusiva—, se presentó sin avisar a la
defensa ni a los médicos. “Ese día yo estaba fuera de Caracas (en un páramo de
Los Andes, para ser más precisos) y mi asistente estaba fuera del país”.
El juez se presentó
acompañado por médicos y psiquiatras, además de una comisión mixta integrada
por funcionarios de varios organismos de seguridad del Estado, que tomaron las
áreas comunes del edificio donde vive Petkoff. Después de entrevistarlo, el
juez La Rosa decidió declararlo incapaz de afrontar el proceso penal debido a
su estado físico. Sin una evaluación exhaustiva, suscribieron el diagnóstico al
que había llegado el médico internista que reforzó al equipo médico que atendía
a Petkoff: “Demencia vascular sin especificación”.
En el mismo acto, y sin tener
autoridad para ello, el juez La Rosa limitó la capacidad jurídica de Petkoff.
En adelante, sus actuaciones ante los órganos de justicia quedan limitadas a lo
que apruebe su tutor, que en su caso, y por orden del juez, es su cónyuge
Neugim Pastori. “En realidad, lo que decretó el juez La Rosa es lo que en el
derecho romano se conoce como la muerte civil de un ciudadano, es la muerte
civil de Petkoff”, cree Mendoza.
Con antelación a “la visita”
del juez, Mendoza se reunió con Petkoff y varios de sus hijos para discutir
tres opciones concernientes a un asunto relacionado con unos locales. “Te puedo
asegurar que Petkoff estaba al tanto de lo que allí se habló, de los pro y los
contra de cada una de las propuestas y que finalmente, por propia decisión, se inclinó
por la que creyó más favorable”, dijo Mendoza. “¿Cuántos venezolanos a los 85
años están mermadas en sus facultades físicas y mentales?”, se pregunta Puyana.
“Y no por eso decretan su muerte civil”.
El fin último de esta
encarnizada persecución —en esto hay plena coincidencia entre Mendoza y
Puyana—, no es otro que imponer en Venezuela la autocensura. Sencillamente hay
un tema, un nombre que ni el mismo Papa puede invocar. Solo mediante la
destrucción de un símbolo podía insuflar miedo la advertencia. ¿Ah, sí? ¿Te vas
a atrever?… Mírate en ese espejo.
No podían dejar que la
emotividad y la energía de Petkoff cambiaran a fase menguante por causas
naturales. Que se disipara con los trazos de un brillo crepuscular, tan
sobrecogedor como estimulante. No podían, así que lo sometieron a la trampa de
un juicio amañado; tenían que cobrarle desde un escrache que supuestamente
sufrió un familiar de Diosdado Cabello, pasando por sus reflexiones sobre el
“socialismo real”, expuesta como una fractura abierta en Checoslovaquia,
el socialismo como problema, hasta lo que realmente amenazó al chavismo, la
construcción de la unidad democrática, en la cual Petkoff jugó las piezas de un
ajedrecista. Debate, pluralidad, alternancia. Siempre han sido demasiado
peligrosas para el pensamiento único.
25-02-18
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