Por Gioconda San Blas
Intento de asfixia mecánica,
vinagre en la cara, golpes contundentes y puntapiés, aplicación de electricidad
en las uñas, muñecas, senos y vagina fueron algunas de las torturas
referidas por una madre y su hija, detenidas por funcionarios militares en
Rubio en manifestaciones de marzo de 2014; patadas con botas militares y golpes
con porras, bates, culatas de armas; encapuchar a los recién arrestados con
bolsas de plástico e introducirles polvos de gases lacrimógenos mientras se les
golpea en las costillas, descargas eléctricas en los genitales, ahogamientos en
inodoros o colgamientos por los miembros, son algunas de las torturas
sistemáticas que han sido presentadas, con nombres y apellidos de víctimas y
perpetradores, por Tamara
Sujú (Instituto Casla) ante la Corte Penal Internacional como casos
documentados del terrorismo de estado en Venezuela desde 2014.
No ha sido un ejercicio vano
el de Sujú. El jueves 8 de febrero el expediente sobre Venezuela ha pasado a la
etapa de examen preliminar, que incluye una completa evaluación para determinar
la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con
observación adicional sobre lo que siga sucediendo en nuestro país.
Casi simultáneamente, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho público esta semana
su informe de país Institucionalidad
Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, tercer
informe sobre la situación de los derechos humanos de la República Bolivariana
de Venezuela, un detallado documento de 268 páginas, ordenado en cuatro ejes
principales: (i) institucionalidad democrática; (ii) protesta social y libertad
de expresión; (iii) violencia y seguridad ciudadana; y (iv) derechos económicos
sociales, culturales y ambientales.
Un compendio de violaciones
a los derechos humanos en todos los órdenes, en los que no se ahorran
referencias concretas a la injerencia del Ejecutivo en los otros poderes
públicos, la falta de independencia del poder judicial, las violaciones a
la Constitución vigente, el hostigamiento, intimidación o criminalización de la
disidencia política.
El informe se extiende en la
protesta social y en la militarización de la seguridad ciudadana con la Operación
Liberación del Pueblo (OLP) y el Plan Zamora (PZ), en el aumento sostenido de
las ejecuciones extrajudiciales, registrándose en 2015, 37% más casos que el
2014; y en 2016, 70% más que el año anterior.
También hay capítulos
dedicados a la grave crisis económica y social, caracterizada por el
desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento,
material e insumo médico, entre otros, porque todos ellos tienen que ver con
derechos humanos sistemáticamente violados.
Como es de rigor, la CIDH
transmitió al Estado una copia del borrador preliminar de este informe, con
solicitud de remitir sus observaciones dentro de un plazo improrrogable de un
mes. No sorprenderá la respuesta del régimen: “el proyecto de Informe de país
presenta una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera
situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que
contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de
derechos humanos”.
Luego de varias páginas de alegatos,
cierra diciendo que “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado
Constitucional democrático y social, de Derecho y de Justicia, caracterizado
por una vibrante democracia participativa y protagónica que asume el respeto y
garantía de los derechos humanos como valor fundamental”.
Parecería un chiste, si no
fuese tan trágico.
Tuiteando
La MUD, a través de Julio
Borges y demás representantes en República Dominicana, se reivindicó al negarse
a firmar el documento que presentaron los delegados del régimen, en el que
pretendían cimentar las condiciones fraudulentas del proceso electoral
presidencial. En represalia, el régimen anunció unilateralmente una
convocatoria a elección bajo condiciones espurias. La comunidad internacional
ya ha advertido que no reconocerá los resultados. He sido siempre partidaria
del voto pero me pregunto: ¿Cómo es que ahora la oposición y sus dirigentes
estamos deshojando la margarita, cuando nuestra propia postura en República
Dominicana nos señala el camino: una abstención muy activa en la que todos
repitamos sin cesar y en todas partes las razones para ello? ¿Alguien puede
explicarme tamaña contradicción?
15-02-18
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