Por Oscar Bastidas Delgado
Las cajas de ahorro, fondos de
empleados o caisses populaires como se les denomina en Venezuela,
Colombia y Canadá respectivamente, son Organizaciones de la Economía Social
(OESs) pues son constituidas y conducidas por sus asociados con el fin de
resolver sus propios problemas mediante la aplicación organizada de esfuerzos y
recursos, gozando de los beneficios de la economía de escala y sin perseguir
lucro pues el capital constituido es para resolver sus problemas y no para
generar ganancias por lo que no deben pagar impuesto sobre la renta.
El arco histórico de las cajas
de ahorro y de sus expresiones en nuestro país es amplio, según Martínez
Terrero, existen desde las constituidas en Caracas, Valencia, La Guaira, Puerto
Cabello, Maracaibo y Mérida entre 1842 y finales del Siglo XIX, pasando por las
centena de “Cajas Rurales de Cooperativas” inspiradas en las del tipo
Raiffensen, salvo en lo referente a la aceptación de recursos de no socios,
impulsadas por el Ministerio de Agricultura y Cría según decreto del Ejecutivo
del 12/10/1943, hasta las actuales en crisis ante la hiperinflación.
La ausencia de una visión
estratégica acerca del desarrollo de la Economía Social en nuestro país hizo
que, con motivo de la promulgación de Ley General de Asociaciones Cooperativas
de 1975, las cajas fuesen sustraídas del ámbito de control y registro de la
Superintendencia Nacional de Cooperativas por “ocupar gran parte del tiempo de
los funcionarios “, se crease la Superintendencia de Cajas de Ahorro y hubiese
una legislación especial para ellas. Afortunadamente el movimiento cooperativo
orientado por la Central Cooperativa Nacional de Venezuela con apoyo de dos
federaciones, introdujo propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999
logrando que ellas obtuviesen rango constitucional junto a los términos Economía
Social y mutuales.
Para peor suerte, desde mayo
del 2014, no contento con el cementerio de cooperativas más grande del mundo
generado por el fallecido Chávez y con imponer el impuesto sobre la renta a
cooperativas, asociaciones y fundaciones, ante la olla petrolera
vacía y sin claridad de objetivos en cuanto a la Economía Social, el
desgobierno militarista de Maduro apunta a destruir el sistema de cajas de
ahorro desconociendo el Artículo 118 de la Constitución Nacional. En esa fecha
propuso “una ingeniería financiera” con los ahorros de las cajas para salvar su
populista Misión Vivienda: los ahorros irían a un improvisado Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales y de Protección de las Cajas de Ahorros de
los Trabajadores, invento de escritorio sin obvia participación de los
ahorristas.
Su propuesta no cuajó pero con
el lanzamiento de eso que llama Petro, producto del harakiri económico y de la
necesidad de raspar ollas, la vista de Maduro retornó a las cajas. Como se
sabe, el Petro no es criptomoneda, es inconstitucional y por lo tanto ilegal,
es excluyente pues no todo ciudadano podrá hacer uso de ellos, y solo servirá
como aspiradora de divisas y de los ahorros para formar una casta hermana de la
boliburguesía, la de los petroburgueses
Ante esta pretensión, los
directivos de las cajas de ahorro deben apelar a las asambleas de asociados,
declarar sus cajas en emergencia, tomar medidas para la sobrevivencia de
ellas y, con voz firme, rechazar que sus ahorros de años de esfuerzos se
conviertan en papelillos que jamás serán reconocidos por un gobierno
democrático. Compañeros de las cooperativas de ahorro y crédito, a poner
las barbas en remojo, el harakiri económico del gobierno apunta a peores
impactos.
15-06-18
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