Miguel Méndez Rodulfo 05 de febrero de 2019
Como
hemos dicho la Transición es un período de reconstrucción que debería durar
alrededor de dos años, aunque para otros se extendería a 36 meses. Cuando
decimos dos años, lo hacemos porque es difícil que el país aguante más de ese
período sin haber realizado la elección del nuevo Presidente (a)
Constitucional. Así a quien le toque liderar la transición debe, no solamente
tomar medidas muy duras (abatir en seco la hiperinflación, reducir el tamaño
del gobierno, reconstruir la infraestructura y redes de los servicios públicos,
darle viabilidad financiera a estos servicios, reducir la delincuencia,
combatir la corrupción, etc.), sino que debe hacerlo en un tiempo perentorio,
lo que demandará claridad de rumbo, programación adecuada, alto sacrificio,
dedicación exclusiva y jornadas agotadoras de trabajo, para poder entregar un
país reconstituido y saneado sobre el cual el nuevo gobierno pueda acometer sus
planes de desarrollo. Así la Transición es también una etapa de estabilización.
Sin embargo, si ocurren elecciones inmediatamente después de caída la
dictadura, corresponderá al Presidente (a) Constitucional, liderar la
Transición.
Es
conveniente que al recibir el gobierno se conserve la misma estructura organizativa
ya que ello asegura un orden en el posicionamiento del mando; sin embargo,
inmediatamente la administración pública nacional debe reorganizarse de manera
de reducir el tamaño del gobierno, al pasar de 33 ministerios a 18. Esta
reingeniería no solamente disminuye la nómina pública, sino que introduce
figuras novedosas y rescata organizaciones subutilizadas: Comisiones Nacionales
de Desarrollo, Órganos Reguladores (ambos independientes del ministerio y con
autonomía financiera), Corporaciones Regionales de Desarrollo, Autoridades
Únicas, Consejos Consultivos, Conurbaciones, Distritos Metropolitanos, Regiones
Administrativas por Cuencas Hidrográficas, etc. Aunque es conveniente englobar
las áreas: Social, Energía, etc., no hay que perder de vista que las acciones
son sectoriales: Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Vivienda; Electricidad,
Hidrocarburos, etc.
En
materia de servicios públicos básicos: agua potable y saneamiento,
electricidad, gas, residuos sólidos, telefonía fija, etc., hay que considerar
que dado que el Estado venezolano carecerá durante la Transición de los fondos
necesarios para recuperar la infraestructura y las redes de distribución, será
imperativo asociarse con el capital privado internacional y nacional, mediante
la figura de concesiones o del mecanismo de las Asociaciones Público Privadas
(APP), para que éste suministre recursos financieros, tecnología y equipos
humanos, de manera de lograr una rápida y eficiente recuperación. Lo anterior
implica, por supuesto, una sinceración de las tarifas de estos servicios
públicos, cuyo incremento gradual pero dinámico, se hará en función de la
recuperación del poder adquisitivo del venezolano. Después de una
hiperinflación brutal y del colapso de los servicios públicos, el ciudadano ya
adquirió conciencia de la importancia de pagar para tener un servicio
confiable.
La
Transición es muy importante que se planifique y que haya leyes que la apoyen;
sin embargo, el aspecto crucial es el recurso humano. Hay que contar con
personal muy calificado y de alto nivel, con gran experticia técnica y
probidad, cuidando que los oportunistas de siempre no logren colarse para
medrar, corromper y desvirtuar este estratégico período de transición. En este
sentido y conocida como es la descapitalización que ha sufrido el país de sus
mejores técnicos, es menester formular una política de personal que permita el
pago de salarios en dólares, el otorgamiento de un seguro médico en moneda
dura, la certeza que hay voluntad política inquebrantable para acometer los grandes
cambios que el país requiere y el compromiso que las decisiones técnicas serán
respetadas y apoyadas, sin interferencias, para lograr que muchos de los
venezolanos valiosos que se fueron regresen (la diáspora no va a volver si no
confía en los nombramientos de alto nivel). Esta política también aplicaría
para los técnicos venezolanos que aún permanecen en el país y para hacer una
oferta atractiva a aquellos jubilados que estén en condiciones de aportar sus
conocimientos técnicos y tengan la disposición de hacerlo.
Miguel
Méndez Rodulfo
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