Carlos Tablante 19 de junio de 2019
@TablanteOficial
En
Octubre de 2016, CuentasClarasDigital.org publicó una nota cuyo título era un
interrogante: Arco Minero del Orinoco: ¿Oro de sangre? Lamentablemente, dos
años y medio después, la respuesta a esta pregunta es un rotundo SÍ.
El
diputado por el estado Bolívar, Américo De Grazia, ha denunciado
permanentemente la acción de bandas y pranes protegidos por autoridades civiles
y militares, que controlan las minas y extorsionan y asesinan a los
trabajadores. Ello le ha costado tener que asilarse en la embajada de Italia en
Caracas.
Sostiene
De Grazia que ha habido alrededor de treinta masacres de mineros en el arco.
Solo en el mes de Julio de 2016 se produjeron cuatro: dos en Sifontes, una en
El Manteco y otra en el Alto Caura.
La
localidad más violenta del país es El Callao, centro del comercio del oro, que
registra un índice de muertes violentas similar al de Medellín en tiempos de
Pablo Escobar. La minería legal e ilegal y la presencia de grupos guerrilleros
que participan en el control de las explotaciones son parte de los factores que
inciden en los elevados niveles de violencia de la zona.
Se
trata de un territorio rico en diamantes, hierro, bauxita, coltán y sobre todo
oro, siendo el productor del 20% de todo el continente americano. Las reservas
auríferas de la zona han sido calculadas en 200 mil millones de dólares.
Desde
su creación por decreto de Maduro, el Arco Minero ha sido objeto de denuncias
por parte de ecologistas y agrupaciones indígenas, de trabajadores y defensores
de derechos humanos que sostienen que el proyecto ha traído destrucción
ambiental, enfermedades, violencia y delitos. Desde 2016 han ocurrido una
docena de masacres vinculadas con la explotación de oro, matanzas que han
cobrado la vida de 107 personas, según el Observatorio Venezolano de Violencia.
Eso
sin contar con los muertos por enfermedades que han regresado como el
paludismo, sin prevención ni tratamiento en gran parte debido a la misma
situación de ilegalidad y caos que se vive la zona.
Varias
investigaciones periodísticas han dado cuenta en los últimos meses que el
régimen de Maduro viola sanciones internacionales utilizando oro para pagar la
importación irregular de alimentos del programa CLAP y otros bienes y
servicios.
El
oro proveniente del BCV, Minerven y de la Compañía Anónima Militar de
Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) se envía ilegalmente a
países como Rusia, Turquía, Uganda y Arabia Saudita, entre otros, y se
convierte en efectivo para pagar alimentos y otras mercancías de mala calidad,
con sobreprecio.
Parte
de las misma se despacha desde Turquía, pero la mayoría se sigue obteniendo en
México, a pesar de la multa de 3 millones de dólares que la Procuraduría de ese
país impuso a las empresas vendedoras y a las compañías de maletín de Alex Saab
el año pasado, en el marco de un una críptica investigación que ha sido
reactivada por las nuevas autoridades mexicanas.
Desde
finales de 2016, el proveedor de alimentos casi exclusivo del programa CLAP ha
sido Alex Saab, que ha registrado decenas de empresas que están en manos de
asociados de confianza y testaferros en México, Venezuela, Hong Kong y Turquía.
Alex
Saab es el proveedor exclusivo de Nicolás Maduro. Vende de todo. Después de
haber hecho jugosos negocios con Cadivi, el Sucre y Cencoex, ahora está
raspando la olla con el oro.
La
venta del oro de Venezuela viola las leyes nacionales y las sanciones
internacionales. Se trata de oscuras operaciones que no cuentan con la
aprobación de la Asamblea Nacional e incumplen todos los controles
administrativos establecidos para este tipo de transacciones.
¿Cómo
sale el oro de Venezuela? ¿Por cuál puerto o aeropuerto? ¿Qué trámite – si
alguno – se realiza en la aduana ante el SENIAT y la GNB? ¿Quién lo compra?
¿Qué empresa lo transporta? ¿Cuál es la compañía internacional de seguros que
le da cobertura a la operación? ¿Qué trámite se realiza en la aduana de los
países receptores de la mercancía? ¿Quién certifica y refina el oro?¿Quiénes y
cómo lo monetizan? ¿Quiénes son los beneficiarios finales de los pagos? ¿A
través de qué compañías y bancos?
Son
solo algunas de las muchas preguntas que deben ser contestadas a través de una
extensa y seria investigación que ya adelanta la Asamblea Nacional.
Las
autoridades de los distintos países que han reconocido a Juan Guaidó deberían
investigar también y sancionar las actividades ilícitas relacionadas con el
comercio del oro bañado en sangre de Venezuela.
Carlos
Tablante
@TablanteOficial
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