Trino Márquez 19 de junio de 2019
@trinomarquezc
El
reciente trabajo del periodista Orlando Avendaño en el portal PanamPost, acerca
de los supuestos manejos dolosos en los que se habría incurrido con recursos
destinados a la ayuda humanitaria recaudada en el concierto de Cúcuta, desató
una pequeña tormenta. El gobierno de Nicolás Maduro habló de corrupción y
señaló a Juan Guaidó y a Voluntad Popular como responsables del desaguisado.
Jorge Rodríguez se deleitó hablando de cómo ellos, castos angelitos, estaban
conmovidos por la crueldad con la que actúa la ultrederecha, insaciable cuando
de dinero se trata. El complaciente fiscal Tarek William Saab, al día siguiente
de haber declarado Rodríguez, imputó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas,
comisionados de Guaidó, por los delitos de corrupción. Algunos supuestos
opositores al régimen de Maduro montaron en cólera. Las redes reventaron
exigiendo que los responsables fuesen condenados sin apelación de ningún tipo.
A los corruptos hay que castigarlos, se vistan del ropaje que se vistan. Los
colaboracionistas son iguales al gobierno.
A
medida que han ido apareciendo informaciones fidedignas, el sonado caso se ha
ido despejando. Aid Live Foundation publicó un comunicado en el cual señaló que
los fondos no han sido utilizados. Con lo cual dejó claro que no habían podido
ser malbaratados. La plataforma informática impedía tener acceso a esos
recursos. Las posteriores declaraciones de Gaby Arenas, directora ejecutiva de
ALF, reafirmaron esas apreciaciones. La rueda de prensa de Lester Toledo y
Francisco Sucre limaron asperezas. Posteriormente, el mismo portal PanamPost
atenuó la denuncia inicial. Tomaron conciencia de que, sin proponérselo, habían
provocado un escándalo que favorecía al gobierno más corrupto e incompetente
que ha tenido la historia nacional.
La
corrupción hay que denunciarla y combatirla en todos lados. Es probable que
Cúcuta se cometieran excesos y desmanes que deberán ser esclarecidos por las
investigaciones. El caso se encuentra en la Fiscalía colombiana. Juan Guaidó y
Humberto Calderón Berti actuaron con celeridad. Exigieron que los hechos se aclararan.
Guaidó separó de sus cargos a Barrera y a Rojas. Nada de complicidad. Ninguna
solidaridad mecánica con los señalados. Ese comportamiento es el adecuado ante
casos que comprometen el futuro de una lucha tan ardua como la que se libra y
frente a dineros destinados a aliviar la miseria de la población y de los
militares que se encuentran en Colombia. En el plano ético y político resulta
saludable.
Sin
embargo, en un ambiente tan crispado e intervenido por imponderables, como el
que impera en Venezuela, nada puede descontectualizarse. El régimen cuenta con
un poderoso aparato de propaganda que trabaja todo el día para desprestigiar,
intimidar e inhibir a sus adversarios.
Con
relación a lo ocurrido en febrero en Cúcuta se produjo un viraje que debe diagnosticarse.
Cuando el concierto estaba desarrollándose, las informaciones transmitidas por
el régimen señalaban que la cita era un fracaso de concurrencia y recaudación.
Apenas habían asistido unas pocas miles de personas y sólo se habían recaudado
unos cuantos miles de dólares. Se intentó desvirtuar la realidad, minimizando
lo sucedido. Lo que había sido un fiasco total era el concierto convocado por
Maduro. Fue concebido para que durara tres días, y no sobrevivió sino unas
pocas horas.
Ahora
se les presentó la oportunidad de vengarse. No les importa incurrir en
contradicciones flagrantes. ¿Cómo es eso de que el concierto fue una decepción
y, no obstante, la oposición incurrió en el despilfarro de millones de dólares
provenientes de la recaudación? Se trata de una incongruencia. El objetivo luce
claro: el régimen trata de sembrar dudas sobre la administración de los fondos
con el fin de evitar que se repitan concentraciones gigantescas como la del 23
de febrero. Si la oposición queda como una banda de hampones que se burla de la
buena fe de las miles de personas que aportaron dinero para auxiliar a los más
necesitados del país, perderá toda credibilidad y le será imposible repetir el
éxito de esa extraordinaria jornada.
Su
imagen como opción también queda lesionada. La oposición no puede ser una
alternativa de cambio porque incurre en los mismos vicios que el régimen que
pretende sustituir. La honestidad no forma parte de los principios que la
animan. Este es el juego del gobierno. La guerrilla comunicacional busca
desmontar la alternativa democrática. El G2 cubano y todo el andamiaje
propagandístico del madurismo se alinearon tras esa meta: horadar y degradar la
oposición.
Conclusión:
la oposición no está integrada por ángeles; al igual que cualesquiera otros
ciudadanos, quienes cumplen labores de coordinación, administración y
conducción deben ser objeto de vigilancia y control; si incurren en delitos,
deben ser castigados; todo hay que examinarlo en el contexto de un régimen que
saqueó y arruinó al país, y pretende perpetuarse en el poder destruyendo física
y moralmente cualquier opción de cambio.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico