Por Luis E. Fidhel Gonzales
La viabilidad de un proceso
de transición ante un probable cambio político motiva a pensar sobre la
construcción de algún esquema de interrelación con los actores que surgirían.
El Pacto de Puntofijo, suscrito en octubre de 1958, es un ejemplo histórico.
1)Puntofijo del siglo XX
La salida del poder del
general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, considerada como una
dictadura por los principales líderes opositores en su momento en el exilio y
los partidos que lo representaban, propició la implementación de un sistema
político fundamentado en el gobierno civil y democrático.
Rómulo Betancourt – Acción
Democrática – Rafael Caldera – COPEI – y Jovito Villalba – Unión Republicana
Democrática – acordaron las bases mínimas de “entendimiento” para evitar el
regreso de sectores antidemocráticos a la escena política. El acuerdo se
suscribiría en octubre de 1958, en la residencia de Rafael Caldera denominada
Puntofijo, ubicada en el sector de Sabana Grande en la ciudad de Caracas, como
se dio a conocer a través del periodismo.
Una particularidad definía
la coyuntura: los partidos políticos no lograron ponerse de acuerdo sobre un
“candidato unitario” para las elecciones generales de diciembre de 1958,
rompiendo el “consenso” originado en el denominado “Espíritu del 23 de Enero”
que reconocían. Pudiese considerarse debilidad para procurar la democracia y el
gobierno civil.
El texto del pacto menciona
las “acciones unitarias” de las fuerzas políticas para la defensa del régimen
democrático, destinadas “a asegurar la inteligencia, mutuo respeto y
cooperación entre ellas”. Se definió la “tregua política” sin perjuicio de la
autonomía organizativa y caracterización ideológica de los partidos
suscriptores.
Se establece que el proceso
electoral y los poderes públicos surgidos de las elecciones de diciembre de
1958 respondan a las pautas democráticas de la “libertad de sufragio” y
garantiza que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del “frente
unitario”, sino que lo fortalezca mediante la “prolongación de la tregua
política, la despersonalización del debate, erradicación de la violencia
interpartidista” y definición de normas que faciliten la formación del gobierno
y de los cuerpos deliberantes – Congreso Nacional – de modo que ambos agrupen
equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en
la estabilidad de la república como sistema popular de gobierno.
El pacto estableció el
derecho a gobernar conforme al resultado electoral. La intervención de la
fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la
patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa
de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe
de estado. Declarándose el cumplimiento de un “deber patriótico”, la
resistencia permanente contra cualquier “situación de fuerza” que pudiere
surgir de un hecho subversivo y colaboración con ella también se considera como
delito de lesa patria.
Se busco el efecto político
unitario al establecer que todos los votos emitidos a favor de las diversas
candidaturas democráticas serán considerados por “votos unitarios” y la suma de
votos de los distintos partidos como afirmación de la voluntad popular a favor
del régimen constitucional y consolidación del estado de derecho. Los partidos
políticos acuerdan concurrir al proceso electoral sosteniendo un programa
mínimo común cuya ejecución seria punto de partida de la “administración
nacional patriótica y afianzamiento de la democracia”.
El sistema político
venezolano surgido a partir de 1958 se caracteriza por ser un “sistema de
partidos” denominado por “sistema político pluralista” de centro izquierda e
izquierda y grupo de interés institucionales como la burocracia, el sector
militar, la iglesia, el sector empresarial y sindical. No necesariamente fue
armónico porque el Estado, y más aún el gobierno, tenían por tendencia
favorecer determinado sector en particular en detrimento de otros.
El Partido Comunista de
Venezuela no sería consultado para la integración del gobierno ni convocado
para desempeñar cargos administrativos para no influir sobre “los rumbos” de la
política nacional e internacional. Según Betancourt, la filosofía política
comunista no “compagina” con la estructura democrática del estado venezolano
“ni el enjuiciamiento” por ese partido de la política internacional a seguir
por Venezuela. Esta posición pudiera haber propiciado la insurgencia
guerrillera, aunque el triunfo de la Revolución cubana en diciembre de 1958
influyó en esta tendencia.
Dos particularidades
destacan del sistema: evitar el conflicto social y estabilizar “el sistema de
conciliación”. La integración se logra con un gran intervencionismo estatal a
través de prácticas de negociación entre grupos, reconociendo que éstos
tiene su base financiera en la política de subsidios y dependen de la capacidad
fiscal del Estado.
2) Pacto de Puntofijo del
siglo XXI
Dos prioridades se tendrían
en el nuevo acuerdo. El económico: reconocer que prácticamente se recibirá un
país en la ruina e inmediatamente se deberían aplicar medidas drásticas para
enfrentar la escasez de bienes, inversión y productos, hiperinflación y
devaluación de la moneda. Significa agravar la situación social y el costo
político del gobierno que las aplique.
El político: Bajo la
hipótesis del “cese de la usurpación” significa la salida de Nicolás Maduro del
poder, aunque no del Partido Socialista Unido de Venezuela, que continuaría
ejerciendo el gobierno, escenario avalado por la tesis norteamericana expuesta
por el diplomático Elliott Abrams.
Plantearía rescatar la
vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como
establece el “Estatuto que rige la Transición a la Democracia”, emanado de la
Asamblea Nacional, con el regreso a la “democracia constitucional” para superar
el sistema político impuesto por la Revolución Bolivariana, calificado como
“socialismo real”.
Debe haber un “acuerdo
mínimo” electoral con el compromiso de respetar los resultados electorales; es
probable que, al igual de 1958, no se lograría un candidato unitario por la
oposición. Se tendría que garantizar por los partidos involucrados el
compromiso de mantener la estabilidad del nuevo gobierno promoviéndose
“coaliciones partidistas” como acaeció en los gobiernos de Betancourt y Leoni.
El Acuerdo PSUV- oposición
tendría que resolver políticamente sobre el presidente Nicolás Maduro y su
entorno considerado “dictadura”; si se integraría al nuevo sistema político o
simplemente seria proscrito – al igual que Marcos Pérez Jiménez – siendo el
obstáculo a superar para iniciar la “transición” supondría “la salida del
poder”.
El concepto de “tregua
política” – término adjudicado a Betancourt –necesario para propiciar el
conflicto no agonal o no contencioso, es decir el descarte de la “lógica de la
guerra” a la política, sustento del discurso militarista de Hugo Chávez y mas
atenuado de Nicolás Maduro. Los “acuerdos mínimos” entre los distintos sectores
políticos se observarían por necesarios.
La superación de los
problemas económicos conllevaría a un acuerdo político para la implementación
de medidas de alto impacto social inclusive la negación del socialismo del
Siglo XXI para favorecer la economía de mercado altamente competitiva
conllevaría a la desburocratización del “estado revolucionario”, limitación
drástica de las subvenciones y dádivas oficiales producto del populismo,
privatizaciones inclusive someter al País a recomendaciones y adopción de
políticas avaladas por los organismos financieros internacionales que siempre
han sido consideradas de “shock” .
El restablecimiento de la
Constitución bolivariana obligaría a un sistema de reconocimiento y
conciliación de intereses diversos aunque en cuotas variables incluso podría
considerarse injustas y antidemocráticas pero que en última instancia darían
estabilidad al sistema. Rómulo Betancourt en 1958, mantuvo al margen de
cualquier acuerdo al Partido Comunista venezolano por considerarlo
ideológicamente anti-democratico.
La “cuestión militar” cuya
“no deliberancia” y “apoliticismo” seria la base del gobierno civil se tendría
que buscar la fórmula de disminuir el protagonismo político obtenido en estas
dos últimas décadas.
La labor de un “gobierno de
transición” tendría que ser similar a la Junta de Gobierno precedido en meses
el Vicealmirante Wolfgang Larrazábal que realizo cambios en la estructura legal
de las fuerzas armadas posteriormente propiciaron la estabilidad del gobierno
de Betancourt aunque no de forma integral como se manifestaron en las
intentonas golpista entre 1961 a 1962 – Táchira, Barcelona, Carupano y Puerto
Cabello -.
Por último y una de las
preguntas más importantes, quienes serian los líderes políticos que
suscribieran el Pacto de Puntofijo del siglo XXI. ¿Quiénes serían los émulos de
Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba en el siglo XXI?
26-06-19
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